Desde entonces la violencia en el estado de Veracruz se ha encrudecido. Hay más amenazas hacia periodistas, asaltos en las calles, niños asesinados, activistas intimidados. Todo marcado por la impunidad.

"Hay un caos generalizado, hay una lí­nea que depende de los estados. Estamos muy alarmados porque vemos que el gobierno estatal y federal no tiene ningún interés en proteger la vida y los bienes de Veracruz", indicó el activista socio ambiental, Guillermo Rodrí­guez.

A pesar de eso, el gobierno liderado por Javier Duarte de Ochoa, señalado como responsable de ataques a periodistas y activistas, no terminará. Duarte de Ochoa no dejará el gobierno.

"Él dice no renuncio, yo soy el estado, yo soy el derecho, háganle como le hagan yo aquí­ estoy. En su comunicado hasta se roba una frase bí­blica".

PGJDF VIOLÓ DERECHOS AL FILTRAR INFORMACIÓN Y FOTOGRAFíAS

Integrantes del Colectivo Universitario de Lucha, de la asociación defensora de derechos humanos "DECIDE", el Comité 5 de junio y el colectivo de periodistas "Voz Alterna" exigieron que se agilice la investigación del caso Narvarte y que se tome como lí­nea de investigación las actividades periodí­sticas y de activismo de las ví­ctimas.

Para los activistas, los hechos ocurridos el pasado 5 de junio donde un grupo armado golpeó brutalmente a ocho estudiantes que se encontraban en un domicilio particular en la ciudad de Xalapa y el crimen de la Narvarte son casos vinculados con el terrorismo que ejerce el gobierno de Veracruz hacia quien ejerce la libertad de expresión.

Norma Trujillo, periodista integrante del Colectivo Voz Alterna, indicó que Javier Duarte mintió al decir que no habí­a ninguna denuncia por agresiones por parte de Rubén en el estado de Veracruz, pues en el año 2013 se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra elementos de la Secretarí­a de Seguridad Pública

Por su parte, Julián Ramí­rez, integrante de DECIDE, acusó que la Procuradurí­a de Justicia del Distrito Federal ha realizado acciones irregulares en su ejercicio y aún no otorga respuestas claras sobre los responsables del crimen.

"La procuradurí­a difundió información extraoficial, contradictoria". Se dijo que Nadia era novia de Rubén y sólo eran amigos, se estigmatizó a las ví­ctimas. Sólo se dio a conocer el video de salida de los presuntos asesinos pero no se mostró el video de llegada.

Además fue la misma Procuradurí­a quien filtró fotografí­as de los cuerpos de las ví­ctimas, vulnerando así­ los derechos de los familiares y amigos de los asesinados.

Los activistas cuestionaron a la Procuradurí­a del D.F a través de la lectura de un comunicado, inconsistencias como el hecho de que se hable de que el asesinato ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde pero el acta de defunción de Nadia Vera marca como hora de muere las 21:00 horas.

"¿Por qué la actividad de Nadia como activista no es contemplada como un hecho que la coloco en una situación de vulnerabilidad? ¿Por qué no se toma contexto de violencia y ataque a estudiantes y activistas por parte del gobierno de Verarcuz?

Cuestionaron además el hecho de que el arma utilizada en el crimen haya sido usada por primera vez y sea de uso exclusivo del Ejército. Se reprobó la entrega de información extra oficial y fotografí­as a los medios de comunicación sobre el caso.

Además, acusaron que no se permitió el acceso rápido del expediente a los abogados de las familias, y tampoco se permitió que familiares y amigos pudieran declarar.

"¿Por qué se ha priorizando el móvil de robo?, ¿Por qué la testigo clave recogió sus pertenencias, alterando así­ la escena del crimen? ¿Por qué ninguna autoridad de ha comunicado con nosotros para brindarnos atención y asesorí­a?".

"Nadie nos devolverá a nuestra Nadia". Los activistas demandaron que se ciñan los estándares más altos de derechos humanos como lo marca la Ley General de Ví­ctimas, que se garantice la seguridad de los familiares de las ví­ctimas, así­ como los defensores de derechos humanos y estudiantiles.

Edith Escalón, integrante de DECIDE, calificó como indignante el hecho de que la PGJDF desvincule el móvil polí­tico del crimen porque no se trata de un caso aislado sino de un problema de violencia, represión e impunidad en el estado de Veracruz.

"El dolor nos hermana (...) No nos acostumbremos a la violencia".

VERACRUZ, DE MIEDO

Para el investigador de la Universidad Veracruzana, Leopoldo Alafita, el gobierno veracruzano está generando condiciones de vulnerabilidad hacia activistas y la población, otorga concesiones y beneficios a los empresarios que pretenden explotar recursos naturales, lo que está provocando enorme dificultades para la entidad.

"Es un panorama muy preocupante, adverso a los movimientos sociales y a la población en general, a los ciudadanos que protestan".

La situación actual nunca antes se habí­a vivido, nunca la violencia habí­a llegado hasta los lí­mites actuales porque los gobernantes se preocupaban por su imagen polí­tica y pública. Al actual gobernador eso no le importa.

"Estaban preocupados de los electores, de no tener una imagen pública que se les pudiera vincular en contra de los intereses sociales. Me parece que esto es algo que los gobiernos recientes ya no les interesa cuidar su imagen. Hay una actitud de actuar de manera abierta en el sentido del cinismo".