Organizaciones de la sociedad civil criticaron que a tres años de la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretarí­a de Gobernación (Segob), lejos de lograr un cambio significativo se ha mostrado un agravamiento.

Dijeron que hay ”una falta de voluntad polí­tica” para garantizar el reconocimiento de los derechos humanos, en un contexto de violencia que vive el paí­s.

Durante la presentación del Segundo Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversas organizaciones, entre ellas Amnistí­a Internacional, Artí­culo 19, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustí­n Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), Reporteros sin Fronteras, entre otras, criticaron que en este mecanismo existe “una falta de voluntad polí­tica, en un contexto de violencia contra defensores y periodistas, en el que se necesitan medidas de protección que aseguren el reconocimiento de sus derechos humanos”.

Las organizaciones detallaron diversas fallas en el mecanismo, entra las que destacan la ausencia de respaldo polí­tico, financiero y de recursos humanos, seguido de la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes de los distintos niveles de Gobierno, a pesar de la firma de los convenios de colaboración; así­ como las limitaciones en las investigaciones, y el desinterés en activar las herramientas que por ley se definieron para prevenir los abusos y ataques contra esta población.

“Todo ello es una muestra de los retos que enfrenta el mecanismo para reducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su correcta implementación”, sostuvieron durante una conferencia de prensa realizada hoy.

precisaron que tienen registrados al menos 21 homicidios de periodistas tan sólo de enero de 2012 a mayo de 2014.

VIOLENCIA-CONTRA-LA-PRENSA

Destacaron además, que de junio de 2012 a mayo de 2015, fueron asesinados en el paí­s 32 defensores de derechos humanos por su activismo. Oaxaca y Guerrero son las dos entidades en las que se registra el í­ndice más alto de estos crí­menes.

Mediante un comunicado dijeron que a tres años de la publicación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el balance del trabajo hecho por la federación demuestra que no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas; y por el contrario muestran una agravamiento.

Lo grupos civiles dieron a conocer que el informe se elaboró a partir de la sistematización y análisis de 59 casos de personas defensoras de derechos humanos, de un total de 203 casos que se han reportado a los grupos civiles.

Fernando Rí­os Martí­nez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), que agrupa a más de 70 organizaciones sociales en el paí­s, dijo que la violencia a los activistas proviene principalmente del crimen organizado, los caciques, las empresas trasnacionales y funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre otros.

Al que se suman las intimidaciones a los abogados de los activistas, las campañas en su contra en medios de comunicación , el allanamiento de oficinas de asociaciones civiles, además de leyes que pretenden criminalizar la protesta social y delimitar la libertad de expresión.

Pilar Talavera, de Propuesta Cí­vica, criticó entre las medidas que menos se aprueban es la atención médica y psicológica, pese a que es uno de los flancos más débil de un defensor y un periodista.

Para poder contrarrestar las deficiencias del Mecanismo de Protección y de los órganos responsables de su operatividad recomendaron brindar mayor información sobre el desempeño y los resultados del Mecanismo, cumplir los tiempos de respuesta establecidos por ley; asegurar un equipo y mayor especialización en la elaboración de análisis de riesgo, que permita determinar medidas de protección adecuadas según el caso en particular.

Además urgieron brindar capacitación y sensibilización a los funcionarios, y establecer mecanismos para proteger la identidad y privacidad de las personas solicitantes o beneficiarias.