En cuanto a desplazamiento interno, desde 2008 se tiene el registro de al menos 170 mil personas en situación de desplazamiento y alrededor de 121 desplazamientos masivos (más de 10 familias de manera simultánea), afirma el comunicado.

Las organizaciones aseguran que en los diferentes paí­ses de la región existe la dicotomí­a entre la seguridad nacional y la protección internacional, particularmente observada en los distintos controles de frontera (terrestre, marí­tima y aeroportuaria), lo cual representa, afirman, uno de los retos principales que enfrenta la región.

Ante ello demandan que además del interés legí­timo en materia de seguridad nacional, los Estados incluyan la protección internacional de personas que por diversas causas la requieran en el marco del debido proceso.

Para la provisión de un proceso justo para personas desplazadas, las organizaciones indican que se debe contar con los procedimientos de admisibilidad, los plazos cortos para solicitar asilo, la falta de asesorí­a y representación legal, entrevistas inadecuadas, limitaciones al derecho de revisión o apelación y plazos largos para recibir respuestas a una solicitud. Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, demandó castigo a los responsables del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y, afirmó, “no pueden quedar impunes las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre del presente año” para que, dijo, prevalezca la verdad y la justicia para sus familiares.