A diez dí­as de que la Asociación Civil Red Retoño, en su página de internet http://redretono.org/index.php, demandara hechos de agresión en contra de la defensora de derechos humanos, a cargo del gobierno municipal, del priista Juan Manuel Dí­ez Francos y del estatal, Javier Duarte de Ochoa.

Ante tal pronunciamiento, el ayuntamiento orizabeño emitió una respuesta por la misma ví­a de comunicación, seis dí­as después de los hechos. Texto del cual la representante del Colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba - Orizaba, cuenta para Blog Expediente su postura, además de relatar otras acciones en su contra.

Además, a los hechos del pasado 29 de abril de 2016, se suman los casos con denuncia de otros familiares de desaparecidos, oficios ante la Fiscalí­a General del Estado donde el Gobierno Próspero es señalado como responsable.

El pasado 03 de mayo de 2016, Javier Duarte, en su visita a Orizaba, Veracruz, resaltó que seis ciudades en el estado son dignas de reconocer su embellecimiento y solidez económica, el mandatario mencionó a Orizaba, Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Xalapa y Córdoba…

Cabe mencionar, que de las seis ciudades aplaudidas, cuatro presentan el mal de las desapariciones y desapariciones forzadas, para muestra, en cuatro existen colectivos establecidos: Familias de Desaparecidos Córdoba - Orizaba, Solecito Córdoba, Solecito Veracruz y Por la Paz Xalapa, de los cuales, dos de sus representantes tienen denuncia y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH).

Aunado a lo anterior, se tiene el registro de la señora Ana Lilia López Ortiz, madre de Alexander Figueroa López, desaparecido el 05 de diciembre de 2014, a ella el pasado 16 de marzo de 2016 la intentaron secuestrar, altercado que terminó en un intercambio de balas entre los presuntos delincuentes y escoltas.

Otro caso, es el de Claudia Ivonne Vera Garcí­a, quien busca a su sobrina de seis años de edad, desaparecida desde el año de 2011. La activista fue sustraí­da de su domicilio, el pasado 23 de marzo de 2016, presuntamente, por sujetos armados y con la identidad nublada por capuchas.

En palabras de la señora Eloí­sa Campos, madre de Randy Julián Mendoza Campos, desaparecido en Orizaba el 02 de agosto de 2014, “Es fácil que desaparezcan a nuestros hijos, lo difí­cil es buscarlos, ya ni a eso tenemos derecho. Una ofensa para todas nosotras”.

“SI QUIERO PUEDO DEMANDAR AL AYUNTAMIENTO DE ORIZABA”

Con base en la relatorí­a de la Asociación Civil Red Retoño, así­ como en la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el dí­a 29 de abril de 2016 aproximadamente a las 19:00 horas, Aracely Salcedo fue interceptada por ocho patrullas de policí­as estatales y del municipio de Orizaba, quienes portaban armas largas.

Tales hechos sucedieron en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, entre las calles norte 10 y Oriente 31. Los elementos rodearon el vehí­culo, descendieron de sus unidades, fotografiaron y encañonaron a las personas que iban a bordo de éste, entre quienes se encontraba Aracely Salcedo y su cuerpo de seguridad.

Posteriormente, el 05 de mayo de 2016, el ayuntamiento de Orizaba emitió su relatorí­a en el comunicado:https://www.facebook.com/EventosAyuntamientodeOrizaba/?fref=ts, versión de la cual Aracely Salcedo hace presiones:

1.- El comunicado afirma que la defensora viajaba en una camioneta Ford color blanco, y que si fue detenida en la ví­a pública, se debió a una llamada anónima que señaló la presencia de dos vehí­culos - la camioneta y un Jetta-, donde viajaban sujetos con armas largas y fornituras.

No obstante, Aracely Salcedo asegura que su vehí­culo no coincide con las referencias de las llamadas anónimas. Además, no obstante que sus escoltas están facultados para portar armas, al momento de descender del vehí­culo, bajaron sin armamento a la vista y no portaban fornituras. “Yo le digo al gobierno municipal, ¿por qué no presentaron evidencias en su comunicado? Seguramente hay cámaras de seguridad, pues es una zona transitada. Que me lo comprueben”.

2.- Aracely Salcedo declara que los policí­as municipales no sólo detuvieron el carro y lo revisaron, sino que se dedicaron a tomar fotos de ella y de las personas que la acompañaban. Aun cuando, al haber ido escoltada por elementos federales, es decir de rango superior a los gendarmes municipales, luego de haber presentado su placa policial, debieron haberlos dejado seguir su camino.

3.- El comunicado afirma que “de acuerdo con el oficio PF/CEPFV/EO/1105/2016, la Policí­a Federal mexicana no tiene identificado el servicio de protección personal de la señora Salcedo, ni al personal que lo integra”.

Ante tal aseveración, Aracely Salcedo afirma que su cuerpo de seguridad, sí­ proviene de la Procuradurí­a General de la República, (PGR) y que además, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobernación, ya está enterado de la situación y pronto se reunirá con ella en Veracruz. La madre solicitará una llamada de atención al cuerpo policial del municipio orizabeño.

Para las asociaciones civiles que respaldan la causa de la madre de Fernando Rubí­, Centro de Derechos Humanos Agustí­n Pro, por ejemplo, coinciden en que Aracely Salcedo estarí­a en todo su derecho de proceder legalmente contra el ayuntamiento de Orizaba por el delito de Abuso de autoridad y difamación.

CASO ARACELY SALCEDO NO ES UN HECHO AISLADO

Para muestra, basta mencionar el expediente de tres integrantes del Colectivo Por la Paz Xalapa, denuncia FGE/FIM/MP9/CI/42/2015, interpuesta por Yolanda Espí­ritu Mota, Abiram Hernández Fernández y Sara González Rodrí­guez, representante de la agrupación.

El pasado 16 de noviembre de 2015 fueron agredidos fí­sicamente, al grado de desprenderle las uñas a la representante de la agrupación, los responsables, presuntos escoltas del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante su V informe de gobierno en el Velódromo Internacional Xalapa.

“Vengo a manifestarme porque a mi hijo y a mi nuera se los llevaron los policí­as de Veracruz el 14 de marzo de 2010. Que me escuche el señor gobernador. Es mentira que está haciendo algo por los desaparecidos” emitió con voz braví­a Sara González. A medio año de haber sido violentados, la denuncia permanece congelada; sin responsables, sin castigo, en la impunidad.

Otro caso es el de Gaspar Rosales, hijo de Palemón Rosales Santos, de 84 años secuestrado el 11 de julio del 2009 en Ixtaczoquitlán, Veracruz. A la fecha el hombre, de 60 años y militar retirado, declara que al menos 20 ocasiones ha sido detenido en la ví­a pública, por policí­as municipales de Orizaba, Veracruz.

“Si hablo, es para decir que la señora Salcedo no miente, a mí­ me han hecho lo mismo, ya conocen mi carro y aun así­ se empeñan en encañonarme y exigir que baje con las manos en alto, luego me recargan sobre el vehí­culo, como si fuera un delincuente”, asegura Gaspar Rosales.

Y así­, testimonios pudieran seguir reforzando el hecho de que las madres y padres en Veracruz, son orillados mediante amenazas o ejerciendo la violencia en su contra a detener la búsqueda de sus hijos, algunos hasta abortar la misión. Los dictados como responsables son dos: el gobierno y los malandros:

A la hija de Alejandra Pérez Rosas, de 16 años, una voz anónima desde el teléfono le advirtió: “Si no me mandas 50 fotos y videos desnuda les vamos a cortar las cabezas a todas”, cinco mujeres que buscan a Yair Déctor Pérez, desaparecido el 25 de febrero de 2013, en el operativo Veracruz, Seguro, en Rí­o Blanco, Veracruz.

Ana Lilia Jiménez, madre de Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, desaparecido el 01 de septiembre de 2012, no solo ha tenido que cargar con la ausencia de su hijo, las amenazas le han ocasionado que su hija viva desplazada, lejos de Veracruz y de la muerte.