Se tratan de 2 mil 700 pesos trimestrales, 900 pesos mensuales, lo que equivale a 30 pesos mensuales, menos del salario mí­nimo. 30 pesos que podrí­an alcanzar para medio kilo de tortilla (5 pesos), tres huevos (4 pesos), un cuarto de frijol (6 pesos), 5 pesos para un poco de agua potable y ya.

No hay opciones de un pedazo de carne, ni pensar en comer frutas o verduras. Es imposible costear servicios de salud y medicamentos, ni hablar de comprarse ropa o calzado. A los adultos de la tercera edad ese dinero no les sirve para nada, y si además no les pagan desde hace 10 meses, están condenados a la muerte.

Los profesores, intendentes, trabajadores que tuvieron la oportunidad de adquirir una base laboral para ganarse el sustento durante su vida, son hoy los afectados por la falta de pagos oportunos del Instituto de Pensiones del Estado.

Aunque peor están aquellos que por falta de oportunidades se dedicaron a la herrerí­a, la albañilerí­a, el campo o cualquier otro oficio y que ahora sólo dependen de la "caridad" que el gobierno les otorga, dinero que en realidad no es un regalo, sino producto de los impuestos de los mexicanos, de la economí­a activa a la que una vez los seniles contribuyeron.

UNO DE 36 MIL

Modesto Ramí­rez Mávil tiene 96 años. Desde que era niño las condiciones de pobreza de su familia lo obligaron a trabajar en decenas de oficios para sacar dinero y mantener a su familia.

En su edad adulta se dedicó a ser chofer, luego al campo, trabajó como agricultor y comerciante en la ciudad de Coatepec.
Cuando sus tierras fueron expropiadas por el gobierno se quedó sin nada. Trabajó hasta los 80 años, ahora ya no puede caminar a prisa, sus huesos están cansados, su vista desgastada.

Además, aún hay quien depende de él, su hijo menor de edad adulta tiene Sí­ndrome de Down.

"Yo no fumo, no tomo. Con ese dinero que me daban compro algo de comida para el chamaco y a veces ropa para él; pero en seis dí­as se me termina y ya no hay nada, no alcanza para nada".

Modesto vive en una casa que le pagan sus hijas, entre toda la familia cooperan para los servicios y lo que le llega a hacer falta. Para comer, él tiene que viajar a la casa de su hija más cercana.

"Me mantienen mis hijas a mí­ y a mi niño. Si ellas no estuvieran andarí­a pidiendo limosna. Y si él (su hijo) estuviera bien, lo tendrí­a que mandar a robar porque no nos dan apoyo, no nos pagan".

Cuenta, sin comprender de razones y contextos económicos, que cuando Fidel Herrera Beltrán era gobernador nunca les faltó tanto el dinero: "A veces se tardaban un mes; pero justo cuando nos decí­a que nos iba a pagar ahí­ estaba el dinero, a algunos hasta les soltaba más dinero de su bolsa".

Ahora, lleva casi un año se cobrar la pensión que de acuerdo a la reforma a Ley 223 del Gobierno del Estado, aprobada en abril del 2014, se le debe otorgar a todos los veracruzanos mayores de 70 años.

La última vez que acudió a las oficinas del DIF municipal a preguntar por su pago, fue acompañado de doña Toñita y su hermana, dos vecinas que deben apoyarse en andaderas para poder moverse.

Tuvieron que pedir dinero a sus hijos para pagar un taxi. Era un dí­a de mayo y les prometieron que el pago llegarí­a después del siete de junio, una vez pasadas las elecciones intermedias para diputados federales.

Desde entonces ha enviado a sus nietos a pedir información, ha marcado personalmente a las oficinas para preguntar cuándo van a pagarle los más de 8 mil pesos que le deben.

"No hay razón, me dicen que tenga calma. Primero que el dí­a 7 de las elecciones, luego que no saben cuándo. Da tristeza y lástima ir porque van viejecitas en catres, en sillas, los llevan cargando. Nos dicen que el señor gobernador quién sabe que le hizo al dinero, algo habrá comprado por ahí­ y se lo acabó. No está bien eso".

AL DIF NO LE IMPORTAN SUS ANCIANOS; A LA SEFIPLAN MENOS

En diciembre del 2013, la directora del DIF estatal, Astrid Elí­as Mansur, frente a las cámaras maquillada y bien vestida, presentó los gimnasios para adultos mayores que tienen ahora los DIF municipales.

Aquel dí­a se tomó fotos con un grupo de mujeres de la tercera edad, sonriendo, emitió un discurso de compromiso con los adultos mayores y anunció que el presupuesto anual para las pensiones alimenticias serí­a de 437 millones de pesos.

El diputado Édgar Hugo Fernández Bernal, indicó que las pasadas elecciones no fueron motivo de la suspensión de programas sociales, pues lo único que indica la Ley Electoral es la prohibición de la promoción de los programas, más no su cancelación.

Además, el adeudo tiene tres trimestres sin pago, por lo que el asunto de las elecciones no es una justificación válida.

"Se nota una total desidia y desatención por parte del gobierno del estado. Es una muy mala planeación financiera que tiene el estado en cuanto a la entrega de estos recursos, yo no veo otra explicación. Es falta de priorización de acciones. Esto está presupuestado en el presupuesto de egresos".

De modo que los más de 300 millones de pesos no tienen por qué faltar ni estar retrasados, a menos claro, que no se tenga. En ese sentido, el diputado indicó que ya se formó una comisión de diputados para que le den seguimiento al caso.

Sin embargo, indicó que los afectados pueden presentar acciones legales para denunciar la falta de pagos y con ello fincar responsabilidades al Secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrí­n y a la directora del DIF estatal, Astrid Elí­as Mansur.

"Esto ya está dando muestras de la realidad que no es nada alentadora. Tarde que temprano ya no habrá dinero para pagar las pensiones (...) ya es momento de empezar a apretar porque no podemos seguir con esta polí­tica de omisión".