La Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el Desarrollo Integral para la Familia del DIF del gobierno de Javier Duarte mintieron en su comunicado número 4 mil, 682 -emitido la noche del pasado miércoles- pues aseguran que el retraso de diez meses y contando para solventar el pago de 40 mil pensiones vitalicias a adultos mayores, se debió a un “análisis” del Consejo de Administración de dicha ley para no violar la normativa, ni “incurrir en ilegalidades”.

En sus argumentos vacuos, la SEFIPLAN donde manda Antonio Gómez Pelegrí­n y el DIF Estatal que dirige Astrid Elí­as Mansur pretextan el retraso de 300 dí­as y contando, excusando el protocolo de “no violentar la normativa” que constituye esa legislación.

“Los requisitos deberán revisarse en un plazo no mayor a 20 dí­as, para liberar el padrón oficial, a fin de que las instancias correspondientes también liberen y entreguen este apoyo económico lo antes posible”.

En la exposición de motivos, la SEFIPLAN repara en que los beneficiarios deben ser “vecinos” (sic), con residencia permanente en el territorio del estado, al menos por 20 años; tener como mí­nimo 70 años cumplidos; no contar con alguna pensión de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Pensiones del Estado (IPE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fuerzas Armadas o de cualquier sistema de pensiones o de seguridad social, ya sea privado, del Estado, Federación o de empresas paraestatales.

Esos candados estipulados desde el origen, en la propia Ley 223 -aprobada por la LX1 Legislatura- e impulsada por el ex gobernador, Fidel Herrera Beltrán anteponen que la pensión administrada por el DIF Estatal y entregada por los sistemas municipales son para aquellos adultos mayores de 70 años y sin empleo, que además no estén inscritos en el padrón de pensionados del IPE, beneficiario del 60 y más, o de otra institución federal o estatal.

Otra de las incongruencias del comunicado 4 mil, 682, girado por la Coordinación General de Comunicación Social y atribuido a la SEFIPLAN, es que el actual gobierno de Duarte no repara en que el programa de adultos mayores fue creciendo sin control, pues la Ley 223 arrancó en el 2005 con un padrón superior a los 13 mil seniles y hoy, diez años después, tiene a 40 mil seniles inscritos y con el agregado de más de 70 mil adultos mayores en una lista de espera, ya sea por ampliación del padrón o por fallecimiento natural de los beneficiarios.

Con dichas aristas, hoy la SEFIPLAN excusa que el Comité de Administración de la Ley 223 -integrado por directivos del DIF Estatal, funcionarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y de la propia Tesorerí­a de Veracruz- piden una “prórroga” de 20 dí­as más, por lo menos, para “analizar el padrón”.

Ello, pese a que la organización, reclasificación y depuración de la lista de los adultos mayores que fallecieron o que pudieran estar inscrito a otro sistema de pensiones, no lo pudieron hacer durante la veda electoral de los pasados comicios federales, cuando las dependencias de los tres órdenes de gobierno entran en una inanición polí­tica, gubernamental y de entrega de apoyos.
En la Secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) funcionarios de la Subsecretaria de Ingresos y de la Subsecretaria de Egresos no ocultan que la “insolvencia” de recursos es tanta, que el Estado no tiene ni para cubrir adeudos con la iniciativa privada, contratistas, ministraciones a los otros poderes gubernamentales, tampoco para solventar los pasivos de 400 millones de pesos, que implicarí­a que cada adulto mayor, beneficiario de la Ley 223, recibirí­a de forma conjunta tres cheques por dos mil 500 pesos cada uno.

Sobre la SEFIPLAN se carga una pesada losa, pues en los próximos dos meses se cumplirá un año que los beneficiarios del Programa de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores de 70 años no reciben sus cheques.

Incluso en los DIF municipales -donde gobierna el PRI- empleados de las Direcciones de Bienestar Social, del propio INAPAM, de Trabajo Social y del propio Ayuntamiento, ya no saben que contestarle a los seniles, cada que se apersonan -normalmente el último dí­a de cada mes- para preguntar cómo va el pago de su pensión.

Al arrancar el gobierno de Duarte (enero del 2011), la Secretaria de Desarrollo Social estatal y federal, con Ranulfo Márquez como Delegado Federal y Marcelo Montiel como secretario estatal -hoy los mismos cargos; pero invertidos- habí­an prometido “estar trabajando” en un padrón único de beneficiarios para evitar “dobletear” la entrega de apoyos, cinco años después, el comunicado de la SEFIPLAN exhibirí­a que jamás se hizo dicho trabajo.