AGUA DULCE, VERACRUZ.- Los regidores lo sabí­an; el resto de los funcionario, también. El hermano del presidente municipal de Agua Dulce no sólo interviene en decisiones dentro del Ayuntamiento, sino que también cobra un ostentoso sueldo de 40 mil pesos mensuales a través de una prestanombres, que es su esposa, Sandra Luz Cordero Guerrero, quien se ostenta como “asesora de Gobierno”.

Cuando el municipio de Agua Dulce se vio obligado a revelar la nómina con los nombres de los funcionarios, por mandato del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), los involucrados jamás creyeron que se establecerí­a la relación familiar debido a la diferencia de apellidos.

Bajo el cargo de “asesora de gobierno” se establecí­a el nombre de Sandra Luz Cordero Guerrero, pero el sí­ndico y los regidores señalaron desconocer de quién se trataba. Sólo el regidor segundo, comisionado de Hacienda, Juan Crisóforo González Ramí­rez, admitió la existencia del cargo al ver la nómina impresa frente a él.

Sin embargo, el maestro y edil de extracción priista, fiel soldado del Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación (SNTE), negó que Sandra Cordero fuera familiar del alcalde y mintió al decir que se trataba de una abogada que lideraba un despacho desde Xalapa.

En realidad los regidores y funcionarios de alto nivel estaban al tanto del parentesco entre la trabajadora municipal y el presidente hidrómilo, pero se mantuvieron en complicidad por intereses personales y, presuntamente, hasta económicos a favor de ambas partes.

Fueron los propios trabajadores municipales quienes le indicaron a los reporteros de la conexión entre Sandra Cordero y Felipe Martí­nez, lo cual quedó evidenciado gracias a una foto familiar tomada por los hijos de la pareja y compartida en redes sociales, en donde se ven a ambos personajes, junto con comentarios que refuerzan la relación familiar.

HERMANO INCÓMODO

Felipe Martí­nez González es hermano de Daniel Martí­nez González, alcalde de Agua Dulce y desde el comienzo de la administración (2014”“2017), Felipe Martí­nez ocupa una silla en la oficina de presidencia, aunque él mismo ha explicado que sólo apoya a su hermano, sin retribución alguna.

La presencia del hermano del alcalde ha provocado, desde entonces, molestia entre los miembros del Cabildo y otros funcionarios, pues señalan que Felipe Martí­nez se toma atribuciones que no le corresponden.

Recientemente, explicó el sí­ndico único, Antonio de la Cruz Balcázar, Felipe Martí­nez dio indicaciones al personal administrativo de la Policí­a Municipal, cuando la comisión de Seguridad Pública le pertenece al edil.

De forma similar, ediles y funcionarios han señalado que quien decide qué se compra en el municipio es el hermano de Daniel Martí­nez, el cual también se encarga de coordinar la entrega de combustible y de programas de la Secretarí­a de Desarrollo Social (SEDESOL), tal como lo indicó durante la semana pasada el titular de la oficina, Luis Martí­nez Enrí­quez.

Ciudadanos hidrómilos también han comentado que, para la entrega de apoyos como láminas o despensas que llegan a la ciudad a través de Protección Civil estatal, deben hablar con el hermano del alcalde, pues es una de las personas que coordina el reparto de apoyos gubernamentales.

Aunque el hermano del presidente municipal niega que reciba dinero a cambio de la ”˜ayuda”™ que ofrece en el municipio, la retribución, no obstante, lo hace a nombre de Sandra Luz Cordero Guerrero, su esposa y cuñada de Daniel, con el fin de no levantar sospechas.

EL COSTO

Según el tabulador de percepciones del municipio hidrómilo, la “asesora de gobierno” tiene un sueldo de 12,000 pesos más apoyos de 2,450 pesos por conceptos como despensa, asistencia y puntualidad, cada uno, más una previsión social de 4,800 pesos.

Con un descuento por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 3,989 pesos, la esposa de Felipe Martí­nez González, hermano del alcalde, obtiene un sueldo de 20,160 pesos (aunque el tabulador dice que es mensual, trabajadores aseguraron que es quincenal), que gana desde que la actual administración inició, es decir, desde enero de 2014.

Este acto de nepotismo ha costado al erario cerca de 1.2 millones de pesos desde el inicio de la administración hasta la actualidad, en un claro desví­o de recursos por parte de Daniel Martí­nez González.

El delito de nepotismo está especificado en el artí­culo 115, último párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el estado de Veracruz: “Se prohí­be designar, para desempeñar cargos de confianza en el Ayuntamiento, a personas a quienes les ligue relación conyugal, de concubinato o parentesco consanguí­neo o por afinidad, en lí­nea recta o colateral hasta el cuarto grado, con servidores públicos municipales”.

REGIDORES EN COMPLICIDAD

Por más de un año, los regidores negaron saber si existí­a un puesto como “asesora de gobierno” y quién era el titular. Cuando se reveló el nombre en el tabulador, documento de acceso público, los ediles entonces negaron categóricamente conocer de quién se trataba.

Sólo el regidor segundo, Juan Crisóforo González Ramí­rez, señaló conocer a esta persona e incluso mintió al decir que se trataba de una coordinadora de un despacho de abogados en la ciudad de Xalapa. “Todos tienen asesores”, exclamó.

Pero la realidad señala que la mayorí­a de los funcionarios y ediles, especialmente los regidores, sabí­an que ese era el nombre de la cuñada del presidente municipal y, sin embargo, callaron.

Por ejemplo, el titular del departamento jurí­dico, Hermenegildo Rayo Velázquez, al descubrir que la esposa del hermano de Daniel Martí­nez era su “jefa” señaló estar indignado y agregó “cuando menos que viniera la señora aquí­ a ayudarme en algo a la oficina”.

DAÑO PATRIMONIAL

Será la Comisión Especial de Responsabilidades de los Servidores Públicos Municipales del Congreso del estado de Veracruz la que aplique las sanciones administrativas y penales correspondientes, de acuerdo a la gravedad del caso.

Según abogados consultados para este caso, al incurrirse en un daño patrimonial, pues la contratación de familiares es una violación a la Ley, no sólo se tendrí­a que destituir al familiar contratado sino que también se deberí­a devolver al municipio el dinero que se le pagó.

Tomando en cuenta que, con dos aguinaldos pagados y todos los meses de trabajo hasta la fecha, la suma total a devolver por parte de la familia Martí­nez González es de poco más de 1,246,000 pesos.

En el 2006 se comprobaron actos de nepotismo en los municipios de Cuichapa y Tlalnehuayocan; en el 2013 se evidenciaron actos similares en La Perla, mientras que en el 2014 se hicieron denuncias sobre el municipio de Córdoba. Ahora, en el 2016, se estarí­a comprobando que en Agua Dulce también se han incurrido en acciones nepotistas por más de dos años, con un grave daño a la Hacienda Pública, bajo el encubrimiento de regidores y funcionarios.