Marcos Conde Hernández, vinculado al delito de desaparición forzada y la presunta masacre del caso Tierra Blanca, estuvo preso en el año 2012 en el penal de Villa Aldama, Veracruz, por una omisión catalogada como grave y sin derecho a fianza. No obstante, por causas desconocidas, quedó en libertad y además fue contratado por la Secretarí­a de Seguridad Pública del Estado.

Blog Expediente, tuvo acceso al documento 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, donde también se especifica, que cinco de los ocho ex elementos policiales detenidos, al mando de Arturo Bermúdez Zurita, presentaban órdenes de captura en su contra desde el año de 1999.

A 74 dí­as de la desaparición forzada de los cinco jóvenes playavicentinos, los padres esperan la sentencia de ocho de los agresores de sus hijos. Uno de los muchachos, Bernardo Bení­tez Arróniz, declarado finado, el mismo 11 de enero de 2016, según dicta el acta de defunción, firmada en el ministerio público de Tierra Blanca.

Cabe destacar que Marcos Conde Hernández, al estar preso en Villa Aldama, solicitó también un amparo indirecto, mismo que le fue rechazado. “ARCHíVESE COMO CONCLUIDO. EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN”, se lee en el historial. No obstante, el ex delegado, a los tres meses fue liberado y contratado como policí­a estatal.

Además, con base en las declaraciones del 19 de enero de 2016, del fiscal Luis íngel Bravo Contreras, cuatro de los ocho elementos detenidos, tampoco era acreditables en los exámenes de control y confiabilidad, entre ellos Marcos Conde Hernández.

CINCO POLICíAS DETENIDOS LABORABAN EN LA IMPUNIDAD

El primero, Marcos Conde Hernández, actualmente recluido en el Penal de Amatlán de los Reyes. En su primera declaración ante la fiscal Verónica Zavaleta Garcí­a, narró su experiencia laboral, a partir del mes de octubre de 2012, cuando la SSP lo contrató. Sin embargó, omitió sus antecedentes penales.

No toma. Ni fuma. Nunca se ha drogado… es católico y dijo ser padre de cuatro hijos. Se describió como un oficial que ha ido escalando de a poco, y con esfuerzo, en el escalafón de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP) desde gendarme, pasando por comandante, hasta su último trabajo como delegado de la SSP en la cabecera de Tierra Blanca.

No obstante, su historial negativo, data desde el año 1999, según el expediente 0003/ 2016. Para entonces, ya laboraba en la extinta policí­a Intermunicipal en la zona Veracruz - Boca del Rí­o. En el mismo año, Marcos Conde fue apresado por el delito de Abuso de Autoridad, antecedente penal 35/1999.

Posteriormente fue re apresado por elementos estatales, el 12 de junio de 2012, en la Ciudad de Medellí­n, Veracruz. Marcos Conde portaba un arma calibre 40, pese a que estaba dado de baja temporalmente.

El delito es señalado como grave y sin derecho a libertad bajo fianza, de acuerdo con la Ley Federal de Armas. El hoy detenido, se paseaba en la ciudades con armamentos consentidos de la delincuencia organizada, según lo refieren múltiples narco corridos.

Conde Hernández, fue trasladado al CEFERESO 5 de Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, donde se tiene registro que permaneció detenido hasta el 30 de julio de 2012. Pues en esa fecha él mismo emitió un amparo indirecto con número de expediente 1287/2012. La solicitud le fue rechazada.

El comandante Conde, confesó ante la Fiscal Verónica Zavaleta Garcí­a, en la declaración sobre los cinco jóvenes desaparecidos de Playa Vicente, que en el mes de octubre del mismo año 2012, fue afiliado al corporativo de la Policí­a Estatal, se desconoce la manera en que consiguió su libertad y más aún el contrato y la confianza de Arturo Bermúdez Zurita para llegar a nombrarlo delegado del regimiento octavo, en Tierra Blanca.

Actualmente, en el expediente de Conde, prevalecen dos órdenes vigentes de aprensión en la Fiscalí­a General del Estado, además de un señalamiento ante la Procuradurí­a General de la República, por presuntos nexos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

ÉDGAR OMAR RUíZ TECALCO, ALIAS “LA PERRITA”

Recluido en el penal de Misantla, Veracruz. Con base en el expediente 0003/2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue denunciado en el año de 2013 por delitos contra la Salud, caso 319/2013.

Al detenido, la señora Clara González Ramí­rez, lo señala como responsable del asesinato de su hijo, Egon Abad López González, de 23 años y del joven Rafael Thiel Vera, de 18 años, la madre, asegura tener un testigo que lo señala como el responsable de haber entregado a los jóvenes, hoy finados, a integrantes del crimen organizado.

OMAR CRUZ SANTOS, ALIAS “EL MAMADINO”

Permanece detenido en el penal de San Andrés Tuxtla. Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue detenido por abuso a la autoridad.

Su ex compañero de trabajo, Rubén Pérez Andrade, quien relató el presunto fin de los cinco jóvenes playavicentinos, declaró saber que “El Mamadino”, habí­a laborado en negocios en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin detallar sus quehaceres. Aunado a lo anterior, Cruz Santos, presenta en su informe policial homologado que fue agredido por impactos de bala en Ciudad Juárez, Chihuahua.

ÉDGAR RAMÓN REYES HERMIDA, ALIAS “EL COREANO”

Actualmente, permanece detenido en el penal de Jalancingo, Veracruz. Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue apresado por fraude, caso 1021/2007. El guardia personal de Marcos Conde Hernández, su brazo derecho, según declara el octavo policí­a confeso, Rubén Pérez Andrade. Le conocí­a todos los movimientos al ex delegado de Tierra Blanca, amplí­a el también detenido. Manejaba la unidad 2338.

RUBÉN PÉREZ ANDRADE, EL OCTAVO POLICíA CONFESO

Permanece aislado en el penal de Cosamaloapan. Con base en el expediente 0003/ 2016, número de investigación ministerial: FGE/FIM/IM/01/2016, fue detenido por abuso de autoridad, caso 88/2007.

Pérez Andrade, fue el encargado de señalar a los agresores de los cinco jóvenes, levantados el pasado 11 de enero de 2016. Declaró haber presenciado cómo integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación desnucaron y quemaron a los muchachos.

A 74 dí­as de la desaparición forzada de los jóvenes, Bernardo Bení­tez Arróniz, José Bení­tez de la O, José Alfredo González Dí­az, Mario Arturo Orozco Sánchez y Susana Tapia Garibo, los padres permanecen a la espera de la sentencia que dictaminará Oscar Hernández Carmona, juez primero de primera instancia. “Nos mataron a nuestros hijos, no mataron a unos perros”, reitera uno de los padres victimizados.