Este año, SinEmbargo y otros diarios como Vanguardia de Saltillo recibieron solicitudes de supuestos despachos jurí­dicos para que se eliminaran imágenes y notas del polémico ex Gobernador y expresidente del PRI, Humberto Moreira, acusado de provocar un endeudamiento histórico en el estado mexicano de Coahuila.

En el caso de SinEmbargo, el correo, de una supuesta empresa llamada Emilinalia, fue firmado por un individuo identificado como Rubén Gálvez. Pidió eliminar una nota y fotos.

“Queremos ejercer los DERECHOS ARCO de mi cliente, mediante derecho de Cancelación, por tal de tener hacer cumplir con la ley de protección de datos personales. Respetando su derecho a la información y libertad de expresión, con sustituir el nombre de mi cliente por iniciales y quitar la imagen damos el problema por subsanado, así­ prevalecen ambos derechos. El hecho por el cual quiere desaparecer de internet es por tener un anonimato del lugar en el que vive, después de todo lo ocurrido con su familia, e intentar pasar página de hechos traumáticos del pasado”, decí­a Gálvez en su comunicación electrónica.

Moreira, un polí­tico acusado de corrupción y obligado a renunciar a la presidencia del PRI tras un escándalo que escaló a nivel internacional, busca borrar una nota de marzo de 2012 que lo muestra con su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila, de visita en Cuba en un auto Mercedes Benz de lujo. De acuerdo con quien denunció entonces, los hermanos se hospedaron en un hotel también de lujo. Dijeron que “incluso tienen una casa rentada aparte para sus invitados y sus fiestas”.

Las fotos fueron publicadas en la página de Facebook de Indignados Coahuila, un grupo civil que protestó en contra del endeudamiento que sufrió esa entidad en manos de Humberto Moreira. El movimiento nació a partir de la indignación social de los coahuilenses por los desfalcos cometidos en la administración del ex lí­der e los priistas.

Varios de los funcionarios de Moreira se encuentran hoy en prisión por robar dinero público. Fueron detectados y detenidos en Estados Unidos.

Hoy, el diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ) asegura que la sede en México de la empresa tecnológica estadounidense Google está apelando al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) el denominado “derecho al olvido”, que permitirí­a a cualquier polí­tico o magnate de los negocios eliminar enlaces en buscadores o páginas de Internet que consideraran fueran negativos hacia ellos.

En un despacho publicado en el rotativo y firmado por Laurence Iliff, el medio indica que activistas defensores de la libertad de expresión en México están desafiando un fallo en contra de Google, el cual dicen, permitirí­a a los polí­ticos y a acaudalados hombres de negocios abusar del derecho al olvido.

El diario estadounidense destacó que la unidad de Google México, S. de R.L. de C.V., así­ como un grupo locales de activistas en derechos digitales están luchando en los tribunales mexicanos para anular la sentencia reciente del INAI.

En entrevista, el activista por los derechos digitales Jesús Robles Maloof, le dijo a SinEmbargo que considera correcto la apelación que está realizando la Red por los Derechos Digitales. “Ha tomado una decisión correcta, porque la libertad de expresión debe ser protegida sobre otros derechos que existen, ya que es la piedra angular de la democracia”, dijo el ativista.

“Reconocemos desde el ContingenteMX, que existen otros derechos cómo el de la privacidad y al honor, pero cuando se trata de polí­ticos o personas públicas se trata. Sin embargo, en México, el umbral de la privacidad de los polí­ticos o ciertos personajes públicos, no es el mismo umbral de un ciudadano. El pretendido derecho al olvido no existe como tal en nuestra legislación. No existe un derecho a pedir que una plataforma o un diario retire un contenido”, aseguró Robles Maloof a SinEmbargo.

El activista dijo además que los polí­ticos no pueden argumentar el mismo derecho que un ciudadano, ya que son sujetos a escrutinio público.

“Apoyaremos siempre a los medios que sean sometidos a estas presiones a las que están sujetos por los polí­ticos. El derecho al olvido abrirí­a la puerta de forma peligrosa para eliminar la memoria histórica de este paí­s”, dijo.

En el mes de enero pasado, el INAI determinó a favor de un heredero del transporte, Carlos Sánchez de la Peña, quien solicitó a Google que tres enlaces fueran eliminados, y que contení­an comentarios negativos sobre las relaciones comerciales de su familia, incluyendo un plan de rescate del gobierno por préstamos incobrables.

La determinación sigue al precedente fijado en Europa hace un año, conocido como “el derecho al olvido”, que permite a las personas mantener su privacidad en Internet.

Sin embargo, la Unión Europea y México tienen excepciones a las reglas de privacidad en Internet si la información es de interés público. Pero el INAI, dice el WSJ, no aplicó esa excepción, argumentando que Google México no hizo caso.

EL DERECHO AL OLVIDO DE MOREIRA

El diario asegura además de que el citado falló del INAI ha propiciado otros reclamos en México. Por ejemplo, es el caso del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien está solicitando a un diario local (Vanguardia de Saltillo) remover la foto de su torso, citando el derecho a la privacidad.

La solicitud la hizo Moreira a través de la empresa española Eliminalia, que abrió una unidad en México y que dice tener una lista de clientes de alto perfil. La compañí­a europea dice especializarse en “luchar” para remover ligas en Internet.

Luis Fernando Garcí­a, abogado en derechos digitales quien está llevando el desafí­o legal contra la decisión del INAI, le dijo al WSJ que “este es un caso de matar al mensajero”.

Garcí­a consideró que la decisión del INAI permite a las personas borrar los enlaces que nos les gusta de sí­ mismos, sin tener que probar si la información es falsa o injuriosa, lo que viola el derecho constitucional de los mexicanos de la libertad de expresión, indicó el abogado.

Además, indica el medio estadounidense, Google México argumentó que la decisión del INAI “infringe el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión”, y que la empresa está ejerciendo sus opciones legales.

EL CASO DEL EMPRESARIO TRANSPORTISTA

El diario recuerda que el INAI tomó el caso en 2014, luego de que Google México rechazó una petición del empresario Carlos Sánchez de la Peña, cuya familia posee lí­neas de autobuses desde hace varias generaciones.

En su petición, el empresario dijo que tres enlaces del buscador “distorsionan y descontextualizan la información sobre mis actividades como empresario”.

El más prominente de los enlaces es un artí­culo de año 2007 de la revista local Fortuna sobre una demanda contra el padre de Sánchez de la Peña, el difunto Salvador Sánchez Alcántara, de parte de los accionistas de la empresa Estrella Blanca.

En el artí­culo de la revista Sánchez de la Peña fue nombrado. El Wall Street Journal pidió una declaración a an abogado de los accionistas de Estrella Blanca quien declinó a realizar comentarios, argumentando que la demanda aún se encontraba activa.

Estrella Blanca recibió millones de dólares en préstamos de la banca mexicana, indica el diario, que colapsó durante la crisis financiera de 1995. Los préstamos, la mayorí­a de ellos vencidos, fueron absorbidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El comisionado del INAI argumentó que Sánchez de la Peña cumplió el requerimiento de privacidad que permite remover la información cuando “persistentemente causa daño” aún si la información fue publicada de forma legal.

En un giro del caso, dice el WSJ, el INAI accidentalmente reveló el nombre de Sánchez de la Peña cuando debió cubrir todas las referencias de su nombre en la resolución.

Un representante del INAI y de Sánchez de la Peña dijeron que tampoco tení­an comentarios para el diario estadounidense.