La familia de la abogada Sayra Anaid Aguilar Arce, de 31 años, denunció que la joven está desaparecida desde el 10 de febrero pasado, cuando se encontraba en las instalaciones de la Policí­a Federal, ubicadas en el distribuidor Vial de la Cabeza Olmeca, en el puerto de Veracruz.
La abogada orizabeña está denunciada como desaparecida cuando se encontraba en compañí­a de su colega Giovanni Gerardo Sol Guevara. Los dos viajaron de Orizaba al puerto de Veracruz a ver un caso. La abogada fue en calidad de acompañante del amigo licenciado, pues del caso ella ni siquiera lo conocí­a, dijo el padre de la ví­ctima, Ví­ctor Manuel Aguilar Vargas.
Presente en el foro de desaparecidos organizado por el candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel íngel Yunes Linares, Ví­ctor Manuel Aguilar Vargas se sumó a las docenas de voces de madres y padres de personas denunciadas como ausentes; la mayorí­a, sin resultados de parte de la Fiscalí­a de Luis íngel Bravo Contreras y otros casos vinculados a desaparición forzada bajo la tutela de elementos de la Secretarí­a de Seguridad Pública de Arturo Bermúdez…los nombres que más fueron vapuleados este dí­a en el encuentro celebrado en Coatzacoalcos.
El padre de la abogada recordó que su hija salió de casa el pasado 10 de febrero por última vez. Se despidió de todos, incluida su hija menor de edad. La abogada les comentó que iba de una carrera al puerto jarocho a ver un caso con su amigo Giovanni Gerardo Sol de Guevara.
Es en las instalaciones de la PFP, división Caminos, en la Cabeza Olmeca, acusa el padre, en donde se dio el último contacto entre los abogados y sus familiares. Los registros los da la misma relación de las sábanas de llamadas.
En las investigaciones que han realizado sobre el caso, en los registros de la PFP aparecen las firmas de los abogados en el libro de visitas. “Allí­ estuvieron, fue el último lugar donde se les vio y en donde se pierde todo contacto con los tres abogados (hay un tercero cuya identidad no se conoce)”.
Los abogados arribaron a la PFP por una camioneta propiedad del tercer abogado. La familia no sabe el nombre o no lo quieren proporcionar por seguridad.
“Esto la verdad fue una sustracción. Se trató de una desaparición forzada, siento que por allí­ va” sostuvo el padre de la licenciada egresada de la Carrera de Derecho por la Universidad Veracruzana.
Las investigaciones en la PFP llegan al tope y no avanzan más cuando se pregunta sobre las cámaras de video instaladas alrededor de la unidad. “Nos dicen que no hay, que no usan cámara de video”, dice el padre con un gesto de incredulidad. “Es algo que no es creí­ble” reiteró, para repetir que se trató “de una sustracción”.
Otro que se quejó de la carencia de profesionalismo en las autoridades locales fue René Palmeros, padre de Giovani Palmeros Arciga, ví­ctima de desaparición forzada por elementos de Tránsito de Boca del Rí­o en el trienio de Salvador Manzur en el municipio de Boca del Rí­o.
Hay dos detenidos por este caso y son oficiales de Tránsito los que no han aportado ninguna pista sobre el paradero del joven empleado de Compartamos Banco. “Es una burla, que en Boca del Rí­o, la ciudad más importante turí­sticamente de Veracruz, en su entrada principal, con varios bancos, con la policí­a, el ministerio Público allí­ cerca, no haya cámaras de video que graben y ayuden a evitar tantos ilí­citos. El caso de su hijo, relata, serí­a resuelto si las cámaras de vigilancia del C-4 hubieran operado de manera adecuada.
“Yo he caminado, y mucho, cuando vamos a las fosas a buscar posibles restos de nuestros familiares, y mire, los elementos de la Ministerial no saben la calidad de una tierra cuando hay una fosa, vaya, no saben ni agarrar la pala.
“No hay equipo ni capacitación ni tecnologí­a ni nada ni equipo canino pese a los anuncios que hacen de tantas y tantas inversiones” reiteró el padre miembro del colectivo el Solecito de Veracruz.
En su participación, Araceli Salcedo, madre de Fernanda Rubí­ Salcedo Jiménez, mujer moralmente solvente por haber encarado al gobernador Javier Duarte de Ochoa para reclamarle el nulo avance de las investigaciones para dar con su hija, entregó una serie de peticiones al candidato de PAN, entre ellas, que se cambie “de pies a cabeza” todo en la Fiscalí­a General.
Literalmente están demandando la cabeza del fiscal, Luis íngel Bravo Contreras, de quien no niegan el buen trato, las atenciones, la cortesí­a y la caballerosidad que rayan en la lisonja, pero de quien no han tenido ningún resultado concreto y especifico respecto a los casos de los colectivos.
“Las personas que siempre encuentran y las que mandan en sus comunicados para decir que hacen algo son las que se huyen con el novio, se van por problemas con la familia, etcétera, para etiquetar a todos los desaparecidos y ví­ctimas en el mismo parangón” se oyó decir a una madre molesta con el sistema de justicia veracruzano.
Otra de las peticiones, reclamó Araceli Salcedo, es la investigación y consignación de todos los malos elementos de las policí­as en Veracruz, que se les finquen responsabilidades en donde haya complicidades con los del mundo sórdido. Mensaje enviado para el titular de la Secretarí­a de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
Durante el desarrollo del foro comenzaron a correr en las redes sociales de los presentes diversas fotos comprometedoras, presuntamente, del presidente del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, Luis Fajardo, organización que en los últimos meses ha evidenciado la insolvencia operativa de la SSP y el esquema de la Policí­a Naval para luchar contra la delincuencia, así­ como de la Unidad Especializada Antisecuestros para abatir el alto número de privaciones ilegales de la libertad en los municipios del sur. En las imágenes se mira al también empresario sosteniendo una relación í­ntima con un dama. Fue Fajardo el que dio el contexto de la violencia en el sur de Veracruz un dí­a antes de este foro, en la presentación de la plataforma de campaña relacionada a seguridad por parte del también diputado federal con licencia.
Las fotos fueron enviadas a redes sociales, así­ como distribuidas por desconocidos por medio de disco compactos enviados a los medios de comunicación. Horas después de la balconeada, Luis Fajardo emitió un comunicado en donde rechazó los ataques, abundó que la campaña negra habí­a sido llevada al extremo, con amenazas de muerte, y hací­a responsable al gobernador, al secretario de la SSP, a sus dos subsecretarios, y al Fiscal de cualquier agresión a su integridad.