Si bien es cierto con alguna frecuencia aquello de que una imagen dice más que mil palabras, pocas veces una fotografí­a tiene un valor periodí­stico integral, capaz de proporcionar al lector no sólo la constancia del hecho, sino a la vez su entorno, sus consecuencias, su trascendencia y su sentido noticioso. Tal es el caso de la gráfica captada por el fotógrafo Israel Rosas y publicada a cuatro columnas en primera plana del diario Reforma el pasado miércoles 22 de abril.

En ella aparecen los senadores priistas Carlos Romero Deschamps y Gerardo Sánchez Garcí­a. El primero es el lí­der nacional del sindicato petrolero y dueño de una fortuna inmensa de la que él y su familia suelen hacer alegre ostentación. Es el heredero del imperio de Joaquí­n Hernández Galicia, La Quina. El segundo es el ex secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y aspirante nada menos que a la candidatura del PRI por la gubernatura de Guanajuato, su estado natal, en los comicios de 2018. Hace unos meses fue acusado por campesinos de Salvatierra de haberse apropiado de 33.9 millones de pesos de subsidios federales para la Fundación Organizados para Servir (Fosac), su negocio particular en realidad.

Con esos recursos construyó en su terruño invernaderos para cultivar chile morrón y bodegas para almacenamiento de granos que renta a productores y adquirió y rehabilitó la ex hacienda Santo Tomás de Huatzindeo, ubicada en terrenos ejidales, que planeaba escriturar a nombre de su fundación, de acuerdo con una investigación publicada en agosto pasado por el propio diario capitalino.

El periódico realizó un recorrido por los invernaderos y la hacienda, donde campesinos denunciaron que Sánchez Garcí­a engañó a agricultores, a quienes les prometió que, con las acciones de su fundación, otorgarí­a apoyos. Sin embargo, se quejaron, el apoyo nunca llegó e incluso señalaron que el dinero entregado por el gobierno federal a la Fosac es administrado por un hermano del legislador, Amador Sánchez, para beneficio familiar. En entrevista, Sánchez Garcí­a reconoció que su organización ha recibido ese dinero. Su respuesta, textual, no tiene desperdicio: “Creo que son más de 33 millones de pesos, pero no es propiamente para beneficiar a nadie en lo particular. Son grupos organizados para emprender proyectos productivos que son perfectamente analizados y que son también ampliamente revisados por el Gobierno de la República, por la dependencia correspondiente y donde se tienen que reunir los requisitos, donde se tiene que hacer el proyecto para recibirlos” (sic).

En la foto de marras, captada desde el segundo piso del recinto senatorial del Paseo de la Reforma, Romero Deschamps y Sánchez Garcí­a aparecen en sus escaños evidentemente entretenidos en la revisión de unos catálogos sobre yates de lujo… ¡justo en los momentos en que el pasado martes 21 se discutí­a en el Senado el llamado Sistema Nacional Anticorrupción! Sí­, yates de lujo, con precios de millones de dólares, que se observan en las ilustraciones de los folletos que tienen en sus manos. Nada raro: se conoce la afición del lí­der petrolero por los barcos particulares. Posee al menos un yate, en el cual fue visto al llegar a Isla Mujeres, Quintana Roo, en septiembre pasado. El yate de Romero Deschamps, apodado “El Indomable”, ha sido valuado en más de 1.5 millones de dólares (unos 24 millones de pesos).

En el contexto de la discusión en la Cámara Alta, donde los senadores avalaron con 98 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, cambios a 14 artí­culos de la Constitución para crear un cacareado pero mocho Sistema Nacional Anticorrupción ”“que no suprime, como se esperaba, el fuero constitucional para el Presidente de la República””, la fotografí­a es el retrato mismo de la impunidad prohijada y disfrutada por el PRI durante décadas y hoy jubilosamente compartida por gobernadores, funcionarios y legisladores del PAN, el PRD y el Partido Verde en diversos lugares del paí­s.

En semana de coincidencias no precisamente felices, ese mismo dí­a se dio a conocer el índice Global de Impunidad, un estudio realizado de manera conjunta por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado (CCSPJP), en el que México se ubica como el segundo paí­s miembro de la ONU con más alto í­ndice de impunidad, sólo superado por Filipinas.

El índice de Impunidad Global es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por paí­s. En el análisis se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadí­stica comparable. De los 193 miembros de la ONU, 59 paí­ses fueron incluidos en el índice Global de Impunidad por haber contado con información estadí­stica suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. De estos, los cinco paí­ses peor evaluados son Filipinas, México, Turquí­a, Colombia y Rusia, mientras que los mejor calificados son naciones europeas. El reporte refiere que México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

Y un dí­a después, el director del Centro de Estudios “Espinosa Yglesias” (CEEY), Enrique Cárdenas, advirtió que “si la corrupción continúa al alza México no tiene futuro como paí­s”. Al respecto, los representantes de las organizaciones México ¿cómo vamos?, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos Primero, coincidieron que el tema de la corrupción se ha posicionado en el paí­s, aún por encima de la pobreza. De acuerdo con datos de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 103 de 175 paí­ses en el í­ndice de transparencia. Los niveles de corrupción de nuestro paí­s son equiparables a los de paí­ses como Bolivia, Moldavia y Niger. A nivel América Latina, México se encuentra por debajo de sus principales socios y competidores económicos: 82 posiciones por debajo de Chile y 34 de Brasil. Además México es el paí­s de la OCDE con el mayor í­ndice de corrupción. La profesora y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Marí­a Amparo Casar, detalló que el 97 por ciento de los delitos de corrupción quedan en la impunidad. A su vez, Manuel Molano reiteró que la corrupción invade directamente en la rentabilidad de la inversión del paí­s. Finalmente el investigador asociado de México Evalúa Marco Fernández dijo que se espera responsabilidad polí­tica de los legisladores en los Congresos locales para ratificar a la brevedad la reforma constitucional en materia de corrupción. Y es que aun limitado y timorato, el dichoso Sistema deberá ahora ser aprobado por cuando menos 17 legislaturas estatales. Y encontrará obvia resistencia por parte de los congresos de diversas entidades, cuyos gobernadores buscan preservar su impunidad con el argumento de que la reforma vulnera la esencia de la soberaní­a al fiscalizar el uso de los recursos federales que reciben sus estados. Por lo demás, nadie parece convencido de que la nueva norma servirá realmente para poner un freno a la corrupción ya generalizada en la que chapotean los polí­ticos mexicanos de todos los colores.

En ese contexto de vergonzosa impunidad nacional para nuestro paí­s, la Secretarí­a de la Función Pública presumió que en 2014 sancionó un total de 13 mil 823 funcionarios públicos, lo que representa un incremento del 46.41 por ciento en relación al 2013, cuando la cifra alcanzó los nueve mil 441 casos. Julián Olivas Ugalde, ex titular de la dependencia, informó que el año pasado se aplicaron un total de 16 mil 851 penalizaciones a servidores públicos que incurrieron en alguna irregularidad. De ese total, tres mil 678 fueron suspensiones, 920 sanciones económicas, tres mil 104 inhabilitaciones, 422 destituciones, cuatro mil 260 amonestaciones públicas y cuatro mil 467 amonestaciones privadas. El funcionario no lo dijo, pero no hubo un solo funcionario sometido a proceso y, menos, encarcelado. Ni uno solo.

Ese es finalmente el problema. La corrupción dota a los servidores públicos de fortaleza económica y polí­tica que se convierte en una coraza contra la justicia; es decir, les otorga la impunidad que les permite no sólo seguir disfrutando en plena libertad de los recursos mal habidos, sino inclusive hacer grosera ostentación de ellos. La foto de Israel Rosas es efectivamente el mejor retrato de esa realidad. No hay una sola palabra que agregar. Si se dice de manera cí­nica que la corrupción es el aceite que permite a este paí­s moverse, la impunidad es el sellador impenetrable. Válgame.