Han pasado 26 dí­as desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron levantados por policí­as municipales de Iguala, Guerrero, sin que hasta el momento autoridades estatales o federales tengan indicios de su paradero.

En ese contexto, el Senado de la República convirtió en el epicentro de debate la responsabilidad del Gobernador íngel Aguirre Rivero en los hechos y la posible ingobernabilidad en que ha sumido a la entidad. Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se convirtieron en el fiel de la balanza que determinará la permanencia o la salida del Gobernador, debido a que la postura de Acción Nacional (PAN) es clara e insiste en desaparecer los poderes en la entidad porque es evidente que Aguirre no ha podido resolver la crisis por la que atraviesa la entidad.

Los priistas dieron un cambio radical a su postura inicial sobre la gobernabilidad el Guerrero al pronunciarse por primera vez en la tribuna de una de las cámaras del Congreso sobre la salida del Gobernador íngel Aguirre. “Reprobamos profundamente las omisiones irresponsables en que ha caí­do el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero y sostenemos que no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución mientras éste permanezca en el cargo”, afirmó el vicepresidente del Senado, Arturo Zamora Jiménez, a nombre de la bancada priista.

Sólo pocas horas antes, los priistas se habí­an pronunciado por mantener intacto al gobierno en Guerrero, al rechazar la solicitud panista para desaparecer los poderes en Guerrero, aunque miles de guerrerenses han salido a las calles para exigir la renuncia del Gobernador íngel Aguirre Rivero por su incompetencia para encontrar a los jóvenes desaparecidos. A pesar de los reclamos ciudadanos contra la forma en que Aguirre Rivero ha manejado la situación, que incluso han traspasado las fronteras, la Comisión de Gobernación resolvió que no se puede declarar ingobernabilidad en la entidad debido a que los diputados locales y los jueces trabajan con normalidad en la entidad. El dictamen para rechazar la desaparición de Guerrero se construyó con base en los testimonios de Lambertina Galeana Marí­n, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, así­ como de la Diputada local Laura Arizmendi Campos, Presidenta del Congreso de Guerrero, quienes alegaron que ambos poderes trabajan normalidad.

El Poder Legislativo, también presentó pruebas documentales de que sesiona periódicamente en la sede del Congreso. A pesar de algunas manifestaciones que han terminado en actos vandálicos, dijo el Congreso estatal no ha sido necesario cambiar de sede, ni se ha interrumpido ninguna de las sesiones. “No se encuentra en el caso del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ellos entregaron pruebas documentales públicas, certificadas ante un Notario. La actividad, por ejemplo, del Poder Judicial se desarrolla con normalidad, no se ha visto interrumpida, los juzgados están abiertos”, dijo en entrevista la Senadora Cristina Dí­az, presidenta de la Comisión de Gobernación. “[En el caso del Legislativo] mostraron sus actas. Inclusive me llamó la atención, porque viene un acta, que entregaron un reconocimiento “Neri”, un reconocimiento cí­vico a un ciudadano. Y la última que vi, fue que envió el Ejecutivo, el estado, su paquete fiscal”, agregó la priista.

Sin embargo, Acción Nacional nunca estuvo de acuerdo con la versión priista de que en Guerrero no pasa nada malo. “El abandono, la ausencia de las autoridades polí­ticas a lo largo del tiempo que ha motivado, entre otras cosas, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año de 2012 y 2013, y el evidente estado de deterioro institucional que tiene la entidad federativa”, reconoció el Senador panista Roberto Gil Zuarth. Por lo que pidió a la Comisión de Gobernación declarar un receso para analizar la posibilidad de ganar tiempo para que se introdujera en el dictamen las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos en Iguala.

El lí­der de los senadores panistas señaló que el Senado no ha realizado ninguna investigación de campo en Guerrero para reconocer si hay ingobernabilidad o no. Dijo que tampoco tomó en cuenta las cinco mil firmas de todos los sectores productivos guerrerenses, incluyendo organizaciones sociales y empresariales, que se quejan de la falta de gobernabilidad en la entidad. “Lo que nosotros le pedimos a la Comisión de Gobernación es que no podí­amos concluir, a través de intercambio de cartas, donde se le pide al Presidente del Congreso que venga o a la Presidenta del Supremo Tribunal que diga si están funcionado los poderes. Pues claro que van a decir que sí­ [funcionan los poderes], pues la desaparición de poderes implica que ellos se vayan y dejen de cobrar”, sostuvo el lí­der parlamentario.

Tras un dí­a completo de negociaciones entre las tres principales fuerzas polí­ticas, en donde hasta el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, se presentó al Senado para participar de los acuerdos, el Senado d aprobó ampliar hasta el 30 de octubre la fecha para que la Comisión de Gobernación entregue el dictamen final sobre la posibilidad de decretar la desaparición de poderes en Guerrero, a fin de realizar la investigación sobre el estado de gobernabilidad en la entidad.

PRD INSISTE EN GOBERNABILIDAD

Mientras tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en que existe gobernabilidad en la entidad y sostuvo que la solicitud para separar al Gobernador íngel Aguirre se trata de un debate polí­tico que aleja a la opinión pública del verdadero objetivo por el que deben trabajar todas las instituciones en el paí­s, que es dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. “Resulta inexplicable que después de tres semanas no hay sido posible encontrar 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados y trasladados como lo muestran los videos en las patrullas de la policí­a municipal de Iguala y también de Cocula”, reviró el perredista Alejandro Encinas.

Encinas Rodrí­guez, aclaró que el Gobernador de Guerrero no puede “renunciar” porque los cargos de elección popular son “irrenunciables”. Lo que sí­ puede ser, dijo, es que puede solicitar licencia, para si es que ésta sirve para avanza en las investigaciones. Respecto al argumento del PRI basado en el artí­culo 80 de la Constitución de Guerrero para solicitar la renuncia de Aguirre, el legislador perredista sostuvo que no se puede anteponer una constitución local a la federal para normar el actuar de los servidores públicos. “[Aguirre] tiene que presentar una licencia al Congreso del estado, y estas licencias hay veces que son por varias u son definitivas, las licencias todas son temporales y es facultad del Congreso otorgarla al gobernador en turno”, precisó.

Aunque en todo momento evitó defender personalmente al mandatario, el Senador perredista, quien ha sido muy crí­tico con la defensa que la dirigencia nacional del PRD ha dado a íngel Aguirre, sostuvo que existe un clima de incertidumbre y de ingobernabilidad, pero no solo en Guerrero, sino en todo el paí­s. “La indignación y la irritación social que han levantado estos hechos rebasan por mucho el ámbito de esa entidad y hay una indignación nacional que exige respuestas en las que urge tomar de inmediato decisiones y dar resultados”, recalcó.

Aunque se pronunció a favor de dar más tiempo a la Comisión de Gobernación para que emita un dictamen sobre la posibilidad de declarar la desaparición de poderes en Guerrero, Encinas lamentó que al dilatar la discusión se obstaculiza más la investigación para dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas Ayotzinapa que fueron secuestrados y trasladados en las patrullas de la policí­a municipal de Iguala y Cocula.

En este punto, el también presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Pública subrayó que los lamentables acontecimientos en Iguala ponen al descubierto la crisis del Estado mexicano, así­ como el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la responsabilidad pública en todo los órdenes de gobierno. “Porque el primer dato indudablemente que sale a la luz pública es la colusión de la autoridad municipal con grupo delictivos en donde se presume hoy no solamente hubo omisiones, sino complicidad de distintas autoridades que no actuaron a tiempo para evitar estos hechos”, dijo. Alejandro Encinas mencionó que además de Iguala, la crisis del Estado mexicano se evidencia por las ejecuciones que el ejército habrí­a realizado contra 22 civiles en el municipio mexiquense de Tlatlaya, a la que sumó el incremento en los í­ndices de secuestro, extorsión y homicidio en distintos estados del paí­s, que evidencian, dijo, la falta de una estrategia integral de seguridad pública.

Por lo que se pronunció por esclarecer las responsabilidades en que incurrieron diversas autoridades federales y estatales por omisión o por complicidad, las cuales pudieron evitar la tragedia si hubieran actuado a tiempo, y hoy han sido incapaces de encontrar a los normalistas. “Ya que teniendo información la SEGOB, la PGR, el Cisen, el Gobierno del Estado, la Procuradurí­a de Justicia del Estado de Guerrero y el Congreso del Estado de Guerrero, no actuaron de manera inmediata, atendiendo las denuncias de los presuntos ví­nculos con el crimen organizado ni en la participación en el secuestro y asesinato de militantes del Partido de la Revolución Democrática del alcalde hoy con licencia en Iguala”, apuntó.

PERREDISTAS GUERRERENSES APOYAN A AGUIRRE

El Senador por Guerrero, Armando Rí­os Piter, uno de los mejores posicionados dentro del PRD para suceder al Gobernador de Guerrero, sostuvo que quienes piden la renuncia del mandatario lo hacen por intereses partidistas o para beneficiar a unos cuantos. Por lo que pidió que antes de lanzar ese tipo de solicitudes se cuente con pruebas contundentes que la sostengan. En este caso, dijo el único que puede decidir si el Gobernador se va o se queda es el propio íngel Aguirre, con base en lo que sea más conveniente para los guerrerenses. “Yo creo que es una posición que hoy tiene que reflexionar con profundidad el Gobernador íngel Aguirre Rivero; el PRD ha sido enfático y puntual desde el principio de buscar que la investigación se conduzca con la mayor de las diligencias”, sostuvo. Para el Senador Sofí­o Ramí­rez Hernández, muy cercano al Gobernador íngel Aguirre, se trata de un debate falso en donde el PRI lanzó una serie de acusaciones infundadas, ya que dijo, “el mandatario tiene un fuerte respaldo social en el pueblo de Guerrero”, por lo que corresponde solo a los guerrerenses decidir su futuro.