Desde antes del mediodí­a de este miércoles llegó el cuerpo de la reportera Anabel Flores Salazar a Orizaba, donde era esperado por familiares, conocidos y compañeros de la prensa escrita y hablada.

Las calles cercanas a la funeraria Alameda fueron cercadas por grupos de policí­as de Seguridad Pública, la Fuerza Civil y Policí­a Ministerial, como medida de seguridad para los deudos.

Afuera un grupo de reporteros, algunos locales y otros foráneos, se congregaron para pedir hablar con los familiares, pero la respuesta fue negativa.

Incluso, Ví­ctor Medina, reportero de una televisora, sostuvo un altercado cuando los policí­as le impidieron el paso, indicándole que la familia no deseaba ser molestada.

Eran cerca de 20 uniformados, en unos diez vehí­culos oficiales los que resguardaban el sitio, a unas cuadras del Palacio Municipal.

Luego los reporteros fueron informados de que posteriormente serán convocados a lo que podrí­a ser una rueda de prensa, por lo que sólo tomaron unas imágenes de la fachada de la funeraria; algunos pasaron a dar el pésame a la familia, para después retirarse. Adentro, en una de las capillas de velación, rodeado de velas y arreglos florales, yací­a el ataúd de cedro, con el cuerpo de la reportera.

Con los rostros desencajados por la tristeza, familiares y amigos velan a la joven, localizada sin vida la mañana del martes en el kilómetro 1 de la autopista a Cuacnopalan-Oaxaca, luego de más de 30 horas de haber sido secuestrada en su vivienda, de la unidad habitacional Puerta Grande, en el municipio de Mariano Escobedo, contiguo a Orizaba.

Geiser Manuel Caso Molinari, representante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas, presente en el lugar, dio a conocer que desde que fue reportado el rapto de la periodista se le ha brindado asesorí­a a la familia, se activaron los protocolos de seguridad como es asignarle vigilancia a cada uno de sus familiares y protección en su domicilio.

Dijo que además se mantiene acercamiento con la Fiscalí­a General del Estado, a fin de garantizar que se agoten las investigaciones para que los responsables de este delito sean castigados y el crimen no quede en la impunidad.