Horas antes, se informó que la Fepade, dependiente de la Procuradurí­a General de la República (PGR), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra de Escobar y Vega por presuntos delitos relacionados con el desví­o o mal manejo de recursos durante la elección 2015.

La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.

De acuerdo con la legislación queda prohibido que los partidos, los candidatos o los equipos de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto.

Al Subsecretario de la Segob se le imputa el delito previsto en el artí­culo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El cual es castigado con 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil dí­as. La pena podrí­a ascender a una mitad más si es que la conducta se realiza en apoyo a una precampaña o campaña electoral.

El juez tiene un plazo de diez dí­as para conceder o negar la orden de detención en contra de Arturo Escobar.

Por su parte, esta misma noche, la Fepade, a través de la PGR, confirmó en un comunicado que “se consignó la Averiguación Previa relacionada con presuntos delitos electorales cometidos por un dirigente de un partido polí­tico [Arturo Escobar] y empresarios por las aportaciones en dinero y en especie cuando existe prohibición legal para ello, contemplado en el artí­culo 15 de la LGMDE [Ley General en Materia de Delitos Electorales]. Así­ como por el diverso contemplado en el artí­culo 7 Fracción XXI, relativo a proveedores no autorizados por la autoridad administrativa (Instituto Nacional Electoral)”.

“En términos de lo dispuesto por el artí­culo 142, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, el Juez tiene diez dí­as, contados a partir de la radicación del expediente, para ordenar o negar la orden de aprehensión”, precisó la dependencia.

La Procuradurí­a General de la República será respetuosa de la resolución que en su momento llegue a determinar el órgano.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM emitió un comunicado en el cual “expresa su total respaldo [a Arturo Excobar] pues siempre se ha conducido con apego a la ley”.

Además señalan que ”la FEPADE remitió a un juez, un expediente para que valore si existen o no elementos que pudieran ser constitutivos de la comisión de algún delito electoral y tendrá diez dí­as para conceder o rechazar el inicio de un proceso penal” y por ello consideran improcedente y falso el señalamiento a Escobar de haber cometido algún delito.

Desde marzo pasado, ciudadanos denunciaron que el PVEM realizaba un enví­o de tarjetas de descuento, las Premia Platino, en la que ofrecí­a distintos descuentos para comercios de toda í­ndole, laboratorios médicos, tiendas departamentales, zapaterí­as, restaurantes, papelerí­as, pizzerí­as, hoteles y más. La entrega se hizo durante varios meses previo a las elecciones del 7 de junio de 2015, pese aún de que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) dictó una medida cautelar para que se detuviera su distribución.

Las tarjetas llegaban al domicilio con el nombre del votante; es decir, el Partido Verde utilizó bases de datos que supuestamente son protegidas por el INE para, según los tribunales, tratar de comprar votos, ofreciendo como lo hizo el PRI en 2012, tarjetas con beneficios.

Las tarjetas rotuladas con los nombres de los particulares también ofrecí­an bonificaciones del 30 por ciento de las compras en las Farmacias del Ahorro, en las tiendas Chedraui se les da 10 pesos de bonificación por cada 200 pesos de compra.

ESCOBAR EN LA SEGOB

El pasado 9 de septiembre Arturo Escobar y Vega fue designado como Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob. Luego de su nombramiento, diversas organizaciones coincidieron en que esta decisión no sólo fue un premio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto por su participación en el proceso electoral 2015, sino que con ello, el Gobierno federal concretó un pacto de impunidad y corrupción, denunciaron organizaciones civiles. Incluso pidieron su revocación.

Luego de su nombramiento, se recordó que Escobar y Vega fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo cuando era Senador del PVEM en 2009. Además de ser uno de los principales orquestadores de la más reciente campaña del Partido del Tucán, una de las más multadas en toda la historia.

Alfonso Celestino Pérez, miembro de Cauce Ciudadano, dijo en su momento, que la designación de el ex vocero del PVEM es un agravio pues el Gobierno denota un “desprecio a la polí­tica de prevención, que era una de las pocas donde habí­a un canal de diálogo con la sociedad. No le interesa que esa polí­tica se mantenga y se fortalezca. No era perfecta y habí­a muchas limitaciones, pero habí­a ese canal de diálogo que ahora está roto”.

Además acusó que Escobar planeaba contratar a personas del Partido Ecologista.

Cauce Ciudadano, integrada por más un centenar de organizaciones y casi 200 ciudadanos, criticaron que Arturo Escobar “no es un servidor público confiable”, porque no practica principios éticos democráticos, como lo es la declaración de su patrimonio, puesto que en la base de datos de la Secretarí­a de la Función Pública (SFP) aparece que el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”.