Blog Expediente tuvo acceso a la Carpeta de Investigación 425/2016, documento en que se detalla los nombres y cargos de los funcionarios señalados ente la Fiscalí­a General del Estado por el uso indebido de 4 mil 100 millones de pesos, entregados en gran medida al gobierno del priista, Javier Duarte de Ochoa.

“Esta denuncia se debe únicamente a la disposición de la Reserva Técnica y será la primera de varias en contra de esta élite privilegiada. Los pensionistas han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos”, comparte Juan José Llanes, abogado de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV).

El defensor legal de los 28 mil agremiados, explica que Antonio Gómez Pelegrí­n, Secretario de Finanzas, en dí­as recientes entregó una carpeta informativa, presumiendo la liquidación de un préstamo, obtenido desde el año de 2009 de las aportaciones obrero patronal de los trabajadores estatales en activo.

“El gobierno del estado ha tratado de farolear, diciendo ya pagamos lo que nos prestaron. ¿Pero por qué el consejo directivo del IPE realizó tal préstamo? Se trata de un acto indebido con base en el Artí­culo 16 de la Ley 287 (Ley de Pensiones del Estado de Veracruz)” detalla.

Aunado a lo anterior, Alberto Silva Ramos, Coordinador de Comunicación Social, publicó el 20 de mayo de 2016 un boletí­n donde confirma el pago de pensiones y jubilaciones con 360 millones también tomados de la Reserva Técnica.

“En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), se acordó disponer de 360 millones de pesos de la reserva técnica para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones”. (1)

A continuación se presenta un resumen de la denuncia interpuesta por la FEDIPEV, donde se detallan los argumentos legales presentados, los nombres de los funcionarios implicados, los castigos a los que pudieran ser acreedores y las exigencias los pensionistas a la misma FGE.

“A los servidores públicos que fueron señalados como responsables, los instamos a comparecer sin reticencias y a exponer -sin cortapisas- LA VERDAD HISTÓRICA de lo acontecido al Instituto de Pensiones, y a explicar puntual y detalladamente las razones de su quebranto financiero”.

“Y si -por cualquier razón anómala- los hechos no son investigados y sancionados como se debe, serán agotadas todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios”, se lee en la denuncia penal.

LOS 25 FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR LA FEDIPEV

“Todos -salvo error de apreciación de los suscritos-, cometieron actos que se consideran constitutivos de ilí­cito penal… Interponer por escrito FORMAL DENUNCIA, QUERELLA O ACUSACIÓN, en contra de los CC:

1.- OCTAVIO ANTONIO GIL GARCíA, Consejero Presidente

2.- JOSÉ ADíN CÓRDOBA MORALES, Secretario Técnico

3.- RICARDO GARCíA GUZMíN, Comisario Propietario

4.- FLAVINO RíOS ALVARADO, Secretario de Gobernación

5.- ANTONIO GÓMEZ PELEGRíN, Secretario de Finanzas

6.- XÓCHITL ADELA OSORIO MARTíNEZ, Secretaria de Educación y Cultura

7.-FERNANDO BENíTEZ OBESO, Secretario de Salud

8.- ALFREDO FERRARI SAAVEDRA, Secretario de Desarrollo Social

9.- GERARDO MANCILLA ARTEAGA, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario

10.- MANUEL ARELLANO MÉNDEZ, Representante Sindical, SNTE 56, (Propietario)

11.- ACELA SERVíN MURRIETA, Representante Sindical, SETSE, (Propietario)

12.- ENRIQUE LEVET GOROZPE, Representante Sindical, FESAPAUV, (Propietario)

13.- ENRIQUE CRUZ CANSECO, Representante Sindical, SDTEV, (Propietario)

14.- RICARDO DIZ HERLINDO, Representante Sindical, SUTSEM, (Propietario)

15.- FAUSTINO GARCíA HERNíNDEZ, Representante Sindical, FSTSEM y ODV, (Propietario)

16.-íNGEL CRUZ LAGUNES, Representante Sindical, (Suplente)

17.- ARTURO JARAMILLO DíAZ DE LEÓN, Representante Sindical, (Suplente)

18.- FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, Representante Sindical, (Suplente)

19.- EÉDGAR MURRIETA GONZíLEZ, Representante Sindical,(Suplente)

20.- JOSÉ íLVARO PÉREZ VELA, Representante Sindical,(Suplente)

21.- LUIS SARABIA OLGUíN, Representante Sindical, (Suplente)

22.- CASIMIRO HERNíNDEZ CUERVO, Representante Sindical, (Suplente)

23.- VíCTOR MANUEL MÉNDEZ SíNCHEZ, Representante Sindical, (Suplente)

24.-OSWALDO DANIEL AHUMADA AGUIRRE, Representante Sindical, (Suplente)

25.- JORGE OCTAVIO TÉLLEZ KAWAS, Representante Sindical, (Suplente)

ARGUMENTOS LEGALES

El 11 de febrero de 2016, los consejeros del IPE determinaron disponer de setecientos sesenta y cinco millones, setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. del Fondo de la Reserva Técnica, y de esa cantidad pagar quinientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N. para la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes por cubrir, a cargo del IPE. Acuerdo número 85,217.

Sin embargo, explica el documento ante la FGE, el destino de los otros doscientos veinte millones setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. es incierto, toda vez que el único destino posible de la totalidad de lo sustraí­do de la reserva técnica (los $765”™736,893.21), era la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes de pago, y no solamente $545”™000,000.00. De ahí­ que se tiene que se sustrajeron $220”™736,893.21 de la reserva técnica, sin definirse su objeto.

De igual manera, se tiene que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de su vocero oficial, Alberto Silva Ramos, admite que recibió en préstamo en el año 2009, la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, que ”“dice la información- se pagaron en el año 2010.

“Ahora bien, si bien es cierto que en el año 2009 se encontraba en vigor la ahora abrogada Ley número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, también cierto es que las disposiciones que regulaban la Reserva Técnica, eran idénticas a las que, en la Ley en vigor, norman ese tópico. En concreto, tampoco en el año 2009, al amparo de la Ley número 20 de Pensiones del Estado, podí­a disponerse de los recursos de la Reserva Técnica para “prestar” dinero al Gobierno del Estado de Veracruz”,

DELITOS Y CASTIGOS

Abuso de autoridad: los 25 servidores públicos denunciados, indebidamente, considera la Fedipev, habrí­an realizado inversiones en deuda con recursos públicos y aplicaron los fondos procedentes de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz a un fin distinto al que estaba destinado, haciendo con ellos una erogación ilegal.
“Artí­culo 318 del Código punitivo estatal.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos dí­as de salario al servidor público que: …IV. Indebidamente otorgue o realice obra pública o contrate adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, inversiones de fondos y valores o deuda, con recursos públicos; V. A sabiendas aplique fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciere con ellos una erogación ilegal…”

Incumplimiento del deber legal: dado que los servidores públicos denunciados dejaron de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de los pensionistas, toda vez que autorizaron indebidamente la disposición de recursos procedentes de la Reserva Técnica del IPE. De igual manera, los denunciados tuvieron conocimiento de que, con las acciones que tomaron, existí­a la posibilidad de lesionar el patrimonio del Instituto, y no evitaron el daño a pesar de que dentro de sus facultades estaba hacerlo.

El Artí­culo 319 del Código punitivo estatal dispone (al describir y sancionar el Incumplimiento del Deber Legal) que “Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos dí­as de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.

Coalición: dado que los denunciados se unieron para tomar medidas contrarias a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, con el riesgo de que las decisiones que tomaron traigan aparejada la suspensión del servicio que debe dar el IPE a los pensionistas, particularmente, el pago de sus pensiones, dado que dispusieron indebidamente de los recursos de la Reserva Técnica destinados a garantizar la cobertura -o cubrir, dado el caso- el pago de las prestaciones de los derechohabientes.

Por otra parte, el Artí­culo 321 (que prevé el delito de Coalición) define que “Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de doscientas veces el salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno”.

Peculado: dado que los denunciados, en provecho ajeno, dispusieron del dinero que recibieron en administración, procedente de la Reserva Técnica del Instituto, para aplicarlo a un fin que no se encuentra previsto en la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.

que se define en el Artí­culo 323 del Código sustantivo penal, dice que “Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos dí­as de salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo”.

“QUEREMOS LA VERDAD HISTÓRICA”

Más allá de un linchamiento social contra los 25 funcionarios expuestos en la denuncia 425/2016, Juan José Llanes, advierte que lo que exigen los pensionistas veracruzanos es la verdad histórica; el trasfondo de los acuerdos entre el gobierno del estado y el consejo directivo del IPE y sobre todo, la ubicación de los faltantes millonarios de la reserva técnica.

“Los pensionados han decidido pasar del sospechisismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar a este sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, comentó Llanes Gil del íngel.

Finalmente, los demandantes, exigieron a la FGE, que se practiquen tantas y cuantas diligencias que sean necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos denunciados. Además, solicitar el ejercicio de la acción penal y reparadora del daño en contra de los 28 agremiados.

Así­ la última medida ejercida por la coalición de pensionistas, quienes no obstante de haber emitido una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y ahora un procedes legal, advierten que de no ver acciones contra los funcionarios y no reciben una sanción como se debe, agotarán todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios