•Manotazo del gobernador: suspende inauguración de parque industrial de Muguira

Fortí­n, Ver.- En medio del descontento de varios sectores de la población por el desastre en que está convertido el municipio; de las aspiraciones de Fortí­n en convertirse en “Pueblo Mágico” y a 15 meses de haber iniciado su administración, el alcalde de Fortí­n, Armel Cid de León, está en espera de ser desaforado, por la denuncia penal que en su contra presentó su pareja sentimental, por agresiones.

El alcalde, reta con su actuar a las autoridades y al mismo gobernador, Javier Duarte de Ochoa, quien le ha ordenado al Fiscal General del Estado, Luis íngel Bravo Contreras, proseguir el proceso.

En el mes de enero, Armel fue denunciado ante la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y Contra la Familia, en Córdoba. Luego, fue exhortado a dejar el cargo y enfrentar la justicia, pero no hizo caso. Asimismo, contrató a un grupo de abogados, amigos de su suegro, el empresario cafetalero Domingo Muguira Revuelta, para instaurar su defensa, y también se amparó.

A pesar de la amistad entre el alcalde y el Fiscal General del Estado, Luis íngel Bravo Contreras, la orden de proceder en su contra vino de arriba, y por eso el fiscal entregó a la legislatura la solicitud de juicio de procedencia, que tardará aproximadamente 40 dí­as en resolverse.

Mientras, en la ciudad de las Flores, grupos de ciudadanos, adversarios polí­ticos y hasta algunos empleados, dicen desconocer la suerte que le espera al administrador, al tiempo que también se quejan de la falta de obra y deficiente calidad de los servicios públicos.

Con la suspensión de Armel, serán dos las administraciones que quedan truncas, al igual que sucedió en el periodo 2011-2013, con el exalcalde César Torrecilla, quien saltó del barco antes de que se hundiera, tras dejar el municipio en “quiebra”, en manos de su sucesor, exdirector del Comité Municipal del Deporte, Alejandro Junco.

También serí­a el segundo alcalde requerido por la autoridad, al igual que el presidente municipal de Medellí­n de Bravo, Omar Cruz, presuntamente implicado en la desaparición y muerte del periodista Moisés Sánchez.

De acuerdo con el fiscal general, quien años atrás defendió a varios delincuentes (entre ellos a un joven que asesinó a su madre y a la pareja de ella, en una residencia de Fortí­n) la solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde de Fortí­n, no sólo se basa en la agresión hacia una mujer, sino que también se podrí­an configurar delitos de género.

Por otro lado, descartó que sea excesiva la solicitud que presentó ante el Congreso local, pero también reconoció su desconcierto debido a las crí­ticas que surgieron cuando muchas voces exigí­an proceder contra el funcionario, y ahora que se presentó la petición de quitarle el fuero, se dice que es un delito menor el de violencia familiar equiparable y se habla de que podrí­a no pisar la cárcel.

Insistió que el tema no se trata de un delito menor, pero por la secrecí­a del caso y el nuevo sistema de justicia penal, se tení­a que reservar sus comentarios, pero “el tema tiene que ver con cuestiones de género”.

En una rueda de prensa en Córdoba, dio a conocer que “mi obligación es cumplir y hacer cumplir la ley, aquí­ hubo una denuncia que generó el desarrollo, las pesquisas que concluyeron y tiene por satisfechas diligencias constituciones y obliga al Ministerio Público a proceder a solicitar retiro de fuero”. Aclaró que si bien el caso corresponde al Distrito Judicial de Córdoba, donde se aplica el sistema de justicia oral, y sólo algunos delitos disponen la detención preventiva, la Fiscalí­a tendrá que llegar a fondo en la denuncia penal contra el priista.

”ARMEL SE VA, ES LA ORDEN DE ARRIBA”

En opinión de algunos operadores polí­ticos que se mueven en la zona centro, la consigna del gobierno estatal, y más cuando se avecinan tiempos electorales es que “Armel se va”.

Según el sondeo, “Armel pasó de tener poder a quedarse solo, ya no tiene ni a sus dos asesores, su secretario particular, Maros “X”, y un joven de la zona de Monte Blanco, ahora anda sólo. Tampoco tiene la solvencia que tení­a en su empresa, una de las principales de Córdoba, la Arrendadora de la Costa, que ya se fue a la quiebra; él no quiere salirse del Ayuntamiento, no por otra cosa, sino para seguir robándose el dinero”.

Asimismo, indicaron que “el alcalde de Fortí­n ya no tiene poder, tiene de principal enemigo a Paco Portilla porque mordió la mano de Juan Manuel del Castillo, y por eso nadie lo va a defender, por eso también su concuño Juan Laví­n no quedó en la diputación, y hace unos dí­as se suspendió la inauguración de un parque industrial de su suegro Domingo Muguira, al que iba a asistir el gobernador”.

LA HISTORIA

El pasado 24 de enero, la gerente comercial de una agencia de viajes e hija de una familia de empresarios hoteleros, Vanessa Garcí­a ílvarez, acudió ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, y contra la Familia en Córdoba, para denunciar al presidente municipal de Fortí­n, Armel Cid de León Dí­az.

En la carpeta de investigación 243/2015 por lesiones y violencia de género acusó a su también pareja sentimental de haberla golpeado con el puño cerrado en la cara, patearla y azotarla contra el vehí­culo en que viajaban, la noche del jueves 22 de enero, cuando regresaban de una fiesta en Huatusco.
Eran alrededor de las 11 de la noche, iban a la altura de Monte Salas, cuando faltaban unos cuatro kilómetros para llegar a Fortí­n y empezaron a discutir el interior de la camioneta en la que viajaban.

La ví­ctima relató que llevan una relación de más de seis años, y esta no es la primera vez que la golpea, ya que la ha agredido en otras ocasiones; pero nunca de la forma tan brutal como ahora.

La mujer contó que tras una discusión, donde ella le reclamó que no le cumplí­a lo que le prometí­a, el alcalde, enardecido, la empezó a golpear. Primero la sujetó del cabello y la azotó varias veces contra la palanca de velocidades y el tablero del vehí­culo. Luego, se orilló tantito para bajarla de la camioneta y aventarla a un lado de camino, donde la dejó a su suerte.

El edil regresó al lugar y le pidió que se subiera a la camioneta; pero como la joven se negó y continuó sentada en el suelo, él se bajó de la unidad y de nuevo la atacó a patadas, pegándole en el estómago y la espalda, para después agarrarla del cabello, incorporarla y azotarla contra la camioneta, para obligarla a subir. La ví­ctima presentó hematomas que afectaron uno de sus ojos.

BUSCÓ AMPARARSE Y CONTRATÓ ABOGADOS

El alcalde también se amparó ante la justicia federal y se allegó de un grupo de abogados, entre ellos el exprocurador General de Justicia, de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, a quienes presentó en rueda de prensa ante los medios.

El presidente municipal dio a conocer que los honorarios de los abogados serán cubiertos con sus propios recursos, aunque dijo que no sabí­a a cuánto ascenderán esos gastos.

"El pago de los abogados no lo tenemos cuantificado; pero es un tema personal, pues al final saldrá de mis recursos personales, son mis cuentas personales y no me atreverí­a a tomar algo del Ayuntamiento", sostuvo el edil.

Sobre el proceso penal señaló que "es un tema delicado, con declaraciones de pseudo personajes que se han atrevido a hacer declaraciones, cuando no podemos acusar a nadie de culpabilidad hasta que no se demuestre lo contrario y menos si la persona no está enterada, están actuando con una imprudencia y un estado fuera de derecho", dijo.

Posteriormente, junto con sus abogados acudió ante las oficinas del Ministerio Público en Córdoba para tratar de comparecer; pero le fue informado que el expediente ya habí­a sido envido a la Fiscalí­a General del Estado, en Xalapa.

Dí­as después, el muní­cipe se ausentó de sus funciones para acudir a Xalapa a tratar de rendir su declaración, apoyado por personal del Ayuntamiento, sin notificarle al cabildo.

Por ello surgieron reclamos, como el que hizo el regidor cuarto, Rafael Uribe, quien señaló que “hasta este momento no nos ha solicitado permiso alguno para ausentarse de su cargo para atender asuntos personales, desconocemos el paradero o las actividades que se encuentre realizando”.

Por su parte, el regidor quinto, Humberto Danés señaló, “no hemos tenido información alguna de que haya solicitado permiso para arreglar asuntos personales”.

LE DAN LA ORDEN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

El pasado 3 de marzo, por órdenes del gobernador Javier Duarte de Ochoa, y aparentemente con la venia del magnate cafetalero Domingo Muguira Revuelta, se dio la orden para solicitar juicio de procedencia en el caso del alcalde, Armel Cid de León Dí­az.

El titular de la Fiscalí­a General del Estado (FGE), Luis íngel Bravo Contreras, entregó a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, la solicitud para la Declaratoria de Procedencia contra el presidente municipal, como probable responsable del delito de violencia familiar equiparada.

La solicitud fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales durante la sesión de la Diputación Permanente, según el secretario general del Congreso del Estado, Francisco Portilla Bonilla, quien adelantó que el expediente ya fue ratificado.

Portilla Bonilla, considerado por muchos polí­ticos como enemigo de Armel por ser éste de una corriente polí­tica distinta a la que en su momento enarboló el secretario particular del gobernador, Juan Manuel del Castillo, dio pormenores del procedimiento y explicó las probabilidades que se pueden dar en la resolución del mismo.

Ahora, dijo, lo que prosigue es que partir de que reciban la solicitud las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, tendrán tres dí­as hábiles para dictaminar si se cumplen los requisitos para iniciar el desafuero y en caso de que así­ sea el dictamen se deposita en la Secretarí­a General para que se turne a la Comisión Instructora.

Detalló que las comisiones legislativas determinarán si el denunciado es servidor público; si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerita iniciar el procedimiento.

Además, previó que “si la denuncia no satisface los requisitos, se determinará el sobreseimiento y se notificará personalmente al denunciante a través de la Secretarí­a General. Si la denuncia satisface los requisitos, las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales formularán el dictamen previo y lo depositarán junto con el expediente en la Secretarí­a General”.

La Secretarí­a General, dijo, turnará el dictamen previo y el expediente a la Comisión Permanente Instructora en el plazo de tres dí­as, con la finalidad de que continúe el proceso de desafuero.

Por su parte, el diputado local, Hugo Fernández Bernal, consideró que el proceso podrí­a tardar 40 dí­as en resolverse.

"Es un proceso que tardará unos 40 dí­as desde que ingresa la solicitud a la sesión de la comisión permanente, y una vez que proceda el juicio, se llamarí­a al suplente para que asuma la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Fortí­n, pero si el presidente municipal solicita licencia, el proceso se suspende y se le aplica la ley de manera normal” explicó.

Advirtió que lo que menos se desea es que en el congreso siempre esté formulando juicios de procedencia, “lo que apelamos como representantes populares es que los funcionarios públicos que gozan de fuero, hagan su trabajo y estén atentos al cumplimiento de las leyes, que es la mejor recomendación, eso es lo que hoy los veracruzanos más desean: ver gobiernos aplicándose en el cumplimiento de su deber y no metidos en lí­os como los que hoy vemos", mencionó.

DELITO QUE COMETIÓ NO ES GRAVE DICEN ABOGADOS

Según el especialista en Derecho Constitucional y Amparo, egresado de la Universidad Veracruzana, Arturo Hernández Abascal, de acuerdo al Código Penal de Veracruz y al nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral, el delito de lesiones no es considerado grave, por lo que el presidente municipal tiene opciones para defenderse.

De acuerdo con el experto, desde el año pasado, en la zona centro del estado funciona el nuevo sistema penal acusatorio “y tratándose de delitos de este orden, lo que procede es que se debe hacer un pago para la reparación del daño. En ese sentido, alcalde no tiene por qué pisar la cárcel, hay que recordar que en la zona donde se dieron los hechos ya está el Sistema Penal Acusatorio y aplicándose, seguramente se debe procurar llegar a un arreglo sobre qué es lo que procede en estos casos”.

Si lo que quiere el fiscal general Luis íngel Bravo Contreras es proceder contra el alcalde “si vale aplicar el desafuero, pero lo cierto es que no habrá mayores repercusiones por el tipo de delito”, consideró el abogado.

El Código Penal para Veracruz establece que comete el delito de lesiones quien causa a otro una alteración en su salud. Artí­culo 137.- Las lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido se sancionarán de la manera siguiente: I. Con prisión de 15 dí­as a 6 meses, o multa hasta de 50 dí­as de salario, cuando tarden en sanar hasta quince dí­as; II. De 2 meses a 2 años de prisión y multa hasta de 60 dí­as de salario, cuando tarden en sanar más de 15 dí­as; III. De 2 a 5 años de prisión y multa hasta de 80 dí­as de salario, cuando dejen al ofendido cicatriz perpetua y notable en la cara; IV. De 3 a 6 años de prisión y multa hasta de 80 dí­as de salario, cuando resulte una perturbación de alguna función u órgano; V. De 5 a 8 años de prisión y multa hasta de 100 dí­as de salario, cuando produzcan al ofendido la pérdida definitiva de cualquier extremidad, órgano o función orgánica; causen una enfermedad probablemente incurable o una deformidad incorregible; y VI. De 5 a 12 años de prisión y multa hasta de 100 dí­as de salario, cuando ocasionen incapacidad permanente para trabajar.

DE DOS A SEIS AÑOS DE CíRCEL LA SANCIÓN QUE PODRíA RECIBIR

Según el Código Penal del Estado de Veracruz, en su artí­culo, al delito de violencia familiar equiparable, que se le tipificó al edil, le corresponde un rango de penalidad que oscila entre los dos y los seis años de prisión, en caso de ser hallado culpable.

Así­ por ejemplo, en el Artí­culo 154 Bis, se establece que: a quien ejerza cualquier tipo de violencia fí­sica, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de su cónyuge, concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas lí­neas o incapaz sobre el que sea tutor o curador, se le impondrán, independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier otro delito, de dos a seis años de prisión, multa de hasta cuatrocientos dí­as de salario, caución de no ofender y, en su caso, pérdida de los derechos que tenga respecto de la ví­ctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela.

En caso de que la ví­ctima fuere mujer, se sujetará al activo a las medidas reeducativas que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto en la pena de prisión.

Artí­culo 154 Ter.- Se equiparará a la violencia familiar y se sancionará como tal, cuando el sujeto activo del delito cometa cualquiera de los actos señalados en el artí­culo anterior en contra de persona: I. Que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado; II. Que se haya incorporado a su núcleo familiar, aunque no tenga parentesco con ninguno de sus integrantes; o III. Con la que esté o hubiese estado unida fuera de matrimonio, en un perí­odo de hasta dos años anteriores a la comisión del delito, o de los ascendientes o descendientes de ésta.

Para los efectos de este artí­culo se entenderá por uniones fuera de matrimonio las que existan entre quienes hagan vida en común, en forma constante y permanente, por un perí­odo mí­nimo de seis meses, o mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo domicilio.

Artí­culo 154 Quáter.- En todos los casos previstos en este Capí­tulo, el Ministerio Público acordará las medidas preventivas necesarias y pedirá al juez lo propio para salvaguardar la integridad fí­sica o psí­quica de la ví­ctima; si ésta fuere mujer, el Ministerio Público solicitará además al juez las órdenes de protección referidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

NO ACUDIÓ ALCALDE A LA REUNIÓN PARA CONFORMAR COMITÉ DE “PUEBLO MíGICO”


El pasado jueves, en el Palacio Municipal de Fortí­n se llevó a cabo la conformación del Comité “Pueblo Mágico” donde estuvieron presentes representantes del Ayuntamiento; el director de Pueblos Mágicos en el estado de Hidalgo, Gerardo Lozano Matus, y la representante de la Secretarí­a de Turismo de Veracruz, Anabel Vázquez Torres, así­ como prestadores de servicios turí­sticos del municipio.

Con la ausencia del alcalde, el sí­ndico único del ayuntamiento, Lucio Otilio Flores, dio la bienvenida a los asistentes.

Los integrantes del comité serán de representantes restauranteros, hoteleros, tour operadores, comerciantes establecidos, artesanos, caficultores, floricultores, transportistas y del sector educativo.

Después de varios minutos donde los asistentes dieron sus puntos de vista tanto para aclarar sus dudas como para proponer más ideas, se llegó al acuerdo donde quedó seleccionado Carlos Bueno como presidente del Comité “Pro Pueblo Mágico” y como su suplente Luis Fernando Perroni Frizzi.

El acuerdo estableció que las funciones de este Comité Pro- comenzaran con reuniones técnicas para organizar su plan de trabajo, así­ como su reglamento interior teniendo como consultores la coordinación de Turismo del Ayuntamiento.

Dí­as antes, en otro evento donde apareció el alcalde, este se negó a hablar del caso. “No hay nada que comentar, no tengo nada que decir al respecto, yo estoy comprometido, estoy feliz, yo los invito a que saquemos adelante a Fortí­n”, dijo ante la noticia de que el Fiscal General del Estado, Luis íngel Bravo, promovió el juicio de procedencia para desaforarlo.

Tras haber inaugurado la “Feria Profesiográfica de Universidades”, fue abordado por la prensa, pero se negó responder las preguntas que se le hací­an. Sin embargo, aseguró que seguirá trabajado por Fortí­n, haciendo bien su trabajo y atendiendo los reclamos ciudadanos, como la rehabilitación de calles en la colonia Dí­az Jácome.

JUICIO DE PROCEDENCIA ES UNA ORDEN DEL GOBERNADOR: REVUELTAS

Gerardo Revueltas Uribe, miembro del Consejo Ciudadano en Fortí­n, señaló que le juicio de procedencia contra el alcalde es una orden del gobernador, porque el Congreso está a su servicio.

El participante ciudadano, lamentó que “desde la administración de íngel Morgado, íngel Sánchez Rincón (a) “Pampo”, César Torrecilla Ramos, Alejandro Junco y ahora la de Armel, ya la historia de Fortí­n, en cuanto a administraciones municipales pésimas, es mucha, hay que darse la vuelta por el municipio para ver como está, desbaratada la infraestructura municipal, y los servicios de alumbrado, agua y drenaje dejan mucho que desear”.

La crisis y la debacle son historia, agrega, “cuando llegó Armel y decí­a que no habí­a nada porque todo se lo habí­an robado, pero a diciembre tení­a más de 30 millones en bancos, y las obras que hizo fueron decorativas y de facturas electorales, nada en beneficio de la población”.

Ahora, dijo, “se metió en lí­os personales, solicitaron el juicio polí­tico, mismo que nosotros solicitamos en el caso de torrecillas y no obtuvimos, pero ahora como es consigna del gobernador, pues el Congreso está al servicio del gobernador, no de la ciudadaní­a, y por eso van a hacer el proceso”.

Armel “tiene una acusación que debe de afrontar y un juez decidirá si es culpable o no, pero eso da cuenta que al gobierno llegan personas que no están preparadas para servir a la población, y aquí­ no pasa nada, en la opinión pública no pasa nada, en el congreso no pasa nada, en el gobierno no pasa nada y la ciudadaní­a sigue dormida” expuso.