Desde el 2003 un total de 23 periodistas han desaparecido en México, en promedio dos cada año, sin que hasta el dí­a de hoy alguno haya sido localizado. El 96 por ciento de los periodistas desaparecidos trabajaban en temas de corrupción y delincuencia con posibles autoridades involucradas.

Tres estados del paí­s, Tamaulipas, Veracruz, y Michoacán concentran el 65 por ciento de los casos de periodistas desaparecidos. Hay otras siete entidades que también registran casos de por lo menos un reportero cuyo paradero es desconocido. El 2010 ha sido el peor año hasta ahora con seis desapariciones.

El Informe “Periodistas Desaparecidos en México” que hoy presenta la organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artí­culo 19, advierte que no hay otro paí­s en el mundo que registre más casos de periodistas desaparecidos, lo que se agrava por la falta de resultados en las investigaciones de los casos.

Según la organización, aunque es claro que existe “un patrón” en la desaparición de la mayorí­a de los periodistas por los temas que cubrí­an, e incluso porque varias ví­ctimas recibieron amenazas previas, las autoridades estatales y federales han mostrado resistencia incluso para reconocer que el trabajo de los periodistas es la causa detrás de la desaparición de todos ellos.

“Los patrones identificados confirman las deficiencias en el tratamiento dado por las autoridades mexicanas. Es decir, ignoran u ocultan de manera sistemática los nexos causales entre la actividad periodí­stica y el papel de las autoridades y particulares en la desaparición de los periodistas. De esta menara sostenemos que la mayorí­a de las desapariciones son forzadas en tanto no se descarte este supuesto en las investigaciones” dice el informe.

Cabe señalar que de acuerdo con el informe, el 2010 ha sido el año con el mayor número de periodistas desaparecidos con seis. Tres casos han ocurrido en el actual sexenio aunque en 2015 no se tiene registro de alguno.

Sin embargo, apenas este 7 de febrero ”“ posterior al cierre del informe ”“ se reportó ladesaparición de la periodista Anabel Flores Salazar, luego de que presuntamente fue sacada de su domicilio en Veracruz pro varios sujetos armados. Se trata del primer caso ocurrido desde 2014. La periodista cubrí­a temas de seguridad al igual que la mayorí­a de las otras ví­ctimas de los últimos doce años.

Silencio forzado

De acuerdo con los datos de Artí­culo 19, entre el 2003 y 2015 se tiene un registro de 23 periodistas desaparecidos y que actualmente permanecen sin ser localizados. Algunos casos como el del reportero Moisés Sánchez, que fue ví­ctima de desaparición forzada y luego su cuerpo fue localizado, no se incluyen en ese listado.

El informe destaca que 15 de los 23 periodistas desaparecidos cubrí­an asuntos de delincuencia organizada mientras que siete de las ví­ctimas también abordaban temas de corrupción. Es decir, el 96 por ciento de los reporteros trabajaban o estaban especializaos en ese tipo de temas antes de su desaparición.

El informe también resalta que el 23 por ciento de las ví­ctimas investigaban el posible ví­nculo de autoridades militares, federales o estatales con grupos del crimen organizado. En el caso especí­fico de cinco periodistas hubo amenazas previas de personas desconocidas y en otros dos casos las advertencias vinieron directamente de militares o policí­as municipales.

De acuerdo con Artí­culo 19, estos datos son suficientes para que en todos los casos se investigue el posible involucramiento de las autoridades.

“Sin importar el orden de gobierno, la participación y/o tolerancia de agentes estatales en torno a la desaparición de periodistas en México, es indicio suficiente para exigir que una de las principales lí­neas de investigación sea la conexidad entre la desaparición, el tipo de cobertura y los sujetos afectados por la búsqueda y difusión de la información” señala la organización.

Tamaulipas es la entidad que registra el mayor número de casos con seis periodistas desaparecidos. Se trata de los reporteros Pedro Arguello, Miguel íngel Domí­nguez y Guillermo Martí­nez Alvarado, del periódico El Mañana; así­ como Amancio Cantú y Guadalupe Cantú de La Prensa. Todos ellos desaparecidos desde el 1 de marzo del 2010.

A ellos se suma Marí­a del Rosario Fuentes del portal Valor por Tamaulipas, desaparecida desde el 15 de octubre del 2014.

Veracruz junto con Michoacán son los otros dos estados con el mayor número de casos, con cuatro cada uno, aunque con el caso ocurrido esta semana de Anabel Flores, la entidad que gobierna Javier Duarte ya sumarí­a cinco.

Los periodistas desaparecidos en Veracruz son Jesús Mejí­a Lechuga de Radio MS Noticias, Gabriel Fonseca de El Mañanero Veracruz, Miguel Morales de Diario de Poza Rica, y Sergio Landa de Diario Cardel.

En Michoacán las ví­ctimas son los reporteros José Antonio Garcí­a Apac de Ecos del periódico La Cuenca, Mauricio Estrada Zamora de La Opinión de Apatzingán, Marí­a Esther Aguilar de Cambio de Michoacán, y Ramón íngeles Zalpa de Cambio de Michoacán.

Muchas manos, cero resultados

El informe destaca que aun cuando existe a nivel federal la Fiscalí­a Especializada en Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que se especializa en investigar delitos contra periodistas, y que se suma a las Procuradurí­as de cada estado que también tienen facultades para hacerlo, los casos de desaparición de reporteros, al igual que ocurre con los homicidios, permanecen generalmente impunes.

“Un común denominador es la carencia de investigaciones, y la impunidad de los delitos es constante: tanto en los primeros casos de periodistas desaparecidos como en el más reciente, a pesar de que los ministerios públicos tienen conocimiento de los hechos, se desconoce el estado, avance y/o resultados de las investigaciones -en caso de que existan- , así­ como las acciones para dar con el paradero de las ví­ctimas” señala el informe.

Artí­culo 19 advierte especialmente que la existencia de la propia FEADLE, en lugar de convertirse en un canal para la resolución de los casos, se ha vuelto en varias ocasiones en otro paso burocrático pues no atrae las indagatorias y en algunos casos las duplica.

La existencia de dos averiguaciones en el nivel federal y local, advierte el informe, genera una duplicidad de funciones y de actuaciones que ponen a las ví­ctimas indirectas (los familiares) en una revictimización constante.

Como ejemplo el estudio señala el caso de Moisés Sánchez, quien fue secuestrado a principios de enero de 2015 y casi un mes después se encontró su cuerpo sin vida. Tanto a nivel estatal como federal se “investigó” el caso pero las respuestas o llegaron tarde, o simplemente no llegaron.

Por ejemplo, el análisis destaca que la Fiscalí­a de Veracruz se tardó doce dí­as en iniciar las investigaciones del caso y hasta el dí­a de hoy no ha recopilado los videos del C4 que registraron la ruta del plagio del periodista, La FEADLE por su parte prefirió invertir dos semanas iniciales clave en indagar si Sánchez era o no periodista antes de ponerse a averiguar lo que habí­a ocurrido.

La colaboración entre ambas autoridades para solucionar este caso fue nula, de acuerdo con el estudio.

El que los casos de las desapariciones de los periodistas no se resuelvan, destaca Artí­culo 19,genera un daño triple: No se detiene a todos los probables responsables; no se logra localizar a las ví­ctimas; y no se esclarece el motivo por el cual se privó de su libertad (y posiblemente de la vida).

Tras un año, un nuevo caso

El informe “Periodistas Desaparecidos en México” arroja que en 2015 no se registraron casos de periodistas desaparecidos. No obstante, en el arranque de 2016 la historia es distinta.

Este 8 de febrero se reportó la desaparición de la periodista Anabel Flores quien, según la información oficial dada a conocer por la Fiscalí­a de Veracruz, fue sacada de su domicilio en el municipio de Mariano Escobedo por personas armadas y con uniformes similares a los de los soldados.

En su comunicado, la fiscalí­a dijo que habí­a varias lí­neas de investigación abiertas en torno al caso de la reportera que cubrí­a temas de seguridad, pero afirmó que también se indagarí­an “los ví­nculos” de la comunicadora, entre ellos una supuesta reunión con un presunto narcotraficante apodado “El Pantera” en 2014.

Artí­culo 19 emitió ayer una alerta para que el caso sea resuelto y lamentó el pronunciamiento de la Fiscalí­a de Veracruz.

“Resulta alarmante que a pocas horas de haber comenzado la investigación, la Fiscalí­a de Veracruz, establezca en su primer comunicado un posible ví­nculo de la periodista con la delincuencia organizada, culpabilizando a Anabel Flores, y violando su debido proceso. La obligación de las autoridades de procuración de justicia en investigar y no criminalizar”.

La organización recordó que Veracruz es actualmente la entidad más peligrosa del paí­s para ejercer la actividad del periodismo. La entidad que gobierna Duarte registró el año pasado 67 agresiones contra periodistas incluyendo cuatro desplazamientos forzados y el homicidio de tres comunicadores.