A poco más de dos años de asumir la gubernatura de Morelos, Graco Luis Ramí­rez Garrido Abreu enfrenta severas crí­ticas por parte de organizaciones, polí­ticos, sociedad, incluso de analistas que le auguraban una buena gestión, debido a la creciente inseguridad que se vive en la entidad, sin dejar de soslayar los problemas en las finanzas del estado y los conflictos sociales.

Ramí­rez Garrido Abreu ”“de extracción perredista”“ llegó a la gubernatura de Morelos el 1 de octubre de 2012 apoyado por la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, que integraban los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Su llegada a Morelos fue vista por analistas polí­ticos como un signo positivo para la entidad, que se encontraba en crisis por la ola de violencia que se vivió en los últimos años de la gestión de su antecesor panista Marco Antonio Adame Castillo.

El asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia Zardain, fue la tragedia que alejó al Partido Acción Nacional (PAN) de toda esperanza para continuar gobernando Morelos.

Con la promesa de erradicar la delincuencia en los primeros 18 meses de su mandato y aumentar la inversión en programas sociales que beneficiaran a los morelenses, Graco Ramí­rez se convirtió en el primer mandatario de izquierda en gobernar esa entidad.

Sin embargo, en los 29 meses que van de su administración Graco ha sido acusado de ordenar reprimir protestas campesinas, ignorar a organizaciones que alertan sobre el aumento de feminicidios en la entidad y endeudar al estado con más de 5 mil millones de pesos.

Además, por convertir a Morelos en el último lugar de desarrollo económico, educativo y social, y en primer lugar de criminalidad, de acuerdo con organizaciones y polí­ticos de la entidad.

A tres semanas de haber tomado posesión como Gobernador, cientos de policí­as estatales arremetieron en contra de un grupo de campesinos de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, que se oponí­an a la construcción del gasoducto y la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Habitantes de la comunidad de Jantetelco acusaron al Gobernador de utilizar la fuerza pública y encarcelar a sus compañeros Jaime Domí­nguez de 53 años, Carmelo de la Torre de 57 años, Fidel de 70 años y a Urbano de 58 años, quienes lograron su libertad dí­as después gracias al trabajo organizado de la comunidad y la presión de los pueblos.

Un año después, el 19 de septiembre de 2013, en la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Cuautla, cuando se esperaba el diálogo con los representantes del gobierno estatal y los promotores de la termoeléctrica, el gobierno de Graco Ramí­rez respondió una vez más con la violencia.

Al lugar llegaron alrededor de 50 policí­as estatales, los cuales agredieron fí­sicamente a los campesinos que se manifestaban en contra de la construcción. El resultado de dicha acción fue la detención de Jaime Domí­nguez Pérez, quien fue puesto en libertad dí­as después, pues los argumentos que le imputaban carecí­an de fundamento, documentó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala.

El conflicto por la construcción de la termoeléctrica continúa, el pasado 11 de abril durante el acto oficial por el 96 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Gobernador Graco Ramí­rez y el titular de la Secretarí­a de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, tuvieron que salir huyendo de la ex hacienda de Chinameca ante la irrupción de decenas de campesinos que llevaron su protesta al lugar.

Al Gobernador ni siquiera le dio tiempo de colocar la ofrenda floral y hacer la guardia de honor frente a la estatua de El Caudillo del Sur, de acuerdo con reportes de la prensa local.

Entre los manifestantes se encontraban el nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata González, quien encabezó la protesta con consignas como “¡Gracoducto no!”, “¡Agua sí­, termo no!”!, entre otras. La policí­a llegó hasta ellos y los encapsuló para dejarlos lejos del templete colocado para el Gobernador y sus invitados especiales.

Y LA INSEGURIDAD SIGUE…

El pasado 18 de marzo, seis candidatos del PAN a presidentes municipales en Morelos se retiraron del proceso electoral tras recibir amenazas de secuestro e intentos de extorsión por parte del crimen organizado.

Joel Juárez Guadarrama, secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal del PAN, dijo a la prensa que esa situación se presentó en las candidaturas para las alcaldí­as de Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Amacuzac, Coatlán del Rí­o, Tetecala de la Reforma y Jojutla. Los primeros cuatro municipios se localizan en los lí­mites con Guerrero y forman parte del Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente.

En Morelos y Guerrero están las ciudades más violentas de México, de acuerdo con el ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En estas dos entidades es donde se registra el más alto í­ndice de averiguaciones previas por homicidio, secuestro, violación, robo con violencia y extorsión.

También en esos dos estados habrá elecciones el próximo 7 de junio.

Legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN, PRD, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PT, Partido Nueva Alianza y MC indicaron que en el estado de Morelos hubo agresiones contra candidatas para las elecciones locales y federales del próximo 7 de junio.

El pasado 7 de abril, en una conferencia de prensa solicitaron a Graco Ramí­rez brindar la seguridad necesaria.

Apenas el pasado miércoles sujetos desconocidos dispararon contra el vehí­culo en el que viajaba Mauricio Lara, candidato del Partido Socialdemócrata (PSD) a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata.

El blindaje de la unidad ”“una camioneta Chevrolet”“ posibilitó que el candidato y sus acompañantes, que conformaban su escolta, salieran ilesos del ataque en el que el vehí­culo recibió al menos cinco impactos de bala.

En otro hecho, el pasado 30 de marzo, en un supuesto ataque del crimen organizado, apareció destrozado el memorial por la paz que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) colocó sobre la Avenida Universidad, en Cuernavaca para renombrar un fragmento de la ví­a como “28 de marzo”, fecha en que esa agrupación civil nació.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Morelos es la cuarta entidad con las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 21.92 por ciento de enero a diciembre de 2014. Esto es, sólo por debajo de Guerrero [42.69], de Sinaloa [33.33] y de Chihuahua [29.59].

En cuanto al delito de secuestro, Morelos fue la segunda entidad con la tasa más alta por cada 100 mil habitantes durante 2014, con 6.06 por ciento, sólo por debajo de Tamaulipas que registró una tasa de 7.48 por ciento.

FEMINICIDIOS A LA ALZA

Otro problema que aqueja a la entidad son los feminicidios. Pese a que en Morelos existe una solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) desde 2013, los feminicidios se dispararon a 103 en los últimos 20 meses, “debido a las omisiones del Gobernador Graco Ramí­rez Garrido Abreu”, denunciaron activistas que forman parte de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de la entidad el pasado 15 de abril durante una conferencia de prensa.

La organización documentó 530 feminicidios desde 2000 hasta 2013, para solicitar la alerta de género para Morelos. A la fecha, y con los 103 feminicidios nuevos, suman 633 de 2000 a febrero de 2015.

“El mismo Gobernador ha minimizado, ha ridiculizado el término de feminicidio. Ha dicho que somos muy exageradas, que se tendrí­a que hablar también de ”˜hombricidios”™. Hay una ignorancia. El señor Graco Ramí­rez está en ese cargo y sus declaraciones tienen implí­cita una violencia institucional”, acusó Paloma Estrada Muñoz, defensora de derechos humanos.

Activistas y ciudadanos morelenses señalan que en la entidad no existe un Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia Feminicida, ni se garantiza la investigación de los casos.

MAS ESCíNDALOS Y DENUNCIAS

El domingo 5 de abril, Graco Ramí­rez acudió al evento que organizó el PRD por el inicio de la campaña de Silvano Aureoles Conejo para la gubernatura de Michoacán. El hecho no hubiera trascendido en los medios de no ser por que el Gobernador de Morelos junto con sus homólogo de Guerrero, además del lí­der del PRD en la entidad, Juan Gómez, y el Diputado Antonio Garcí­a utilizaron helicópteros para transportarse al municipio de Zitácuaro.

En un intento por aminorar las crí­ticas recibidas por este hecho, que sucedió en medio del escándalo que envolví­a al entonces director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, quien utilizó un helicóptero para uso personal, Graco Ramí­rez aseguró que pagó con dinero propio la renta del helicóptero.

El mandatario afirmó que pagó con recursos propios 54 mil pesos por la renta de un helicóptero Bell 407, matrí­cula XA-KMA, de acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno del estado.

El pasado 25 de marzo, integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos presentó una denuncia ante la Procuradurí­a General de la República (PGR) contra Graco Ramí­rez, por el presunto delito de uso indebido de atribuciones por el gasto de un crédito de más de 2 mil 800 millones de pesos en perjuicio de la sociedad morelense.

En conferencia de prensa, los miembros de la Coordinadora plantearon que las pruebas que presentaron ante el Ministerio Público Federal son documentos oficiales de la Auditorí­a Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, así­ como oficios del gobierno del estado.

El mes pasado la organización Artí­culo 19 documentó las agresiones contra la prensa por entidad durante el 2014. En el informe “Estado de censura” detalló que en Morelos se registraron siete agresiones el año pasado.

Y por si fuera poco, algunos polí­ticos de izquierda, como Raúl Iragorri Montoya, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Alcaldí­a de Cuernavaca, han acusado a Graco Ramí­rez “de ponerse de tapete a los intereses oscuros de Enrique Peña Nieto”.