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Reportajes
Lunes 27 julio, 2015

Amatlán, pueblo conmocionado

Alcalde baleado, caos en el gobierno, creciente inseguridad, protesta popular y el edil acusado de despojo por indí­genas
Un mes después de manifestarse desalojan la ví­a pública por las amenazas de cárcel para los dirigentes sociales

Amatlán de los Reyes, Veracruz.- El municipio de Amatlán permanece en la incertidumbre tras los últimos...

Laura Rojas

  • Miguel Ángel Castro Rosas (izquierda), alcalde Amatlán, baleado la semana pasada

acontecimientos que han conmocionado a la población, desde movimientos sociales y polí­ticos que se han gestado, hasta caos en el gobierno y la creciente inseguridad, que puso en riesgo la vida del presidente municipal, Miguel íngel Castro Rosas; el alcalde, es acusado por varios sectores, incluido un grupo de indí­genas de la sierra de Zongolica, que lo señalan de un intento de despojo de un predio conformado por 27 hectáreas, en el municipio de Naranjal, con la complacencia de funcionarios locales y estatales.

Tras haber sido baleado, el alcalde continúa delicado, y hasta en las iglesias de la región, los sacerdotes católicos, piden en sus homilí­as por su pronta recuperación.

Por otro lado, hasta el momento las investigaciones que realiza la Fiscalí­a General de Justicia en la zona centro, no ha tenido resultados positivos para capturar a los agresores del alcalde, y han manejado con hermetismo el caso.

La zona, con sus costumbres y tradiciones forjadas por las generaciones pasadas; con sus cultivos de caña, café, piña y cacao, y con su legado de historia donde destaca el general Hermenegildo Galeana, honrado por derrotar al general Hevia, en la consumación de la independencia, hoy se ha convertido en una región de ingobernabilidad, según representantes de diversos sectores.

En unos cuantos meses, esta región registró una caí­da en el movimiento comercial, con cierres de negocios, disminución de fuentes de empleos y repunte de incidentes delictivos.

Asimismo, tras un mes de estar tomado el Palacio Municipal, con las puertas principales cerradas con cadenas, y custodiado por grupos inconformes, la madrugada del sábado el edificio fue liberado, luego de que los encabezadores del movimiento fueran amenazados por representantes del Ayuntamiento, de ser encarcelados por presunta retención de una máquina, utilizada en el proyecto del basurero, que finalmente fue cancelado, así­ como por presuntos daños al inmueble del Palacio Municipal.

Posteriormente, las autoridades municipales, por conducto del sí­ndico único, en funciones de presidente municipal por ministerio de ley, el también exalcalde, Guillermo Muñoz Sánchez, anunciaron que harán una limpieza general en el edificio del Palacio Municipal y hasta fumigarán el lugar donde permanecieron por los grupos inconformes.

Además, los grupos radicales al gobierno priista, que también han sido acusados de estar detrás de un movimiento polí­tico, se desvincularon de los ataques que ha sufrido el presidente municipal, quien en una ocasión fue asaltado, en otra fue baleado pero resultó ileso, y en la más reciente quedó herido de gravedad, e internado en un sanatorio particular de Córdoba, de tal forma que hasta en las iglesias de la región, como en la parroquia de “Nuestra Señora de los Dolores”, de Paraje Nuevo, el sacerdote Christian David Pizano, ha pedido en sus homilí­as por la pronta recuperación del alcalde.

PRIMERO, EL EDIL FUE DENUNCIADO EN EL MINISTERIO PÚBLICO

A inicios del presente año, un habitante de la localidad Cacahuatal, denunció al alcalde Miguel íngel Castro Rosas, por presuntas amenazas; el civil se dijo intimidado por el muní­cipe, ya que éste habí­a iniciado una relación con la esposa del ofendido, quien laboró en el ayuntamiento como su asistente.

El quejoso, acusó al edil de persuadir a la mujer para que abandonara a su familia, incluyendo a sus dos menores hijos, de 1 y 3 años de edad.

El presunto afectado, Alberto Calvarí­n Serrano, quien se ha acercado a los medios de comunicación para bombadear al gobernante, dio a conocer una denuncia instaurada contra el alcalde, en la carpeta de investigación 029/2015 de la agencia del Ministerio Público Municipal, donde lo acusó de presuntas amenazas, en represión al atribuirle el robo de un teléfono.

Además, señaló que su exesposa Laura Alicia Zúñiga Reséndiz, tras haber laborado en el Ayuntamiento, inició una relación con el alcalde, llegando al grado de abandonar a sus hijos.

Denunció, que después de esa situación, la mujer fue apoyada por el presidente municipal, por lo que la Fiscalí­a Tercera, Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia, de la Unidad Especializada en Procuración de Justicia, a cargo de Marí­a Antonia Huerta Mendoza, inició en su contra la carpeta de investigación 528/2015, por el presunto delito de sustracción de menores.

No conforme con lo anterior, la mujer también acudió ante la agencia del Ministerio Público Municipal de Amatlán, a cargo de Valentí­n Reyes de la Cruz, donde interpuso otra denuncia, en contra de la madre de Calvarí­n, la cual quedó radicada bajo la carpeta de investigación 035/2015.

CÓMO SE GESTÓ EL MOVIMIENTO EN CONTRA DEL ALCALDE AMATLECO

En el mes de abril pasado, un grupo de pobladores, integrantes de la organización “Amatlán ya despertó”, se organizaron para protestar y destituir al presidente municipal de Amatlán. El movimiento se originó por inconformidades derivadas de la administración del alcalde Miguel íngel Castro Rosas, a quien atribuyeron desví­o de recursos, falta de obras y presunto nepotismo.

Los inconformes, que según el alcalde eran en su mayorí­a panistas, y que habrí­an sido encauzados por el sacerdote del pueblo, Julián Verónica, exigieron acciones y le entregaron un pliego petitorio.

En respuesta, el muní­cipe se defendió, acusó a la administración municipal anterior, y a muchos de los que encabezaban el movimiento, principalmente a las hijas del exsí­ndico único, del PRD, Román González Ramí­rez.

Mostró la denuncia por presunto desfalco de 51 millones de pesos, y también acusó a los regidores actuales por diversas anomalí­as que, según él, tienen que ver con la compra de vehí­culos, el pago por el uso de un pozo profundo, propiedad del regidor priista Luis Ramón Tinoco Gutiérrez, y el condicionamiento de firmas para los estados de cuenta.

Por su parte, la profesora Marí­a del Carmen González Vargas, hija del exsí­ndico Román González Ramí­rez, denunció las carencias en las localidades de Amatlán, como la falta de servicios de agua potable y limpia pública; nepotismo, porque el alcalde tiene a su nuera trabajando en el Ayuntamiento, mientras que el sí­ndico Guillermo Muñoz, tiene a su hijo y el tesorero Hugo Vargas, a miembros de su familia, viviendo del erario público, además de que adquirieron una compañí­a constructora.

Algunos manifestantes como Alberto Reyes González, Guadalupe Alví­zar Vargas y Manuel Morales Cárdenas, reclamaron la falta de obra en las localidades, así­ como los caminos deteriorados hacia Potrero y La Patrona, por ejemplo.

“Ya estamos hartos de la ingobernabilidad de tu administración, no hay obras, no hay servicios, te venimos a pedir ayuda y nos dices que no hay dinero, pero como para ti sí­ tienes, para andar comprando casas”, le reprochó una mujer.

En respuesta, el alcalde mostró la denuncia que presentó ante la Fiscalí­a Especializada para Delitos cometidos por Servidores Públicos, por un presunto desfalco de 51 millones de pesos, de la administración municipal anterior. Luego, arremetió contra los 4 regidores que lo acusaron ante la Legislatura por diversas irregularidades. También se defendió, diciendo que en el primer año de su gobierno se hicieron 78 obras.

Sin embargo, admitió que “es verdad que mi nuera está trabajando en el ayuntamiento, pero no recibe sueldo porque no es empleada, yo le pago con mi peculio; son gente del PAN que están dolidos por la denuncia, yo no he amenazado a nadie, ni tiempo tengo para andar haciendo eso”.

También aceptó la compra de una propiedad en el municipio de Naranjal, con valor de 100 mil, pero criticó que por eso fuera fustigado, a diferencia de otros polí­ticos, dijo, como los exalcaldes panistas, Miguel íngel Figueroa y Eduardo Rojas Camacho, que adquirieron varias propiedades, el primero en la parte posterior de Plaza Crystal de Córdoba, y el segundo atrás de una agencia automotriz, ubicada en el bulevar Córdoba-Peñuela, donde lotificó varios terrenos.

En el mes de mayo, los mismos grupos se levantaron en contra de la instalación de un tiradero a cielo abierto, en el camino a la cueva. Además, en el movimiento participaron varios colectivos, entre ellos “Amatlán ya despertó”, promotor de la primera manifestación; “Pro-derechos constitucionales”, “Colectivo Verde, Naturaleza para Siempre” y “Motociclistas indignados”, entre otros, quienes exigieron la renuncia del alcalde.

Posteriormente, el 26 de junio, el grupo inconforme arribó al Palacio Municipal, donde inicialmente varios de sus integrantes se ataron a los barrotes del portón principal, en demanda de que fueran escuchados por el presidente municipal, pero debido a que éste no se presentó, decidieron cerrar, pero también bloquearon la puerta del Registro Civil y la tesorerí­a municipal.

La toma del Palacio Municipal, provocó que funcionarios como el encargado del Registro Civil, Héctor Mendoza León, tuviera que atender a la ciudadaní­a en lugares como el parque y en algunos restaurantes, mientras que otros funcionarios municipales mantuvieron su centro de actividades en la Casa de la Cultura, aunque solo brindaban asesorí­as, por carecer de papelerí­a y documentos oficiales.

Pero la ola de inconformidades contra el presidente municipal, no sólo provino de grupos polí­ticos antagónicos, sino de su propio partido polí­tico.

A inicios de año, un grupo encabezado por el suplente del alcalde, Manuel Alví­zar, manifestó su descontento por las que calificaron como malas acciones para el pueblo, al surgir varias quejas, como la de los empleados municipales que estaban percibiendo salarios injustos, de hasta 80 pesos diarios.

La corriente divergente, habrí­a dado como plazo el mes de diciembre del presente año, para que detonara el estallido social que, vaticinaron, llevarí­a a la salida del presidente municipal en turno.

LA DENUNCIA QUE HIZO EL ALCALDE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PASADA

En el mes de diciembre del año 2014, ya como presidente municipal el priista Miguel íngel Castro Rosas, acusó a su antecesor, el panista Eduardo Rojas Camacho, por un presunto quebranto patrimonial de 51 millones de pesos.

Tras detectarse un desfalco de 51 millones 140 mil pesos, Castro Rosas instruyó al sí­ndico, el también exalcalde y vecino de La Patrona, Guillermo Muñoz Sánchez, para que acudiera a denunciarlo a la Fiscalí­a Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos.

Castro Rosas aseguró que no encubrirá las irregularidades, por lo que presentaron la denuncia correspondiente para que sean las autoridades judiciales quienes determinen cómo proceder contra el exalcalde panista.

Las inconsistencias encontradas fueron en obra pública, por más de 19 millones, 902 mil pesos, e irregularidades en las arcas municipales, por más de 20 millones, 575 mil pesos. También, se encontraron inconsistencias por más de 10 millones, 677 mil pesos.

Como lo exigí­a la venganza polí­tica, la denuncia incluyó al exsí­ndico Román González Ramí­rez, el extesorero Esteban Sánchez de la Rosa; la exregidora primera, también panista, Marí­a Irene Tress Villafuerte, así­ como a Arnulfo Sánchez Corona, exdirector de Obras Públicas, además del excontralor Ví­ctor Sánchez Martí­nez. Sin embargo, el exregidor priista Vidal Sánchez, no fue acusado.

Además, también se hizo otra acusación a los panistas. De que Petróleos Mexicanos (PEMEX) "vetó" al ayuntamiento de Amatlán, dejando de contar con apoyo de AC20, hasta que se aclare el destino de las toneladas del material que se recibieron durante el anterior gobierno municipal.

En esa ocasión Castro Rosas, se justificó que tuvo que denunciar las anomalí­as para evitar que él y su comuna pudieran ser señalados por complicidad, por "encubrir" las inconsistencias que existen.

Sostuvo que algunas de las irregularidades que se detectaron fueron en la colonia Gardenias donde faltaban metros lineales de una obra que se dio como concluida por la pasada administración municipal.

En el escrito de denuncia se cita a “Eduardo Rojas Camacho, expresidente municipal, persona que en su calidad de funcionario municipal y durante el desempeño de su encargo desplegó actividades constitutivas de delito, que por su naturaleza ilegal merecen un reproche, por hechos cometidos en contra del patrimonio del H. Ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, Veracruz”.

También a “Román González Ramí­rez, exsí­ndico único; Esteban Sánchez de la Rosa, extesorero municipal; Lic. Marí­a Irene Tres Villafuerte, exregidora primera; arquitecto Arnulfo Evodio Sánchez Corona, exdirector de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y a Héctor Sánchez Martí­nez, excontralor municipal, responsables de proporcionar los elementos necesarios para tomar conocimiento del estado que guardaba la administración 2011-2013.

Por el contrario, agrega la querella, omitieron dolosamente la entrega de documentación justificativa y aclaratoria del patrimonio, así­ como la omisión de cuentas por pagar del periodo administrativo que les compete, comprometiendo y mezclando con eso el presupuesto de egresos 2014 con ejercicios anteriores, impidiendo con esto el funcionamiento institucional, la atención de obligaciones y compromisos de gobierno, la continuidad en la prestación de servicios y desarrollo de programas de beneficio social.

LAS AGRESIONES QUE SUFRIÓ EL ALCALDE

El 19 de julio del año pasado, sujetos desconocidos asaltaron al presidente municipal, Miguel íngel Castro Rosas, junto con su esposa, cuando se hallaban en su domicilio, donde fueron sometidos a punta de pistola.

Los ladrones ingresaron hasta la recámara de la esposa del edil, a quien despojaron de un bolso, conteniendo la cantidad de $40 mil y un radioteléfono marca Nextel. Aunque otras versiones señalaron que el alcalde andaba trayendo 1 millón de pesos, de los que fue despojado.

La pareja, se encontraba en su vivienda de la avenida Nicolás Bravo y calle Miguel Hidalgo, hasta donde llegaron dos sujetos, de complexión robusta, de aproximadamente 30 y 40 años; uno, llevaba playera verde y pantalón negro, y el otro un pantalón y una camisa color beige.

Los asaltantes pidieron hablar con la familia, para pedir una información, pero cuando el presidente municipal abrió la puerta, aprovecharon para introducirse y ya adentro lo amagaron con pistola.

Luego, uno de los delincuentes se dirigió a la recámara de la esposa del edil, para arrebatarle su bolso, donde guardaba $40 mil, un radioteléfono y objetos personales.

Tras el robo, los afectados pidieron auxilio, llegando al lugar policí­as municipales, elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y policí­as de la delegación VII de Seguridad Pública, quienes interrogaron al muní­cipe, e inútilmente se avocaron a la búsqueda de los responsables.

El pasado 19 de julio, Castro Rosas fue herido a balazos, cuando salí­a de su casa, en la cabecera municipal de Naranjal, donde fue atacado por 2 individuos que iban en una motocicleta.

Como resultado del ataque, el alcalde presentó tres balazos -dos de ellos con entrada y salida, y uno que se le quedó alojado en el tórax-, y tras ser ayudado por su pareja, fue enviado a un hospital en Córdoba, donde quedó internado, delicado de salud y con vigilancia policiaca.

Mientras los agresores huyeron, al lugar llegaron policí­as estatales y municipales de Naranjal, quienes implementaron operativos de búsqueda, en los caminos que conducen a la sierra de Zongolica, pero no lograron ubicar a los responsables.
Este fue el segundo atentado que sufrió el servidor público de Amatlán, luego de que el 26 de mayo resultara ileso, en un primer ataque de un grupo de 6 individuos, cuando manejaba una camioneta del Ayuntamiento, en la carretera Córdoba-Naranjal, a la altura del puente del rí­o Blanco.

ACUSAN INDíGENAS A CASTRO ROSAS POR DESPOJO DE PREDIO “PIEDRA DE AGUA”

Indí­genas de la organización TINAM, de la sierra de Zongolica, acusaron al alcalde de Amatlán, Miguel íngel Castro Rosas, emprender un proceso para despojarlos de un predio de 27 hectáreas en el municipio de Naranjal, al contar con la complicidad de las autoridades de ese lugar, y del Ministerio Público.

Ignacio Romero Carrera, representante de la organización, dio a conocer que el presidente municipal envió a su representante para dialogar con los miembros del TINAM, pero “no tuvimos solución porque queremos que se presente, queremos respuesta de Procuradurí­a Agraria, las instituciones, para dar cumplimiento al proceso que se debe realizar legalmente”.

Queremos otro acercamiento, dijo, “que se respete, dentro del marco legal, que -el alcalde Miguel íngel Castro Rosas- deje de trabajar esas tierras, que hemos venido trabajando durante más de 20 años y se logró a través de la lucha”.

Aseguró que a mediados del mes de mayo pasado, el muní­cipe llegó a presentarse como supuesto propietario, y encaró a la compañera Avelina Dionisia Miranda, quien fue amenazada para que firmara documentos para salirse de ahí­, pero ella dijo que no firmaba porque la tierra se la dio la organización”.

El lí­der campesino lamentó que aunque el problema se ha dado a conocer a las autoridades estatales, “no ha habido respuesta, se trata de un predio de 27 hectáreas, queremos que el alcalde las deje de trabajar, pero por tener a su favor el fuero y los cuerpos policiacos, de eso se ha valido para amenazar a los compañeros, y no pueden acercarse al terreno porque está custodiado por policí­as; queremos que se haga justicia para los compañeros, ya que no se vale que por no tener dinero, y por no haber sido legalizados los terrenos del predio Piedra de Agua, ahora con el pretexto del artí­culo 27 y de que sean de uso público, se pretenda despojar a los compañeros de las tierras que han trabajado desde hace más de 20 años”.
Sobre el atentado que sufrió el alcalde, consideró que el muní­cipe ha tenido problemas con la población por no cumplirles sus demandas, pero también ha tenido problemas personales.

Nosotros no tenemos nada para actuar de esa manera, argumentó, “a menos que algunos medios quisieran señalarnos como represión pero estamos en la postura que las cosas se hagan conforme a la ley”.

Denunció que la agrupación acusa de complicidad al gobierno local de Naranjal, ya que tanto el alcalde Francisco Tepepa Miranda, como una regidora están en contubernio con las autoridades, para poder legalizar este despojo.

INFORME DEL TINAM: “SIERRA DE ZONGOLICA Y SUS VALLES, 22 DE JULIO DEL 2015

“Denunciamos ante el pueblo y sus organizaciones que hace 2 meses, compañeros indí­genas que participan en nuestra organización “Tinocepanotoke Noche Altepeme Macehualme” (Unión de Todos los Pueblos Pobres)-“Frente Nacional de Lucha por el Socialismo” (TINAM-FNLS) hemos sufrido el intento de despojo de 27 hectáreas que compone el predio “Piedra de Agua”, por parte del polí­tico y cacique Miguel íngel Castro Rosas que, amparado en el fuero constitucional por ser presidente municipal de Amatlán de los Reyes, actúa con impunidad ante el despojo de tierra a los verdaderos dueños.

El señor Miguel íngel Castro Rosas, como todo polí­tico de oficio se ampara en el fuero para cometer el despojo de las tierras, con una serie de triquiñuelas legaloides y se apoya en la fuerza pública para intimidar y proteger “lo que es suyo”.
Como todo cacique de cuchillo y horca desde el fuero como presidente municipal, pone a su disposición a la Policí­a Municipal para cuidar la tierra que hoy nos quiere robar; la pone a su disposición para proteger intereses mal habidos, como es el caso de la sí­ndica Regina Varvay, el contador público Eduardo Gordillo Guzmán, y el agente del Ministerio Público en el municipio de Naranjal, que en lugar de defender al pueblo, procura protección a los caciques de la región, incluido el presidente de Amatlán.

Durante los procesos electorales, los polí­ticos de oficio vienen a nuestros pueblos a decir que cuando lleguen a tal o cual puesto van a defender al pueblo, ESO ES FALSO, porque en cuanto son funcionarios públicos a lo único que se dedican es la defensa de sus intereses, porque mientras prometieron los polí­ticos de oficio absurdos que nunca cumplirán, a nuestros compañeros se les despoja del único medio de existencia, porque la tierra para nosotros nos proporciona vida, mientras que para unos caciques sólo es un medio de enriquecimiento.

El intento de despojo se fraguó desde la impunidad que se les otorga a los polí­ticos de oficio y el tráfico de influencias; el señor Miguel íngel Castro Rosas no sólo utiliza los cuerpos represivos para intimidar y proteger lo que es producto del robo, tanto es la impunidad que tuerce la ley y lo acomoda a sus intereses mezquinos, porque ahora resulta que le compró a una persona que es propietaria desde 1913, es decir una persona de más de 115 años.

Eso es mentira, el predio “Piedra de Agua” estaba como tierra ociosa, desde hace 20 años está bajo nuestra posesión, en ella hemos sembrado café, tepejilote, aguacate, naranja, plátano, chile, frijol, árboles maderables; trabajamos la tierra para sobrevivir a base del esfuerzo, y el trabajo de los hombres del campo.

La Policí­a y los funcionarios municipales antes señalados, se han dedicado a hostigar, amedrentar, como fue el caso de nuestra compañera Avelina Dionisio Miranda, que bajo la intimidación, la amenaza y la agresión psicológica y fí­sica, la estaba obligando a firmar un documento para que no se volviera a meter a la tierra que, según él, no es de ella, ni de los compañeros que están posesionados. Dicho hostigamiento no ha parado, y la sí­ndica, amparada en la impunidad, presiona a los compañeros a vender sus parcelas al “dueño”, y en tono de amenaza les dice que pasen a cobrar el dinero por su parcela, porque el dueño llega todas las tardes.

La indolencia no tiene lí­mites en los polí­ticos de oficio, y en los caciques de cuchillo y horca, porque mientras hay problemas sociales que resolver, no atiende las demandas populares, por andar en clausuras y fiestas patronales.

Hacemos responsable de toda agresión fí­sica y psicológica, de todo acto represivo de que seamos objeto, al presidente municipal de Amatlán, Miguel íngel Castro Rosas y a los funcionarios que lo protegen; al presidente municipal de Naranjal, Francisco Tepepa Miranda, que está de acuerdo con el despojo de nuestra tierra, y al gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, por proteger a estos polí­ticos que despojan al pueblo de la tierra.

¡La tierra se defiende con organización y lucha!

¡La tierra no se vende, se trabaja y se defiende!

¡Por la unidad obrero-campesina!

¡Venceremos-Titlatlaniske!

Tinocepanotoke Noche Altepeme Macehualme

Unión de Todos los Pueblos Pobres

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo”.


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