La Sección 34 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), también se ha resistido a boletinar el número de plazas vacantes, a fin de que exista un mayor control del sindicato adherido a la CTM, que a nivel nacional encabeza Ví­ctor Fuentes del Villar, y a quien no convendrí­a dejar de captar cuotas obrero patronales, que según los agremiados ascienden a varios millones, que anualmente les son quitados a los trabajadores.
Es el gremio que percibe salarios de 288 pesos diarios, en promedio, y que siempre están expuestos al peligro, a los riesgos. Y que gozan de antiguos privilegios como es no pagar servicio de luz.
En esta Sección, que en la zona centro aglutina a unos 200 trabajares de base, en la jurisdicción de Córdoba, Cuitláhuac, Potrero Nuevo, Paso del Macho, Coscomatepec y Huatusco, desde hace 5 años empezó a haber señalamientos de fraudes en la venta de plazas, las cuáles según los dirigentes era cometida por personas ajenas a la institución, pero que según varios agremiados era gente conocida por parte del personal de la propia dependencia.
Habí­a también, se dice, acoso sexual contra al menos 3 trabajadoras, quienes tuvieron que renunciar a sus puestos.
Uno de los puntos álgidos, fue en el año 2010, cuando cinco trabajadores de la paraestatal, uniformados, golpearon a uno de sus compañeros, por haberlos denunciado de extorsionar y cobrar una cantidad a un usuario, a quien acusaron falsamente de robar energí­a, y resultó ser familiar del trabajador atacado.
Por otro lado, en el mes de julio del año 2011, hubo quejas de ciudadanos, que manifestaron haber “comprado” una plaza que no les fue entregada, y el sindicato alertó a la población sobre el problema que se estaba dando.
Desde ese entonces, el dirigente Esteban Reyes Hernández, denunció que personas ajenas al sindicato hací­an llamadas telefónicas a desempleados y les prometí­an un puesto en la CFE, solicitando anticipos económicos de hasta 1,500 pesos y los documentos, para llevarlos al sindicato nacional, e incluso un grupo de 25 jóvenes acudieron a las oficinas, al ser notificados falsamente de que ya tení­an un empleo.
En otras intervenciones, el dirigente negó la existencia de plazas tanto en el área operativa como administrativa, y aclaró que éstas no se otorgaban a la población abierta, sino a los familiares de los trabajadores que poco a poco iban ingresando a las filas del sindicato.

PROMUEVE JUICIOS TRABAJADOR GOLPEADO

Edmundo Rodrí­guez Yeladaqui, es un trabajador electricista, que en el año 2010 fue golpeado por cinco de sus compañeros, cuando los denunció de haber ido a coaccionar a uno de sus familiares, a quien le cobraron una fuerte suma, amenazándolo con iniciarle procedimientos legales, por presuntas irregularidades en el consumo de la energí­a.

Ahora, el también activista social y presidente de la asociación civil Pacto Ciudadano, ha emprendido una serie de procesos en contra de la paraestatal, el sindicato y las personas que lo agredieron, e incluso dice que interpondrá una querella en la Fiscalí­a de Delitos contra Servidores Públicos, contra el dirigente sindical, por las omisiones y protección a los malos trabajadores.

Fue en el mes de julio del 2010, al salir de trabajar y dirigirse a su casa, cuando fue interceptado por los sujetos que lo atacaron, y a quienes identificó como sus compañeros Francisco Mondragón, Agustí­n Beltrán, Gabriel Ortiz Mondragón, Israel Ramí­rez Ruí­z y Marco Antonio Garcí­a Garcí­a.

Tras haber quedado herido y ser intervenido quirúrgicamente, acudió a denunciarlos ante la agencia del Ministerio Público, donde quedó empantanada la carpeta de investigación 1272/2010, que se inició por esos hechos.

Este trabajador, que hasta el dí­a hoy reclama el pago de salarios caí­dos, al dejar de laborar, y que con documentos ha demostrado que su plaza ”“cedida por su madre- sigue vigente, e incluso la han ocupado suplentes con el argumento de que el titular no se ha presentado a trabajar, presentó una denuncia de juicio polí­tico, el 16 de enero del año 2013, en contra de la CFE, por la presunta violación a los derechos de los trabajadores.

Pero además, presentó un juicio laboral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciando la ilegalidad de las cláusulas laborales 46 y 37 del contrato colectivo laboral, al ser obligados los trabajadores a participar en el sindicato, coartando sus derechos laborales.

“Actualmente gané la determinación para que dieran a conocer el número de plazas vacantes en el estado, que es de 197, que fueron boletinadas, para ser licitadas, para que participe quien así­ lo desee y se adhieran al sindicato que quieran, porque en este sindicato se violan por ejemplo el artí­culo 358 y el 133 fracción IV, que se refieren a que el patrón no puede obligar al trabajador a participar en el sindicato. Por eso el hartazgo contra los dirigentes”, señala el entrevistado.

Otra inconformidad que refiere es que “según la cláusula 44, inciso D, los agremiados deberán estar afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y en la 37 se establece que no podrá ser contratada ninguna persona ajena al sindicato, y con la cláusula de exclusión que contiene el artí­culo 46, donde dice que debemos participar en el sindicato, se ejerce la coacción”.

TRABAJADORES ENCUBRíAN ROBOS DE LUZ EN CASA DE CITAS, A CAMBIO DE SERVICIOS

En el mes de abril del año pasado, se conoció que trabajadores de la CFE, se prestaron al robo de energí­a en una casa de citas, ubicada en la colonia Los Arcos, de Córdoba.

Uno de estos electricistas, que acostumbraba ir a estos servicios, hizo un convenio con la dueña del local, a quien le reconectó la lí­nea, utilizando unos puentes, indicándole que mientras él estuviera encargado de la revisión de medidores y de repartir los recibos en esa zona no habrí­a problemas.

En esa ocasión, incluso habí­a acudido personal administrativo para verificar que la toma estuviera suspendida para darla de baja definitivamente, y fue cuando descubrieron las irregularidades que habí­a cometido el electricista.

Sin embargo, en otra ocasión posterior que acudió ebrio y ninguna sexoservidora lo quiso atender, sin pagar por los servicios, molesto salió del local, establecido cerca de una gasolinera y desprendió el medidor, aunque estuviera inhabilitado, así­ como los “diablos”, y salió corriendo, dejando sin energí­a eléctrica a la casa de citas.

De acuerdo con el dictamen de acta administrativa 022/2015, la dueña del local de la casa de citas, refirió que el 28 de abril se presentó en su domicilio el trabajador Alfredo Flores, con la finalidad de verificar el servicio, por un reporte de uso ilí­cito en ese lugar y dijo que desde el año anterior le habí­a sido suspendido el servicio por falta de pago.

Mencionó que como es amiga del señor Agustí­n Beltrán Garcí­a (trabajador de la CFE), le llamó para que le reconectara el servicio, presentándose y rompiendo el sello que tení­a instalado, y le reconectó el servicio con dos cables que iban por detrás del medidor y le comentó que no tení­a que preocuparse, porque él tení­a esa zona asignada y mientras él siguiera tomando las lecturas y repartiendo los recibos, ella no tendrí­a problemas y a partir de esa fecha iba al local pero no pagaba los servicios por el favor que le estaba haciendo.

Sin embargo, dí­as después se presentó a pedir servicio, alcoholizado, y como no quiso pagar discutió con la mujer, por lo que molesto salió y arrancó el medidor, así­ como los cables que habí­a colocado, y se fue corriendo, dejándolos sin servicio de energí­a eléctrica. A la afectada, no le quedó de otra más que acudir a reportar a este trabajador, quien posteriormente la fue a visitar para amenazarla y exigirle que se retractara de su acusación.

Por situaciones como la anterior, el personal de la paraestatal se ha hecho acreedor a decenas de actas administrativas, como es el caso del referido Francisco Mondragón, quien según la misma dependencia tiene en su haber 213 fojas de expedientes por actas administrativas, mientras que Gabriel Ortiz tiene 39 y Agustí­n Beltrán, 47.

EN EL 2014 ESTALLÓ LA INCONFORMIDAD CONTRA LA DIRIGENCIA LOCAL

En el mes de octubre del año 2014 trabajadores electricistas de la Sección 34 del SUTERM exigieron al dirigente nacional Ví­ctor Fuentes del Villar, la convocatoria para renovar el comité local, del que hasta entonces llevaba 18 años al frente Esteban Reyes Hernández, con 46 años como trabajador. Fue acusado de violar los estatutos de la organización cetemista, al cobrar dos salarios e incurrir en irregularidades contra la base.

Los afectados se quejaron de que Reyes Hernández tení­a dos años de no presentar un informe detallado de sus actividades como dirigente de la Sección 34 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), con sede en Córdoba.

Acusaron que su representante sindical dijo haber pedido a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la creación de más plazas para los trabajadores “lo cual resultó una mentira, al vender a las empresas constructoras de diversas obras de la CFE, las plazas que correspondí­an a los sindicalizados”.

Hartos de los abusos de su secretario general, mencionaron que muchas obras que podí­an realizar los electricistas afiliados al SUTERM fueron negociadas por Reyes Hernández, dejando sin trabajo a muchos jóvenes que asistí­an a las oficinas en demanda de una oportunidad.

Acusaron también que tras la muerte de Bernardo Mondragón, hace más de 18 años, Esteban Reyes Hernández se ha mantenido en el poder a base de intrigas y amenazas.

El año pasado, obreros activos y jubilados, exigieron la convocatoria para renovar la directiva de la Sección 34 y anunciaron que solicitarí­an al lí­der nacional Ví­ctor Fuentes del Villar, una auditoria a fondo de los años que lleva al frente de esa organización Reyes Hernández, denunciando las supuestas arbitrariedades y el enriquecimiento ilí­cito en que ha caí­do Esteban Reyes Hernández.

RECONOCEN ROBOS DE ENERGíA ELÉCTRICA

El pasado 20 de julio, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM, en Córdoba, dio a conocer que descubrió cuando menos cuatro casos de empresarios y hasta polí­ticos que se estaban robando la energí­a eléctrica, durante varios años, por lo que fueron sancionados y obligados a pagar más de un millón de pesos.

Los casos fueron en la región de Córdoba, aunque también en municipios de la zona, como Cuitláhuac y Yanga que corresponden también a la superintendencia de la zona.

Se trataba de hoteles, comercios y negocios de gente reconocida, con dinero y dentro de la polí­tica, pero cuyos nombres no fueron dados a conocer. Fueron robos por años, por lo que se les cobró la energí­a consumida y no cobrada, por cantidades de entre 100 mil y 300 mil pesos para evitarse problemas legales con la CFE.

En esa ocasión, los directivos justificaron que lo que se buscaba era el contacto con las personas con tarifa de alto consumo para orientarlos y exhortarlos a revisar instalaciones y aparatos para acabar con los malos hábitos.

Trabajadores de la dependencia, confí­an que este año, el Sindicato de Electricistas pueda superar los problemas que aquejan al gremio, y que tienen que ver con actos de corrupción que todaví­a se sigue dando en las diferentes áreas.