Las calificadoras Fitch y Moddy”™s lo han advertido: este año y los siguientes aumentará el riesgo de que los pasivos de los gobiernos estatales repunten, entre otras cosas, debido a los bajos ingresos, cuyo golpe terrible ha sido el petróleo más barato en el mercado internacional.

Y aun cuando según las calificadoras, en los últimos trimestres se ha registrado “un comportamiento más disciplinado en la solicitud de deuda” de la mayorí­a de los gobernadores, el riesgo permanece latente (El Universal, 16 de mayo, 2015).

Incluso, la agencia Fitch alertó que a partir de los comicios de diputados federales en cada entidad federativa, algunos jefes de los Poderes Ejecutivos estatales podrí­an disparar la deuda hasta en un 15 por ciento, de tal forma que si por ahora está cuantificada en 510 mil millones de pesos en el paí­s, se incrementarí­an a 586 mil millones.

Pero sean cuales sean las circunstancias, lo más gravoso y penoso es que todos los gobiernos de los estado, sin excepción, cargan, como es natural, el pago de la deuda a las participaciones federales.

Y como ocurre en el caso de los gobernadores que van de salida (el 7 de junio habrá elecciones de nueve y el año entrante serán 14), entonces, las participaciones federales quedarán gravadas, y por tanto, las manos atadas a los sucesores para maniobrar con tal posibilidad en la construcción de obra de infraestructura y de servicios públicos.

Tal es el caso, por ejemplo, del dictamen de la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público, donde queda manifiesto que de cada cien pesos que los gobernadores en turno deben, 85 pesos de las participaciones federales están comprometidos como aval de que les pagarán a las instituciones bancarias.

Y los bancos, así­ sean los llamados de desarrollo, de cualquier forma cobran pues hay un acuerdo con Hacienda para que antes, mucho antes de enviar a cada estado las participaciones les sean ordeñadas en el pago de la deuda a los bancos, la mayorí­a de ellos, la banca múltiple.

Así­, y por ahora, los gobiernos de los estados, más el Distrito Federal y los municipios tienen adeudos por 296 mil 261 millones de pesos.

En tanto, la deuda con la banca de desarrollo, entre las que se cuenta BANOBRAS, asciende a 113 mil millones de pesos.

Por fortuna, en el Congreso de la Unión camina la iniciativa de ley para que la deuda pública de los estados y municipios del paí­s sea regularizada desde la Secretarí­a de Hacienda, pues hay estados que arrastran una vieja deuda, además de que cada gobernador, sin control alguno, continúa solicitando créditos.

“En los primeros tres meses del año, la deuda que contrajeron las 32 entidades sólo fue de 341 millones de pesos superior al cierre de 2014” publicó Mario Alberto Verduzco en El Universal.

HOYANCO DE LA DEUDA PÚBLICA ES UN ABISMO

La fuente de ingresos más importante para los estados son las participaciones.

Y como en el caso de Veracruz, se disparan por el petróleo; pero ahora, con el desplome del precio en el mercado internacional, también resulta uno de los más afectados.

Y, bueno, si en un momento determinado la deuda compromete por completo las participaciones, entonces, la entidad federativa sobreviene en un caos.

Los últimos cuatro años con cinco meses, por ejemplo, en la tierra jarocha, tirios y troyanos la han pasado litigante sobre la deuda.

Según la Secretarí­a de Planeación y Finanzas, SEFIPLAN, llega a 40 mil millones de pesos, con lo que la deuda es manejable.

Pero de acuerdo con el investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, es superior a los cien millones de pesos, aun cuando el diputado local, Ricardo Ahued Bardahuil habla de 90 mil millones y, en contraparte, su homólogo Fidel Robles Guadarrama sostiene que alcanza los 140 mil millones.

En contraparte, bastarí­a recordar que hacia el mes de diciembre, 2014, la LXIII Legislatura autorizó un crédito de 5 mil millones de pesos al gobierno del estado.

Todaví­a, entonces, nadie vislumbraba la caí­da en el precio mundial del petróleo.

RIESGO LATENTE

Según las calificadoras Fitch y Moody”™s, los pasivos estatales aumentarán este año también por los comicios.

Y, desde tal perspectiva, entonces, en Veracruz, como en 13 estados más del paí­s donde el año entrante habrá elecciones de gobernador, el pasivo se multiplicará, por lo siguiente.

En cálculo conservador, una campaña por una gubernatura cuesta (aviso a Antonio Gómez Pelegrí­n, titular de SEFIPLAN), unos mil millones de pesos, promedio, y en el caso de los candidatos del partido oficial en la silla embrujada del palacio de gobierno, suele darse un financiamiento desde adentro, pues ni modo que el candidato disponga de su bolsa.

Por eso, incluso, durante los últimos tres años de su sexenio, Fidel Herrera Beltrán solí­a llenar su alcancí­a ordeñando la vaca y diciendo a la elite priista que era para la campaña.

El riesgo, pues, de un incremento en la deuda de Veracruz es latente.