Cada dí­a es una realidad que la agenda polí­tica la ponen los señores del dinero a través de sus medios de comunicación. Por medio de las grandes cadenas de Radio, Televisión y Prensa, promueven y exaltan los valores de un liberalismo económico y ético-polí­tico que reduce la polí­tica a prácticas de mercado (Teorí­a económica de la democracia, autor Anthony Downs, editorial Aguilar, impreso en España, en 1973), donde el ciudadano es visto como un consumidor en busca de quien le dé más por su voto.

En esta concepción nada tiene de raro ver que los distintos actores racionalicen sus acciones hasta descender a estrategias encaminadas a simplemente maximizar ganancias. La partidocracia una vez que tiene o comparte el poder privilegia la búsqueda por conservar su parcela de poder frente al Bien Común que ni le viene de sujetar el interés privado al interés público y menos de construirlo dialógicamente sino de agregar opiniones y voluntades o negociar, como el Pacto por México, en el cual los partidos de oposición encontraron el momento propicio para llevar a la mesa un paquete de propuestas que fueron generadas originalmente por los gurús del capital, no únicamente en contra del PRI sino también en contra del sistema de partidos, en un afán de suplantar el control que actualmente tienen sobre la representación polí­tica por un control empresarial y confesional.

La oposición dio su voto a las iniciativas del Presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de reformas electorales y polí­ticas que no obstante estar dirigidas a debilitar a los partidos, las hicieron suyas pensando en cómo descarrilarí­an al tricolor y ya ven, hoy marcha sobre rieles, con 260 diputados y la gubernatura de Nuevo León, que tení­a perdida y que la figura ciudadana le permitió que la ganara un priista con traje de ciudadano, con menos costos de lo previsto.

Entre las reformas electorales que la oposición impuso para despojar al PRI del poder, está precisamente la reforma que le expropia a las legislaturas de las entidades federativas de su facultad de nombrar a los consejeros de los órganos electorales encargados de preparar y organizar las elecciones locales para presidentes municipales, diputados locales y Gobernador, pasando en adelante esa potestad a la burocracia del Instituto Nacional Electoral, significando un retroceso centralista y un golpe a nuestra famélica soberaní­a, con lo cual se fortalece la Junta de Notables que encabeza el racista de Lorenzo Córdova y se instala en el ámbito electoral, con despotismo vernáculo (el lenguaje del consejero presidente lo dice todo).

El problema es que durante el tiempo que la Legislatura local recibí­a las propuestas y nombraba a los consejeros del IEV, se abrí­a un debate que por fortuna traspasaba los muros del recinto legislativo y podí­an ventilarse solo los méritos académicos de los futuros integrantes del órgano de gobierno del Instituto Electoral Local, a la vez, se discutí­an su congruencia personal y ciudadana.

Las autoridades electorales deben surgir del campo de la ciencia polí­tica (en particular en estudios del comportamiento polí­tico, de las instituciones, el Estado), la sociologí­a polí­tica, la historia, la comunicación polí­tica, la filosofí­a jurí­dica y polí­tica, el derecho constitucional.

Hay que tener mucho cuidado de que no se cuelen crí­ticos del gobierno de temporada, de aquellos que atacan solamente a los gobiernos que no les dan, de esos que han gozado de prebendas de administraciones pasadas, de los que han servido a partidos sin afiliarse, de todos los gatopardistas, que según les vaya en la feria, serán gobiernistas o antigobiernistas.

Lo peor es que desde el centro se concretan a papeleo y entrevistas que no entren a lo personal, que como dirí­an los representantes de la lucha por la equidad de género, también lo personal es polí­tico, y den su vení­a a alcohólicos, acosadores de alumnas, protagonistas de litigios bancarios y timadores con estudios que han resultado un fiasco, pero eso si bien cobrados al gobierno.

Tener grados académicos, ya Lorenzo Córdova, nos dio una prueba, no significa tener el perfil profesional y menos moral para ser consejero del órgano electoral. No abramos las puertas a purismos pero tampoco a escándalos que hundan más en el descredito al IEV.

Los que se van debí­an ser arraigados, hasta que pasen una auditorí­a fiscal, que coteje que coincidan sus bienes y los de sus familiares, con los ingresos obtenidos en su ejercicio.

Detrás de esas reformas sin fin, se esconde el plan de tener al órgano electoral como rehén para poner en duda su eficacia que les de pretexto para cuestionar sus resultados y justificar altos sueldos y derroches que lo hagan el botí­n más atractivo de vividores de cuello blanco.

Es evidente que la reforma electoral federal fue a todas luces inconstitucional por despojar a los estados de una potestad originaria e ir en contra de la esencia de la República Federal.