que contempla cien años de cárcel a los culpables, repercutirá en Veracruz y de terrible consecuencias para el gabinete de seguridad del duartismo.

Y más porque uno de los artí­culos establece “la no prescripción del delito”.

Y más porque significa “mayor rigor para los responsables, quienes no podrán gozar de libertad preparatoria, reducción de penas o algún beneficio similar” (La Jornada nacional, Fabiola Martí­nez, domingo 4 de octubre, 2015).

Tal cual, la iniciativa incide en Veracruz, con el general de West Point, condecorado por la Interpol, Arturo Bermúdez Zurita, a cuyos policí­as la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló de desaparición forzada en el caso de Gibrán David Martiz Dí­az, de 22 años, el cantante de “La voz México”, secuestrado, desaparecido, asesinado, encajuelado y abandonado en el interior del automóvil en la vieja carretera de Conejos a Huatusco.

Incluso, en la versión popular quedó claro que Gibrán fue desaparecido porque cometió el delito de “bajar” la novia al hijo de Bermúdez en un antro donde la pareja peleó.

Entonces, 7 de enero, 2014, y de acuerdo con la indagatoria 055/2014/11/CAR-01, Gibrán fue levantado en un antro en la colonia 7 de noviembre, de Xalapa, y dos dí­as después aparecido sin vida en la carretera Conejos, a la altura del poblado Remudadero, y que es una estación de paso camino a Cantarranas y Angostillo, municipio de Paso de Ovejas.

Así­, luego de la denuncia de su padre, Efraí­n Martiz Aguirre, siete policí­as fueron consignados, a saber, Felipe de Jesús López, Uriel Pérez, Manuel Ortiz, José Luis Pérez, Iván Cortés, Mauricio Rodrí­guez y Abel Martí­nez.

Pero solo fue un reality show, y por eso mismo ahora el padre cabildea para que la procuradurí­a General de la República atraiga el caso, dada la impunidad en Veracruz.

Ahora, sin embargo, la iniciativa de ley que propone elevar las penas, hasta cien años de cárcel, para todos y cada uno de los culpables de desaparición forzada abre una nueva esperanza tanto a la familia de Gibrán como de tantos otros familiares en igualdad de circunstancias.

Bastarí­a referir que él mismo Fiscal General, Luis íngel Bravo Contreras, ha reconocido, como para curarse en salud, que hay 1,200 desaparecidos, de los cuales 144 son menores de edad, de norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

Es más, con frecuencia la PGR está publicando fotografí­as de desaparecidos en el territorio jarocho ofreciendo una recompensa de un millón y medio de pesos a quienes proporcionen un dato, un solo dato, para identificar el paradero de los desaparecidos.

AÑOS DE CíRCEL SEGÚN LOS AGRAVANTES

De acuerdo con la iniciativa de ley, “las penas para quienes participen en el delito serí­a de entre 40 a 90 años de prisión, mientras en la desaparición forzada se prevé imponer sentencias de 50 a cien años de cárcel, según los agravantes, como son que la ví­ctima pertenezca a un grupo socialmente vulnerable, o se incinere, sepulte o destruya total o parcialmente el cadáver o restos humanos de la ví­ctima”.

Es decir, que tanto los autores fí­sicos como los cómplices están en la mira de la autoridad y las organizaciones civiles.

“ESTAMOS BUSCANDO” REPITE LA AUTORIDAD

La iniciativa de ley, que trascendiera en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la sesión en la Universidad Autónoma Metropolitana, dio pie para que decenas, cientos de familiares de desaparecidos se expresaran.

Entre ellos, el señor José Carlos Castro, avecindado en Xalapa, “cuya esposa y dos hijas fueron secuestradas en el mes de enero de 2011 en Xalapa” (La Jornada nacional, Alma E. Muñoz).

Según la reportera, José Carlos Castro empeñó su vida en buscar a sus familiares tanto en grupos como formando una organización.

“Yendo y viniendo, hablando con autoridades, visitando los servicios médicos forenses, hemos hecho todo lo humanamente posible, y nada.

Hacemos cuanta cosa para atraer la atención de las autoridades y de algunas asociaciones, incluso internacionales, para que nos apoyen y presionen para que las busquen.

Nos dicen, ”˜estamos buscando”™, pero ya pasaron cuatro años y medio y no tengo noticias” (Ibí­dem).

Su esposa, Josefina Campillo, y sus dos hijas, Johana Monserrat y Karla Verónica, junto con la empleada doméstica, Araceli Utrera, fueron secuestradas de su domicilio.

“Uno muere de tristeza al no encontrar a su gente. He muerto mil veces y no hallo a mi familia” dijo José Carlos Castro a la reportera de La Jornada.

Entre tanto, el general Arturo Bermúdez ha sido picado por la ví­bora de la polí­tica, quizá para conseguir impunidad, y busca la candidatura priista a diputado local por el distrito de Xalapa urbano, donde se le han atravesado otros aspirantes, entre ellos, Carlos Aceves, Juan Antonio Nemi Dib y Michelle Serví­n.

El padre de Gibrán toca la puerta de la PGR para que atraiga el caso, pues de igual manera como miles de habitantes de Veracruz el desánimo se ha multiplicado en sus entrañas y ha perdido la fe y la esperanza…