En Tabasco, un ex priista, ahora perredista, Aurelio Núñez, metió a la cárcel a su antecesor, un priista, Andrés Grannier.

En Tamaulipas, la DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, ha girado orden de aprehensión en contra de un par de ex gobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández.

Falta que un gobernador priista se lance contra otro priista.

Y la historia podrí­a darse, el año entrante, en Veracruz, cuando en caso de que uno de los senadores, Pepe y/o Héctor Yunes, fuera nominado candidato y ganara, entonces, quizá, acaso, procederí­a contra el priista Javier Duarte.

Claro, y como dice Pepe Yunes, él actuarí­a en contra del secretario General de Gobierno para abajo por ladrones y pillos, y dejarí­a a la voluntad presidencial el destino y la suerte de Duarte.

Pero en el caso de Héctor Yunes, sin duda se irí­a contra de Duarte, y más luego del episodio cinematográfico “La caña amarga de pescar”.

Es más, dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, habrí­a quienes pensaran en que el próximo mandatario de Veracruz se estrangularí­a a Duarte como el pavo de la navidad tricolor del año 2016, estrenando en el territorio jarocho el Sistema Nacional Anticorrupción de Enrique Peña Nieto.

Y es que más allá de las pasiones partidistas, en que la elite polí­tica se acusa de corrupción (los peces gordos de Héctor Yunes y los peces gordos de El Estero según Duarte), en la percepción ciudadana el próximo gobernador, cualquiera sea su partido, sólo podrá legitimarse encarcelando a una parte del gabinete legal y ampliado del duartismo.

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Si vamos hacia el pasado, Patricio Chirinos Calero envió al penal de Pacho Viejo a su antecesor, Dante Delgado Rannauro, y a sus secretarios de Desarrollo Urbano, Porfirio Serrano Amador, y de Finanzas y Planeación, Gerardo Poo Ulibarri.

Dante Delgado encarceló a David Varona Fuentes, director de Tránsito con Fernando Gutiérrez Barrios.

Agustí­n Acosta Lagunes encarceló a los directores del Instituto de Pensiones, José Luis Lobato Campos, y de Patrimonio, Francisco López Lara, del gobernador Rafael Hernández Ochoa.

De allí­ para el real, ningún otro ex mandatario procedió contra sus antecesores.

Javier Duarte, Fidel Herrera, Miguel Alemán, Fernando Gutiérrez Barrios, Rafael Hernández, Rafael Murillo Vidal y Fernando López Arias, para establecer un parteaguas, dejaron hacer y dejaron pasar.

Ahora, no obstante, los senadores priistas han tomado la lucha contra la corrupción como un eje central.

Apenas antenoche, en Milenio Noticias, el senador Pepe Yunes habló de transparentar y rendir cuentas en el gobierno de Veracruz que ha sido su constante.

Y, bueno, el tema anda tan socorrido en la agenda mediática que sólo se antoja llevar “el desorden administrativo, el caos financiero y la corrupción polí­tica” a la sesión parlamentaria del Senado para proceder.

Sin embargo, y por alguna razón poderosa, quizá medida de presión para negociar, uno y otro senador tricolor se ha arrugado.

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En Sonora y Nuevo León, los gobernadores apenas inician y por ahora formaron un comité para rastrear las pistas de la deshonestidad en el manejo del erario.

Pero si en unas semanas, unos meses, operan sin resultados, entonces, tanto Claudia Pavlovich como “El bronco” significarán el gran desencanto, y más, por tantas cacayacas en contra de sus antecesores.

Peor tantito si se considera que en ambos casos el rafagueo ha llegado a la familia de Guillermo Padrés y Rodrigo Medina.

En Tabasco, Arturo Núñez metió a la cárcel a Andrés Granier; pero también a otros funcionarios de su gabinete legal y demostró con hechos que iba en serio.

Por eso resulta extraño y raro que en Veracruz desde hace ratito, digamos, hacia la mitad del duartismo se esté hablando de corrupción y todo haya quedado en fuegos artificiales que pasado el humo nada queda.

Por ejemplo, la pifia de la Auditorí­a Superior de la Federación con su denuncia penal ante la procuradurí­a General de la república en contra de 19 duartistas por las irregularidades millonarias en los fondos federales, de la que hasta el dí­a de hoy nada se conoce ni sabe.

Por ejemplo, la exhibida de Gabriel Deantes Ramos y Édgar Spinoso Carrera como los funcionarios que “defraudaron mi confianza”, reinstalados como secretario de Trabajo y Previsión Social y diputado federal, respectivamente.

Por ejemplo, la fama pública del ejercicio del poder con sentido patrimonialista, el más ostentoso, Jorge Carvallo Delfí­n, pero el más enriquecido según la fama pública, Érick Lagos Hernández, y sin embargo, el silencio ominoso del ORFIS, Órgano de Simulación Fiscal, y la Comisión de Vigilancia del Congreso.

Tal cual, las señales indican que el asunto quedará en la impunidad, pues será negociado en el altiplano, antes, mucho antes de que un priista procediera en contra de otro priista para la cárcel.

Los años de Miguel de la Madrid encarcelando a una parte del equipo de José López Portillo y de José López Portillo confinando a secretarios de Estado de Luis Echeverrí­a, nueve en total, parecieran haber quedado atrás.

Hacia el final del dí­a, todos son priistas y se encubren.

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De ser así­, la puerta quedará abierta para que tanto en los Ayuntamientos como en el gobierno del estado, las elites que están y lleguen conjuguen el verbo gobernar en su único significado, que es robar.

Robar…con toda la impunidad del mundo, a tono con el estribillo oficial de que en Veracruz nada pasa.