La Procuradurí­a General de la República (PGR) inició una investigación de carácter patrimonial que involucra al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y a sus allegados más cercanos, informó hoy el periódico Reforma.

De acuerdo con el medio de circulación nacional, la PGR solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen el Gobernador y su circulo de familiares y colaboradores.
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El diario detalla que la Procuradurí­a instó a la dependencia estatal la información correspondiente a los antecedentes catastrales de 69 personas fí­sicas y morales, entre las que se cuenta a la esposa de Duarte, Karime Mací­as Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa, y su suegra, Marí­a Virginia Yazmí­n Tubilla Letayf.

Asimismo, la lista de indagados incluye al concuño del Gobernador, José Armando Rodrí­guez Ayache, y del primo de su esposa, Jorge Fernando Ramí­rez Tubilla, otrora Subsecretario de Ingresos de su administración.

Además, Reforma menciona que en seguimiento al expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuradurí­a Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) de la PGR, la dependencia encabezada por Arely Gómez también solicitó documentación catastral de dos equipos de béisbol: los Cafeteros de Córdoba y los Rojos del íguila de Veracruz.

También, la PGR investiga las propiedades en Veracruz de otros funcionarios públicos, entre los que se cuenta al delegado federal de la Secretarí­a de Economí­a (SE) José Antonio Chara Mansur, quien es vinculado con 13 propiedades en Woodlands, Texas; así­ como al Edil de Alvarado y Gerardo Bonilla Suárez, Octavio Manuel Ruiz Barroso, quien funge como encargado del Velódromo de Xalapa.

Finalmente, el medio nacional citado menciona que el 5 de julio pasado el Gobernador electo de Veracruz, Miguel íngel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra de Duarte por el desví­o de recursos públicos.

La primera acusación fue presentada ante la Fiscalí­a de Lavado de Dinero de la PGR y refiere al uso de recursos del erario para la compra de bienes en el Paí­s y en el extranjero por parte de los operadores de Duarte.

La segunda delación fue presentada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y denuncia un caso de evasión fiscal, en el que supuestamente 22 “empresas fantasmas” fueron creadas al inicio de la administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.