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Miércoles 01 julio, 2015

Lucha migrante torturado en México por indemnización

Cuando íngel Amí­lcar cruzó México con rumbo a los Estados Unidos en 2009 no fue ví­ctima, como cientos de migrantes, de los cárteles o de las bandas de trata de personas. Este hondureño fue presa de los vicios del sistema de justicia, agudizados por el descontrol de la guerra contra el narcotráfico. íngel fue detenido en Tijuana por la policí­a mientras esperaba cruzar a Estados Unidos y fue acusado de traficar droga. Antes de ser enviado a la prisión fue torturado y humillado por militares. Un juez lo exoneró el año pasado y fue liberado tras un lustro en una cárcel.

Tras su liberación, Amí­lcar regresó a casa a ver a su pareja y a su hijo en el departamento de Gracias a Dios, en Honduras. Ahora, está de vuelta en México empeñado en brindar a su historia un final feliz. Su sonrisa deja ver unos dientes muy blancos, carentes de rencor. Está por comenzar una batalla. Busca que quienes lo torturaron sean castigados, limpiar su nombre y que el Estado mexicano lo indemnice por el daño provocado. “Si mi caso no llega a concluirse es un antecedente no prometedor para los mexicanos y extranjeros que han sido ví­ctimas de tortura”, dice.

íngel rema a contracorriente. Entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió más de 7.000 quejas por tortura y malos tratos. Solo existen seis sentencias por este delito desde 2005, según un informe de Amnistí­a Internacional. “Torturar no cuesta nada en México. Ni administrativamente, ni penalmente”, señala el abogado Luis Tapia, uno de los abogados de la ví­ctima.

La lucha de este garí­funa (una etnia negra de orí­genes africanos y caribeños con raigambre en la zona del Atlántico centroamericano) se enmarca en un contexto especial.

Luis Pablo Beauregard/El Paí­s

El Gobierno de Enrique Peña Nieto lleva meses tratando de refutar los señalamientos que le llueven del extranjero por violaciones de derechos humanos. Uno de los más feroces crí­ticos ha sido Juan Méndez, el relator de tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que firmó en febrero un polémico informe donde concluyó que la tortura y los malos tratos en las detenciones en México eran generalizados. Como parte de su investigación, Méndez visitó a íngel Amí­lcar en prisión en mayo de 2014. Un mes después el hondureño fue declarado preso de conciencia por Amnistí­a Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustí­n Pro Juárez.

Amí­lcar se encuentra ahora inmerso en un pantano burocrático. No puede acceder a los recursos que ofrece el Gobierno a las ví­ctimas de la violencia porque el Estado no admite el protocolo de Estambul (un conjunto de reglas para documentar la tortura) que le aplicaron peritos independientes. “La PGR quiere someterlo a otro donde vuelva a contar toda su experiencia y revictimizarlo. Es un examen muy intrusivo”, dice Tapia.

El protocolo, realizado cuando íngel llevaba cuatro años en la cárcel, fue pagado por una ONG hondureña después de que la defensorí­a pública mexicana rechazara hacerlo por no tener dinero. Durante el proceso judicial la prueba no fue desechada por las autoridades. “Si no admiten el protocolo cualquier individuo que sea torturado y que contrate peritos independientes verá caer las pruebas vinculadas a la tortura”, dice Amí­lcar.

La ví­ctima ya contaba con la promesa de funcionarios mexicanos. Lí­a Limón, la encargada de Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobernación (SG, Ministerio del Interior), lo recibió el 3 de noviembre de 2014. “Se disculpó en nombre del Estado por todo lo que me habí­a pasado”, recuerda íngel. “Me dijo que contaba con un fideicomiso y que iba a agotar todas las instancias para repararme el daño”.

Según documentos en poder de este periódico, las gestiones de la alto cargo siguieron. En un oficio fechado en diciembre de 2014 se solicitaba a íngel documentos que comprobaran gastos hechos por su familia en tratamientos médicos y psicológicos. Estos se incluirí­an como “daños emergentes” que se sumarí­an a una indemnización general.

Fue la polí­tica la que se interpuso entre el diálogo del Gobierno y la ví­ctima. En marzo, Lí­a Limón abandonó el cargo para buscar ser diputada por el Partido Verde. Fue hasta la semana pasada que íngel Amí­lcar fue recibido por Roberto Campa, el relevó en la oficina de Gobernación. “Está más dispuesto que la anterior”, asegura el hondureño.

íngel sabe que su petición es difí­cil. “No ando soñando en la reparación, creer que eso va a solucionar mi futuro serí­a engañarme”. Prefiere concentrarse en la siembra de bananas en Honduras. También quiere recuperar el tiempo perdido con su familia. “Mi hijo creció sin mí­. Cuando uno se aleja se pierde el cariño”. Sabe que el amor, como su huerto, necesita cultivo y atención. “Si no, la mala hierba se come todo”.


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