México ocupa el primer lugar en América Latina del índice Global de Esclavitud 2014 con al menos 266 mil 900 personas ví­ctimas y en ese contexto organizaciones civiles denuncian que en al menos 17 estados del paí­s los jornaleros agrí­colas trabajan en condiciones de constante violación a sus derechos fundamentales.

La organización Walk Free, con sede en Australia, denunció que la esclavitud sigue siendo una realidad global y que la laboral ocupa un papel privilegiado entre los tipos de esclavitud que todaví­a se ejercen.

México aparece en el lugar 18 del ranking mundial de esclavitud de entre 166 paí­ses. Lo superan India, China, Pakistán, Uzbekistán, Rusia, Nigeria, la República Democrática de Congo, Indonesia, Bangladehs, Tailandia, Sudán, Egipto, Etiopí­a, Tanzania, Iraq, Irán y Vietnam.

Según el informe con el índice Global de Esclavitud, en México los sectores formales que más se benefician de ésta son los agrí­colas, minero y de turismo.

En ese sentido, la Red de Jornaleros Agrí­colas denunciaron el viernes que la explotación laboral de jornaleros alcanza a dos millones de personas que trabajan en campos o fincas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí­, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.

El 90% de los trabajadores de esos campos no cuentan con un contrato formal de trabajo y laboran al menos 15 horas al dí­a, aunque la Ley Federal del Trabajo señala como jornada legal una de hasta ocho horas.

“En promedio, la jornada media laboral de los jornaleros agrí­colas es de 57 horas para los hombres y 65 para las mujeres”, denuncian oranizaciones civiles.

Las condiciones de hacinamiento en la que viven estos trabajadores ha provocado que de 2007 a marzo de 2015 al menos 40 niños hayan muerto en campos agrí­colas ya sea por accidentes de trabajo, atropellos, picaduras de insecto, desnutrición o falta de atención médica, según un registro del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Los datos también muestran que más de la mitad de los trabajadores de esos campos y fincas son originarios de los estados más pobres de México como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Sobre el papel de las autoridades para combatir la esclavitud laboral en casos como el de jornaleros agrí­colas, el índice de Esclavitud Global señala que México obtiene una calificación ”˜B”™, en una escala AA-D; pues la respuesta del gobierno todaví­a no es la adecuada, con tendencia a criminalizar a las ví­ctimas y no apoyarlas.

En México, entre el 21 y 22 de marzo se rescató en Colima a 49 jornaleros indí­genas originarios de Guerrero que recibí­an tres pesos por una cubeta de pepino recolectado, por lo que por más de doce o quince horas de trabajo no alcanzaban a juntar el salario mí­nimo.

Según el reporte de la Secretarí­a de Trabajo, los jornaleros viví­an en condiciones deplorables sin acceso a agua potable, alimentos, trajes protectores contra pesticidad o fertilizantes; baños o letrinas.

Pero además, en el norte del paí­s, en Baja California, se mantiene una huelga laboral que inició el 17 de marzo pasado cuando los jornaleros del valle de San Quintí­n exigieron a los empresarios agrí­colas sueldos justos por su labor; además de prestaciones como vacaciones, aguinaldo y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Red de Jornaleros Agrí­colas insiste en que las condiciones laborales del Valle de San Quintí­n es un ejemplo de lo que ocurre en todo el paí­s con el trabajo en el campo y fincas.

“La pobreza y marginación que prevalece en las comunidades campesinas e indí­genas es una de las condiciones que propicia la vulnerabilidad de los derechos de las y los Jornaleros Agrí­colas migrantes. Esta población debe abandonar sus comunidades de forma estacional, temporal o permanente para buscar empleos en el sector agrí­cola, dado que es la única oportunidad que les llega. Esta situación es aprovechada por la agroindustria para dar escasas o nulas condiciones sociales y laborales a estos trabajadores”, señala la Red.

Los jornaleros de San Quintí­n exigen un pago mí­nimo por jornada de 300 pesos, de los 100 que reciben actualmente. En las mesas de negociación, además de los trabajadores y empresarios agrí­colas participan autoridades estatales y locales interesadas en acabar con el conflicto laboral que tiene paralizada la actividad económica de la región.