Han pasado 133 dí­as desde el caso Tierra Blanca; la desaparición forzada de cinco jóvenes veracruzanos, entre ellos una menor de edad. Historia que gracias a la presión de los padres victimizados, ocupó primeras planas, durante casi dos meses, en distintos medios nacionales, así­ como la reacción de ciudadanos y colectivos de desaparecidos a lo largo del estado.

No obstante, los cinco padres han regresado a sus hogares, luego de haber gastado al menos medio millón de pesos, durante 93 dí­as en el campamento del ministerio público de Tierra Blanca; resistencia que logró la documentación de al menos una treintena de desaparecidos en la zona y el resguardo de la Gendarmerí­a Nacional. Hoy los cinco padres de familia esperan el regreso de los suyos, “los queremos de vuelta, en fragmentos o cenizas, pero con nosotros”.

Se trata de los desaparecidos: Susana Tapia Garibo, 16 años, José Bení­tez de la O, 24 años; Alfredo González Dí­az 25 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, 27 años; y Bernardo Bení­tez Arróniz, este último declarado finado, el mismo dí­a de la desaparición, el 11 de enero de 2016.

Con base en la declaración de Rubén Pérez Andrade, uno de los ocho policí­as estatales detenidos, a los muchachos los entregaron a miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación y todos murieron desnucados. Posteriormente, fueron calcinados en hornos clandestinos y arrojados a un riachuelo del rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

El saldo hasta la fecha en datos duros, es de 16 detenidos; entre ellos, el ex delegado de la SSP en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, así­ como ocho civiles, vinculados al crimen organizado; la mayorí­a son jóvenes, entre 20 y 25 años, mientras que el presunto lí­der de la célula delictiva, no rebasa los 35 años de edad, así­ lo refiere Bernardo Bení­tez Herrera, padre de Bernardo Bení­tez Arróniz.

El próximo jueves 26 de mayo los familiares sostendrán una junta en la ciudad de México, con Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobernación y con elementos de la Policí­a Cientí­fica, de la Policí­a Federal, diligencia que podrí­a arrojar el último reporte pericial sobre los restos óseos localizados en el predio de Tlalixcoyan.

“Nos darán los resultados de 250 fragmentos, pero de los más pequeños. Los especialistas nos advirtieron que las posibilidades de obtener resultados de nuestros hijos son remotas. Ya no habrí­a más qué analizar. Todo con la lumbre se prendió y los perdimos. El caso quedarí­a como los estudiantes de Ayotzinapa, otra verdad histórica”, comenta Bernardo Bení­tez Herrera.

Sin importar que los padres pudieran recibir noticias lapidarias en las siguientes horas, aseguran que continuarán atentos a las investigaciones ministeriales, pues si bien, hay ocho ex elementos estatales detenidos, existen otros 30 que rindieron declaración ante la Fiscalí­a General del Estrado y esperan que haya más detenidos.

“No puede ser que sean todos los culpables, si el mismo Marcos Conde Hernández, delegado de la SSP, era el jefe de todo, quién nos puede negar que todo su personal seguí­a las órdenes”, declara José Bení­tez Herrera, padre de José Bení­tez de la O.

Cabe mencionar que hasta el momento, los ocho policí­as responsabilizados por el delito de desaparición forzada, siguen sin recibir una sentencia. Además, presentaron amparos ante instancias federales, alegando que a la hora de emitir sus denuncias fueron torturados.

En el caso del exoficial Édgar Ramón Reyes Hermida, asegura que fue ingresado a una galera en las instalaciones del CEFERESO de Villa Aldama, donde lo ataron de manos y le privaron la vista con cintas para luego violentarlo fí­sica y psicológicamente.

Ante tales aseveraciones, los familiares de los cinco jóvenes, enviaron un alegato por correo postal certificado a la misma instancia federal, con la intención de impugnar la solicitud del detenido y sea sancionado a la brevedad. “Lo mismo haremos con los demás que busquen ampararse, si mataron a nuestros hijos, deben pagar su error”.

Mientras tanto, los ocho detenidos permanecen distribuidos en diferentes penales de Veracruz. A continuación la relación:

1.- René Pelayo Vidal, está en Pacho Viejo

2.- Omar Cruz Santos está en San Andrés Tuxtla

3.- Luis Rey Landeche está en Acayucan

4.- Otoniel Cruz Linares está en Coatzacoalcos

5.- Marcos Conde Hernández está en Amatlán

6.- Édgar Ramón Reyes Hermida está en Jalancingo

7.- Édgar Omar Ruí­z Tecalco está en Misantla

8.- Rubén Pérez Andrade está en Cosamaloapan

En lo que refiere a los civiles que han sido detenidos y canalizados a la Subprocuradurí­a especializada en investigación de delincuencia organizada, (SEIDO), perteneciente a la Procuradurí­a General de la República, (PGR), sus identidades les han sido reveladas a los familiares afectados, no obstante, la información se mantiene resguardada pues se espera la captura de al menos otros tres sujetos.

Es el resumen de lo que ha sucedido, desde el 13 de abril de 2016, fecha en que el campamento del ministerio público de Tierra Blanca fue levantado. Sin embargo, a raí­z de la retirada de los padres de familia, pareciera que la ola de inseguridad ha vuelto a Tierra Blanca, pese a que la Gendarmerí­a Nacional sigue operando.

Para muestra de lo anterior, en 40 dí­as se han registrado al menos 5 asesinatos, es decir uno cada ocho dí­as. Punto que será expuesto ante la SEGOB, pues aseguran: “Sigue siendo nuestro paso cada que tenemos diligencias y parece que los malandros se están re-acomodando”.

REGRESÓ LA INSEGURIDAD A TIERRA BLANCA

Cuando la tranquilidad parecí­a reinar en Tierra Blanca, cuando los reflectores de la violencia se habí­an mudado hasta Papantla; con la desaparición forzada de tres jóvenes, cuando el mismo Roberto Campa Cifrián se ocupó en la zona norte de Veracruz, pareciera que los malandros en Tierra Blanca aprovecharon la situación y comenzó a parir fechorí­as.

Para muestra de lo anterior, el 24 de abril de 2016, un joven de aproximadamente 20 años, fue encontrado sin vida, a orillas de la carrera federal y Matamoros, en la colonia 6 de enero. En las imágenes publicadas en internet, se aprecia el cráneo del joven fraccionado y el rostro sumido al nivel de la quijada. Junto al cadáver, se encontró un block de cemento con sangre impregnada.

El 13 de mayo de 2016, fue ejecutado Zeferino Ochoa Mora, de 23 años de edad, de oficio albañil, su cuerpo fue hallado en el camino que comunica a Tierra Blanca con el ejido La Raya o El Yale, en los limites con el estado de Oaxaca. La conclusión pericial registró traumatismo craneoencefálico, ocasionado por diversos golpes y un impacto de bala.

El 18 de mayo de 2016, fue asesinado Eduardo González Lara, alias El Chapa”; “El Tiburón” o “El Mugres”, de 24 años de edad. Según testigos, los ejecutores fueron dos sujetos de sexo masculino, abordo de motocicletas. Importante resaltar que el homicidio se registró sobre la carretera federal 145 tramo La Tinaja a Ciudad Alemán, frente a la gasolinera Ferchegas, a escasos 10 metros de donde fueron detenidos los cinco jóvenes de Playa Vicente. El sujeto fue acribillado a la salida de su establecimiento, Comedor Victoria.

En las primeras horas del 21 de mayo de 2016, el joven David Suárez Hernández, de 22 años, fue baleado en la entrada de la central camionera Autobuses Unidos, AU. Al menos ocho impactos de bala, calibre 45 fueron descargados sobre el hoy finado. Los dos agresores, se dieron a la fuga.

El mismo 21 de mayo, campesinos reportaron, alrededor de las 10 horas, el hallazgo de un cadáver flotante, se trató del joven de 19 años, Roberto Tirado Hernández, hermano del ultimado el mismo dí­a, en la central camionera del AU. De acuerdo con reportes periciales, el cadáver estaba atado de pies y manos, con una cuerda de plástico, la cual tení­a enrollada en el cuello.

Es el recuento de los asesinatos en la ciudad terrablanquense, a tan solo 40 dí­as de que la presión de los padres playavicentinos cesó. Cinco jóvenes finados, de los cuales su promedio de edad es de 21 años. Rango similar a los desaparecidos por elementos de la Secretarí­a de Seguridad Pública del Estado, el pasado 11 de enero de 2016.