XALAPA.- “Era la patrulla que a ratos manejaba la muerte y a ratos el diablo”, cuentan en Cardel sobre una unidad de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de Veracruz que, entre diciembre de 2012 hasta mediados del 2014, fue vista por las noches cuando entraba por las goteras de la ciudad.

Con unos ocho elementos abordo, esa patrulla rodaba por calles, colonias y comunidades con un solo fin: levantar gente como una barredora. La unidad invariablemente era seguida por una o dos camionetas de civiles armados y embozados u otras patrullas y a sus ocupantes se les menciona en más de 30 investigaciones en la Agencia del Ministerio Público de Cardel por casos de desapariciones forzadas.

En las noches que la patrulla circuló en Cardel, Úrsulo Galván, La Antigua, Paso de Ovejas y pueblos vecinos, docenas de personas fueron sustraí­das y jamás regresaron a ver a sus seres queridos. Eso sin contar los que aparecieron en cañales, muertos a golpes, quemados con neumáticos viejos en basureros clandestinos.

En esos dí­as, el jefe de la Policí­a estatal en el cuartel Aureliano Monfort de Cardel era Marcos Conde Hernández, quien llegó como comandante y que ahora está detenido y bajo investigación con otros cinco subordinados, por la desaparición forzada de cinco jóvenes de Playa Vicente en Tierra Blanca.

Y es que al escuchar a los familiares de quienes buscan a sus ausentes en Cardel y en Galván, cuando se refieren a “vieron que estatales se los llevaron”, no se puede dejar de recordar la mecánica con la cual los oficiales estatales de Tierra Blanca presuntamente actuaron en para detener a cinco jóvenes y después llevarlos sin rumbo desconocido.

Familiares de los policí­as desaparecidos en Arenal, Úrsulo Galván, el 11 de enero de 2013, también afirman que fueron sustraí­dos por elementos de la Estatal o por lo menos una patrulla y sujetos uniformados que bajaron a los ocho oficiales municipales y se los llevaron sin rumbo fijo.

Han trascurrido tres años y la denuncia 27/2013 de la Agencia del Ministerio Público de Cardel está estancada. “Nosotros hemos preguntado y seguido con las investigaciones y nos han dicho que fueron patrullas de la SSP los que se llevaron a los oficiales de Galván. Eso está asentado en el Ministerio Público con testigos y a los de la SSP nunca se les molestó ni a Conde ni a sus otros mandos”, contó un cercano a los gendarmes que dejaron 12 niños que crecen sin saber si son huérfanos o hijos de padres en el limbo.

Elí­as es uno de ellos, de ocho años, su papá se esfumó cuando él tení­a cinco. La madre no sabe si él recuerda a su padre. Él le dice que sí­. Últimamente ha dejado de preguntar por él, se ha concentrado mucho en su deporte favorito, el atletismo y gimnasia. El niño pasa horas ejercitando el cuerpo como si preparara su mente para algo mayor. La madre piensa que “ya sabe que su papá ya no está con nosotros y sabe que a lo mejor no regresa, quiero pensar que se concentra en el deporte para distraerse un poco y olvidar”.

Juan Carlos Montero Parra, Samuel Montiel Perdomo, Agustí­n Rivera Bonastre, Guillermo Torres Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Javier Arauz Colina, Aureliano Sánchez Tonil y Luis Javier Valenzuela González son los ocho oficiales presuntamente llevados por colegas de la SSP y por quienes no hay pistas.

“Yo me pasé un año llorando. Me dejó muerta en vida”, cuenta Griselda Barradas Huesca, madre de Pedro Alberto Huesca Barradas, quien fungiera como agente del Ministerio Público adscrito a la operación Veracruz Seguro, bajo el mando de la Secretarí­a de Marina Armada de México (SEMAR), cuando el gobierno de Javier Duarte de Ochoa declaró la guerra al cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, Xalapa y Boca del Rí­o.

El dí­a que desapareció, el 13 de abril de 2013, escuchó, Griselda oyó a lo lejos cinco disparos y sin saber se estremeció.
Horas después se enterarí­a, por su nuera, que a su hijo se lo habí­an llevado por la fuerza, tal vez herido por arma de fuego.
Comenzó el drama para esta mujer, pues las autoridades nunca le supieron explicar nada concretamente sobre la desaparición de su vástago. Al tiempo los vecinos le comentaron que patrullas de la SSP le dieron un cerrón a la camioneta del MP, se dieron disparos, los escuchados a la distancia, y de allí­ el cerco de silencio.

“Yo lo he buscado todos estos años y no me cansaré ni me quiero morir antes de saber de él”, explica y se confiesa sola en esta carrera pues a la esposa del MP, presuntamente, el gobierno le ofreció un trabajo en la Fiscalí­a y con se abrió de la búsqueda.

Hasta el 18 de junio de 2013, Juan José Montero Moreno se dedicó a buscar a su cuñado. Participó en protestas en Cardel. Pintó la cara de su familiar y sus demandas en varias cartulinas. Tení­a muchas ganas de ver de vuelta a su también amigo, cuenta una hermana de Juan José. Hasta ese dí­a marcado, Juan José Montero traí­a en el pensamiento encontrar a su cuñado, presuntamente sustraí­do por policí­as estatales. A Juan José también lo levantaron de la gasolinera donde laboraba, en la salida de Cardel, y nunca más se supo de él (denuncia 101/2013/Cardel/1-02).

Luis Javier Valenzuela González es uno de los ocho uniformados desaparecidos en Galván a principios de 2013. Seis meses pasó en esa dependencia municipal, allí­ ingresó a trabajar para doblar su ingreso. Luis Javier contaba con un sueño a corto plazo antes de que lo evaporaran: casarse. Cuando eso, faltaban dos meses para la boda.

“Pensaba en conseguirse un cuartito, así­ comenzar a hacer su casa, con la que serí­a su novia. Estaba muy ilusionado y salí­a de trabajar como policí­a y de allí­ se iba a la Cruz Roja, en donde trabajó más de ocho años y mucha gente lo estimaba por tantos a quienes salvó a rescató”, cuenta una familiar del ausente.

Pero Luis Javier no apareció y la boda no se hizo. El rumor que llegó a su casa es el mismo que muchos. Otro uniformados se lo llevaron. La novia lloró durante dí­as, pero pasó el tiempo y se encontró a alguien más y rehí­zo su vida.

…Ya la habí­a librado. En 2011, unos tipos se lo llevaron en una camioneta a las afueras de su trabajo en Cardel. Él iba llegando en su moto y los maleantes, lanzando maldiciones y exponiendo sus armas largas, golpeaban a otras dos personas casi frente a su oficina, en el Diario de Cardel. Sergio Landa se estremeció no más de sentir el jalón del brazo y notar el pavonado del cañón de la escuadra. Se lo llevaron pero por obra y gracia de Dios, cuentan los que saben, en esos momentos se lanzó un mega operativo de la Marina por tierra y aire que resultó efectivo. Los pistoleros se vieron acorralados, huyendo entre cañales en La Antigua, con rumbo a Veracruz-puerto. “¿Qué hacemos, los chingamos?, ¿los chingamos aquí­ mismo?”, consultaron a sus jefes por el Nextel con el helicóptero de la Marina volando cerca. Los pistoleros pararon entre cañales y los lanzaron a los tres hombres abruptamente y huyeron.

…Después de eso, Sergio Landa se fue al sur de Veracruz, pasó unos meses alejado tratando de superar el levantón en donde le coqueteó la muerte. Para las fiestas de diciembre de 2012, Sergio Landa se encontraba de vuelta en Cardel por que la Marina y la SSP ”“con Marco Conde como jefe y a la cabeza de ese operativo- abatieron a Jesús Daniel Vargas Ramí­rez, El Popeye, en Puente Nacional, la tarde/noche del 20 de diciembre del 2012. Ese dí­a El Popeye, un tipo de estatura baja, quijada desviada por un accidente, sintió hambre y se fue a comer a la Cachimba de Adriana, cerca de la Federal-Veracruz Xalapa, en el rumbo de Chichicaxtle; quienes lo conocieron cuentan que al caer El Popeye el reporteo pensó en regresar del sur a Cardel, pues creí­a que El Popeye era el que buscaba secuestrarlo.

En esa palapita fue visto El Popeye por los informantes del Ejército y le pusieron cola. En Paso Mariano terminó la persecución en medio de una balacera. A la hora del topón su estaca lo abandonó. Allí­ quedó El Popeye, presentado ante las noticias como un peligroso “jefe de Plaza de Los Zetas”, abatito por los federales y la SSP.

Al poquito tiempo de ese enfrentamiento, Marco Conde es premiado con ascenso de comandante a subdelegado allí­ mismo en Cardel. Sergio Landa, el que ya la habí­a librado; pero regresó a Cardel, desapareció el 19 de enero de 2013, dí­as después de los ocho uniformados de Galván. La noche que el fotógrafo de nota roja salió de su oficina a su casa también notaron los rondines de la patrulla endemoniada, con los números de serie tapados con papel. El dí­a de la balacera con el Popeye también desaparecieron dos policí­as, Hermanos de apellido Tostado. Salieron a comprar refrescos para un bautizo en Puente Nacional y no volvieron.

Eran ocho amigos. Jugaban a la pelota en las canchas de Los Tamarindos, en Cardel, ese primero de diciembre de 2012. Los del PRI en el palacio brincaban de gusto por el regreso de su partido con Enrique Peña Nieto a Los Pinos tras de 12 años de sequí­a. Esa noche comenzó el drama para la familia de los ocho. Cuentan que dos patrullas de la estatal arribaron y se los llevaron.

Los nombres de cinco de ellos se concentraron en la denuncia 785/2012 de la Agencia del Ministerio público de Cardel, mesa III: Filiberto Alarcón Melgarejo, Arturo Figueroa Bonastre, Max Enrique López Batolomé, Charly Yosimar Rodrí­guez Torres, Miguel íngel Sandoval Cervantes y Elfego Israel Rivera ílvarez. De los otros, sus padres no pusieron denuncia.

“Mi hijo se encontraba con sus amigos y otros amigos jugando fútbol… ¿Qué más hací­an? Nada… estaban allí­ en la canchita pasando el rato. Tengo cuatro testigos declarados que afirmaron que fueron estatales quienes se los llevaron a golpes e insultos. Que eran policí­as”, relata la madre de uno de los ausentes.

Marco Conde tení­a un mes aproximadamente de haber llegado a Cardel cuando se dio ese levantón de chicos. Esa noche del 1 de diciembre se comenta en todos los corrillos y poblados de la zona de Cardel. Unos hablan de más de 30 chicos literalmente “barridos” y de quienes no se sabe nada. Sus familias ya no se movieron ni exigieron justicia.

Los cinco mencionados arriba forman parte ya del Programa de recompensas de la Procuradurí­a General de la República (PGR) y del de la Fiscalí­a General del Estado. Hasta hoy, sólo se sabe que, como a los de Tierra Blanca, estatales tapados del rostro y armados con rifles de asalto, se los llevaron y no los entregaron a ninguna autoridad. “Los buscamos en la comandancia, en el cuartel, en Veracruz, en penales, en cualquier sitio de detenciones y nada. Nadie registró esas detenciones”, retoma la madre de uno de ellos.

Trabajó de comandante nocturno en la Policí­a Intermunicipal Veracruz Boca del Rí­o (PIVB), la misma corporación disuelta al inicio del gobierno de Javier Duarte de Ochoa ante los señalamientos de infiltración total por parte del Cártel de Los Zetas. A la SSP, como oficial, ingresó tras la eliminación de ese agrupamiento. De allí­ pasó a mando, a subdelegado y a delegado en Tierra Blanca, a donde arribó hace unos 12 meses.

En la PIVB, a Conde le recuerdan entonces como un patrullero “de a pie”. Se iba a vigilar calles de los sectores bajo su cuidado, hablaba con los ciudadanos y atendí­a personalmente los servicios por robos, violencia, secuestros, etcétera. Se habí­a ganado el ser visto como un buen elemento y sus asensos eran notorios.

Así­ hasta la noche del 28 de marzo de 2008 en el puerto jarocho, cuando personal de la Secretarí­a de la Defensa Nacional (SEDENA) detuvo y desarmaron a Conde y a otros mandos de la PIVB por irregularidades en sus armas de cargo. Eso derivó en un enfrentamiento verbal y cortar cartucho entre soldados y gendarmes. Eran al menos 80 militares y otro tanto de gendarmes. Todos rijosos. Tuvieron que intervenir altos mandos para que no corriera la sangre. No pasó ni una hora de detención y Conde recuperó su libertad, pero esas grescas entre soldados, marinos y oficiales de la PIVB se volvieron habituales en 2008 y todo 2009.

En las solicitudes de información 0000700169910 y 0000700170010, la SEDENA informa al menos de seis desencuentros con elementos de la PIVB y soldados en los cuales se documenta cómo los jení­zaros ayudaban sospechosos a escapar de detenciones; en algunos casos “usaron sus patrullas para obstruir el paso de las unidades castrenses” cuando estos se encontraban detrás de algún presunto delincuente.

Si algún elemento de la delincuencia era seguido por los soldados, en cuestión de minutos, docenas de patrullas de la Inter arribaban para allanarle el camino y comenzar la pelea verbal con los soldados. Esos documentos también señalan docenas de irregularidades en la licencia colectiva de armas para el estado de Veracruz, desde armas extraviadas, hasta alteraciones en números de serie.

En la última rueda de prensa, en el puerto jarocho, para mostrar apoyo a los padres de los cinco desaparecidos de Playa Vicente en Tierra Blanca, las madres del colectivo Solecito Veracruzano remarcaron que el de esos chicos no es un aislado; son docenas de expedientes en donde se implica a los jení­zaros de la SSP sin que haya investigaciones satisfactorias.