Desde el año anterior, al hilo de la primavera árabe, la población chií­ de ese reino, reclamaba “la liberación de los presos polí­ticos” y “reformas que pongan fin a la discriminación” de su comunidad, en torno al 10% de los 20 millones de saudí­es. Las manifestaciones han cesado, pero entre los centenares de detenidos siete fueron condenados a muerte a lo largo de 2014. Los otros cinco casos, incluido un tercer menor, están en fase de apelación.

“Los planes de Arabia Saudí­ para decapitar a Ali y Dawoud son una desgracia. La comunidad internacional, incluido EE UU y otros aliados del gobierno saudí­, debe hacer un llamamiento urgente a que se paren estas terribles ejecuciones antes de que sea demasiado tarde”, ha declarado a EL PAíS Maya Foa, directora del equipo que se encarga de la pena capital en Reprieve, una organización británica que defiende a condenados a muerte y a ví­ctimas de la tortura. Foa subraya que “ambos eran menores cuando fueron detenidos, y no han cometido delitos. Sus juicios se celebraron a puerta cerrada y fueron manifiestamente injustos”.

Ali fue acusado de participar en una protesta ilegal y de una larga lista de delitos que, según la ESOHR, incluye “explicar cómo proporcionar primeros auxilios a los manifestantes” y usar su móvil para invitar a otros a unirse. Dawoud firmó una confesión bajo tortura que ha servido para condenarle sin permitir siquiera la presencia de su abogado.

“El Tribunal Penal Especializado ”“la misma instancia que recientemente ratificó la sentencia de crucifixión para Ali al Nimr-- confirmó la semana pasada la condena de Dawoud, y estableció su muerte por decapitación”, según ha informado Reprieve.

La decapitación por espada es la forma habitual de ejecución en Arabia Saudí­, donde este año ya van al menos 135 condenas consumadas, un significativo aumento respecto a 2014. La más inusual pena de “crucifixión” es una variedad de aquella en la que el cuerpo decapitado se exhibe en público para escarnio. El último caso del que se tiene ocurrió en Abha, la provincia de Asir, hace dos años cuando uno de los siete condenados por varios robos a joyerí­as sufrió ese destino.

“Que Ali haya recibido esta sentencia pone de relieve que el Gobierno saudí­ está tratando de dar un ejemplo”, interpreta Alice Gillham, portavoz de Reprieve. Junto a esta, Amnistí­a Internacional, Human Rights Watch y cuatro organizaciones saudí­es de derechos humanos han denunciado su condena.

Para los observadores, el caso contra Ali tiene que ver con su tí­o el jeque Nimr al Nimr, un prominente clérigo chií­ muy crí­tico con el régimen saudí­ que también está condenado a crucifixión por “insultos al rey” y “poner en peligro la unidad nacional”. Su ejecución corre el riesgo de inflamar los ánimos en la Provincia Oriental, donde se concentran la mayorí­a de los chií­es saudí­es y también el grueso de los pozos petroleros del reino. El ajusticiamiento de su sobrino serí­a una formar de escarmentar a la familia.

Ali y Dawoud han agotado todas las ví­as legales por lo que sus padres “están terriblemente preocupados, ya que desconocen lo que va a pasar con ellos”, según Gillham. De acuerdo con la práctica habitual de las autoridades saudí­es, los dos jóvenes pueden ser ejecutados en cualquier momento sin avisar previamente a sus familias, ni atender a las numerosas irregularidades de sus juicios.

Además de Arabia Saudí­, sólo Irán, Yemen y Sudán continúan ejecutando a personas que delinquieron siendo menores, algo que prohí­be la Convención Internacional de los Derechos del Niño que Riad ratificó en 1996. El Reino también es signatario de la Convención contra la Tortura, a pesar de lo cual tanto Ali como Dawoud han denunciado que se les torturó para que confesaran.