Indigna más, mucho más el robo de un hijo que los millones que tomó del erario público”.

Así­ habla Efraí­n Martiz, padre de Gibrán David Martiz Dí­az, el participante de La Voz México privado de su libertad el pasado 7 de enero de 2014 y hallado sin vida doce dí­as posteriores; hecho que quedará en la historia como el primer caso de desaparición forzada, ratificado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Una voz entre las miles de afectadas por el ahora exsecretario de Seguridad Pública en Veracruz. Cifra de ví­ctimas que de acuerdo con el colectivo Solecito raya en los 30 mil desaparecidos; muchos de ellos ultimados y apilados en cementerios clandestinos.

Molestia colectiva generada con la decisión de Bermúdez Zurita al separarse de su cargo “con la finalidad de esclarecer el origen de su patrimonio personal y defenderse de las acusaciones que se le imputan ante las instancias correspondientes”, extracto del comunicado emitido por la Coordinación de Comunicación Social del Estado.

Sin embargo, los pecados de Arturo Bermúdez no se limitan a su patrimonio multimillonario, exhibido por el HIT periodí­stico del portal Aristegui Noticias. Tampoco sus faltas son exclusivas de sectores en la sociedad, asegura Gerónimo Reyes, secretario de la Coalición de Pensionistas Independientes en el Estado de Veracruz (COPIPEV).

El también candidato a la rectorí­a de la Universidad Veracruzana en el sexenio de Miguel Alemán recuerda la tarde del pasado 23 de diciembre de 2015, en Xalapa, cuando el “Capitán Tormenta” se uniformó como polizonte y participó en una agresión contra pensionistas veracruzanos.

Un saldo que dejó al menos a 25 adultos mayores agredidos y 20 señalamientos ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos responsabilizando a Bermúdez Zurita y Flavino Rí­os Alvarado, secretario de Gobierno, como los principales responsables. La queja también fue canalizada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se espera una nueva recomendación hacia el gobierno de Javier Duarte.

Por otro lado está el gremio periodí­stico que, de acuerdo con la base de datos de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, de 2013 a junio del año corriente ha documentado 76 casos de agresiones fí­sicas y materiales, asesinatos, intimidaciones, desplazamiento forzado, ataque cibernético, amenazas y extorsión; además de haber aplicado mil 92 medidas de prevención y protección.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) asegura que de los 19 asesinatos a reporteros por lo menos tres están vinculados con la policí­a estatal: el caso de Moisés Sánchez, 24 de enero de 2015. Rubén Espinoza Becerril, 31 de julio de 2015, y el de Pedro Tamayo Rosas, el pasado 20 de julio de 2016.

Son algunas de las presuntas ví­ctimas que se unirán en los próximos dí­as, afirma Sara Rodriguez, lí­der del Colectivo Por la Paz Xalapa, para uní­sonos exigir cárcel para Arturo Bermúdez Zurita y “recordarle a la sociedad la hoguera infernal que él mismo encendió”.

“LOS PECADOS MORTALES DE BERMÚDEZ ZURITA”

Desde el escritorio de una empresa cervecera desolada, fumando la misma cantidad de cigarrillos desde que elementos de la Policí­a Estatal secuestraron a su hijo y cuatro amigos más, Bernardo Bení­tez, portavoz del caso Tierra Blanca, recuerda a Bermúdez Zurita que la orden de asesinar a los cinco jóvenes se dio desde lo más alto de la Secretaria de Seguridad del Estado.

“Le recuerdo al señor Bermúdez que aunque la tragedia que vivió mi familia estuvo a cargo de sus policí­as, jamás se acercó siquiera a dar la cara. El Fiscal vino porque lo obligaron, pero vino. El gobernador me hizo una sola llamada telefónica, pero la hizo. Pero de él nada” asegura el padre del finado Bernardo Bení­tez Arróniz.

Es el sentimiento en uno de los cinco padres de Playa Vicente. Otro caso que evidenció la complicidad entre la Policí­a Estatal y el crimen organizado, presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba en Tierra Blanca, Veracruz.

Empuje de cinco padres de familia que acamparon en el ministerio público de Tierra Blanca hasta que la fúnebre noticia llegó: sus hijos habí­an sido capturados por elementos de la SSP y presuntamente entregados con los malandros quienes les dieron fin, los incineraron y sus restos los arrojaron a un brazo del Rí­o Blanco.

El caso que, mediante argumentos legales presentados por el abogado Celestino Espinoza Rivera, llevó a prisión a ocho policí­as estatales, entre ellos el comandante Marcos Conde y a trece civiles, ligados al CJNG.

“Si la decisión vino desde arriba, del Presidente Enrique Peña Nieto, digo que la postura sigue siendo la misma, pedimos que se investiguen los nexos que pudiera haber entre Arturo Bermúdez y el crimen organizado, peor sobre todo por la muerte de los cinco de Playa Vicente” sentencia Bernardo Bení­tez Herrera.

COLECTIVO POR LA PAZ XALAPA

“La policí­a es la delincuencia uniformada; la que tiene permiso para secuestrar, levantar y asesinar. Más de 30 casos en la capital han sido ejecutados por los hombres de Zurita”.

Habla también Sara Rodriguez, lí­der del colectivo Por la Paz Xalapa, quien asegura que el 80 % de los casos en la agrupación civil están relacionadas con la Fuerza Civil y la Policí­a Estatal; los demás con el crimen organizado y la Secretarí­a de la Defensa Nacional.

De acuerdo con Rodrí­guez Martí­nez, las principales ví­ctimas de la fuerza estatal han sido hombres entre 16 y 34 años. “Gente productiva que les sirven para esclavizarlos y delinquir en la delincuencia organizada. Él es el responsable, Arturo Bermúdez”, insiste la entrevistada, quien también aprovecha para opinar sobre el comandante José Nabor Nava Holguí­n, quien se hará cargo de la SSP: “Nadie está de acuerdo. Él sabe todos los movimientos de Bermúdez. Y él también está metido. Necesitamos realmente una limpia en la Secretarí­a de Seguridad Pública” finalizó.

COLECTIVO DESAPARECIDOS CÓRDOBA-ORIZABA

“Las familias que integramos el colectivo estamos en desacuerdo con su renuncia, se va y no sabemos si para esconderse de los crí­menes que ha cometido con nuestros hijos. Es momento de que sea investigado, son cientos de desapariciones ejecutadas por su policí­a”.

De acuerdo con la numeralia de Aracely Salcedo, madre de Rubí­ Salcedo, desaparecida en Orizaba en el 2013, asegura que el 90 % de los casos en la zona centro también están relacionados con las fuerzas del orden. Además, advierte que diversos casos no han sido declarados por el miedo que se respira en la zona.

“Ya se fue Bermúdez ¿y Duarte?” se preguntan las madres buscadoras, quienes no olvidan la polémica declaración del máximo ejecutivo en Veracruz en enero de 2014 ante las protestas por el asesinado de Gibrán Martiz, el cantante de La Voz México: “Si se va Bermúdez, me voy yo”, versión arrimada en la columna Sale y Vale del diario Notiver.

BRIGADA NACIONAL DE DESAPARECIDOS

Finalmente, Juan Carlos Trujillo Herrera, representante de la Primera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos en Veracruz, afirma que el 80 % de los casos registrados en su estancia de cuatro semanas en las ciudades de Amatlán de los Reyes y Paso del Macho han sido señaladas desde el anónimo hacia la fuerza estatal.

El familiar de cuatro desaparecidos en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, entre ellos dos hermanos, también por la policí­a estatal, anima a la sociedad y a los mismo policí­as estatales, a que se sacudan del miedo y declaren en contra de Bermúdez Zurita.

“Hay casos de policí­as que no pueden actuar porque están amenazados por sus mismos superiores. Si bien me deja una ligera esperanza de que esta persona haya renunciado del cargo, es momento de despertar, ya nos chingaron a nuestros familiares”, sentencia en llamada telefónica.