Lo ejemplifica de la siguiente manera:
25 de 44 universidades públicas de la nación pagan el cien por ciento de la pensión de sus trabajadores jubilados.
Es decir, más del 50 por ciento de casas de educación superior.
Y lo más significativo, que desde siempre las universidades los han pagado.
Además, sin ningún problema económico o financiero.
Sólo basados en una administración rigurosa de las finanzas.
Así­, expone el panorama de las pensiones de los académicos y burócratas de otras casas de estudio:
En Guanajuato y el estado de México, por ejemplo, las pensiones son absorbidas por instituciones parecidas al Instituto de Pensiones de Veracruz, que por ahora y de igual manera lo aplica con el personal de la UV (y de paso, con tantos reality show duartistas).
Otras universidades canalizan sus pensiones a través del ISSSTE, que sólo paga diez salarios mí­nimos y, por tanto, cada universidad cubre la parte complementaria.
Además, el ISSSTE, desde cuando Miguel íngel Yunes Linares fue titular, aplica el modelo de las cuentas individuales que fue tomado del Chile del general Augusto Pinochet y que únicamente reconoce el 30 por ciento del sueldo del trabajador en activo.
Es más, fueron programadas para sólo unos seis, siete años, y en automático, la cuenta individual se agotó, pues el pago de la pensión a cada trabajador depende de lo que haya ahorrado.
Por eso, cuando Michelle Bachelet asumió la presidencia en Chile enfrentó un problema nacional con los pensionados y debió modificar el modelo heredado por Pinochet y crear un mecanismo especial conocido como la pensión universal… para desactivar la legí­tima inconformidad social.

BALAUSTRADAS: En el caso de la UNAM, los académicos pensionados también se rigen bajo el sistema del ISSSTE, en tanto el exrector, el doctor José Narro, secretario ahora de Salud en el peñismo, debió integrar un fondo especial para pagar 30 mil pesos mensuales adicionales al pensionado, pues la pensión del ISSSTE es exigua.
Al mismo tiempo, y dado que en la UNAM hay un aproximado de 5 mil maestros en edad de pensionarse, el exrector debió establecer un tope anual para pensionar sólo a 150 académicos en el transcurso de cada año, pues de lo contrario, la máxima casa de estudios del paí­s colapsarí­a en automático.
Otras universidades se inclinaron por el modelo del Seguro Social, en la que de igual manera como sucede con el ISSSTE, la casa de estudios aporta una cantidad complementaria, pues las pensiones tienen el tope de diez salarios mí­nimos.
Además, y dadas las circunstancias, domina el artí­culo 98 de la Ley de Pensiones, donde queda claro que cuando los recursos financieros de un gobierno estatal sean insuficientes, los patrones (en el caso la Universidad) estarán obligadas a pagar la parte proporcional que les corresponda del déficit.
Y, por tanto, y como en el caso del duartismo que adeuda más de 2,500 millones de pesos a la UV por el subsidio estatal y federal (que, de paso, se habrí­an fregado), entonces, todo indica que el destino ha alcanzado y/o está por alcanzar en unos años al IPE.
Con todo y que, por ejemplo, hay una iniciativa de ley en la LXIII Legislatura para fortalecer las finanzas del IPE con la donación de bienes muebles e inmuebles.
Pero que al mismo tiempo, darí­an respiro por sólo unos seis a siete años.

ESCALERAS: Y más, y por ejemplo, cuando se dan las siguientes circunstancias:
Según Levet Gorozpe la desidia de unos presidentes municipales se ha traducido en una deuda de más de 300 millones de pesos al IPE por las cuotas obrero/patronales que ellos retienen, pero que dejan de enterar al Instituto de Pensiones.
Además, la deuda de más de 150 millones de pesos del impoluto presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa, que también se ha atrasado en el pago correspondiente quizá, acaso, porque él mismo se queja, como tantos proveedores y prestadores de servicio al duartismo, que la SEFIPLAN arrastra un adeudo millonario con ellos.
El boquete al IPE está por todos lados y nada fácil serí­a que hiciera agua en unos años, digamos, en el sexenio 2018-2024.
Entonces, y de ser así­, la Universidad Veracruzana ha de entrar al quite, y de igual modo como sucede ahora con 25 de las 44 universidades públicas quedará obligada a pagar el 100 por ciento de las pensiones a sus trabajadores jubilados.
Es la hora, pues, de que en la UV piensen en el futuro y vayan creando un fondo de reserva para enfrentar la contingencia que está asomando a su puerta…