Superados por el descrédito que cargan sus policí­as desde hace varios meses, el gobierno veracruzano se saca de la manga a la Nueva Fuerza Civil, con lo que esperan lavar un poco la mala imagen que arrastra la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP).

Y es que desde el arribo de Arturo Bermúdez a esa dependencia, decenas de violaciones a derechos humanos, incluso homicidios, es lo que ha distinguido a los miembros de las fuerzas del estado y a la Policí­a Acreditable.

Tan solo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha documentado, en el periodo de Bermúdez, 50 recomendaciones por detenciones arbitrarias, allanamientos, golpizas, tortura; incluso, tres homicidios por el abuso de la fuerza policial.

En este tenor, la presentación de la Fuerza Civil -otro agrupamiento de oficiales de élite graduados en Lencero y adiestrados, incluso, en otros paí­ses- no genera certidumbre al ciudadano, se debe estar atento de que no haya más abusos de autoridad, como los cometidos por los miembros del nuevo modelo policial, opinó Anaí­s Palacios, integrante del Colectivo por la Paz.

Palacios dijo que desde 2010 han dado acompañamiento a ví­ctimas de desapariciones en Veracruz, Xalapa, Boca del Rí­o y otros municipios en cuyos casos se implica a elementos de la SSP, concretamente al Mando Único y a los Acreditables.

Y son al menos 20 casos en los que personal de la SSP ha estado implicado en las desapariciones de carácter forzado y en las que el Estado no ha deslindado responsabilidades; menos, aplicado la ley.

“Si vemos a un gobernador que insiste en sostener en el cargo al Secretario de Seguridad Pública al que se le han señalado todos estos casos y que no investigan, no podemos esperar mucho de esa nueva fuerza" explicó la activista ví­a telefónica.

Para el gobernador Javier Duarte, la Fuerza Civil -que fue presentada ante el Secretario de la Marina, Vidal Soberón - es “a siguiente etapa del nuevo modelo policial. La estrategia de seguridad del gobierno del estado”.

Lo único claro para Anaí­s Palacios es que "se está usando la desaparición forzada como una polí­tica de Estado”.

Palacios -que encabeza uno de los movimientos de familias buscando a sus seres queridos más importante del sureste mexicano - indicó que si no se investigan los atropellos cometidos por los otros policí­as y no se reconocen esas desapariciones forzadas, crear un nuevo cuerpo de élite “será como ir en cí­rculos en medio de la impunidad”.

“Me pregunto por qué no dejan entrar a la Gendarmerí­a, que tampoco pienso que sea la solución; pero no permiten su ingreso. Veracruz es un estado muy emblemático por la impunidad, por las hocicones… es como seguir con lo mismo, solo le cambiaron el nombre (a la Fuerza Civil)”.

HISTORIAL DE ASESINATOS

Uno de los casos que más pegó en la imagen de la SSP fue la implicación de siete de sus miembros en el "levantón" y asesinato del cantante juvenil Gibrán Martiz, en Xalapa, en enero pasado. El chico acaba de graduarse de un reality show de la empresa Televisa, sus padres llevaron el caso a niveles mediáticos tan altos que la Procuradurí­a tuvo que consignar a los elementos.

El chico fue sacado de su casa por sujetos armados y la huida de esos maleantes habrí­a sido cubierta por patrullas de la SSP plenamente identificadas. Pese a que en su momento Bermúdez lo negó, la presión de los medios de comunicación internacionales los obligaron a encarcelar a esos gendarmes que, a la fecha, no se sabe ni en qué parte del proceso van ni se difundieron sus fotos ni documentos indicando que están tras las rejas.

El 30 de diciembre de 2013 presuntos oficiales ingresan a la casa del taxista Juan Enrique Mendoza Perdomo, en Poza Rica, y lo levantaron. El joven fue buscado en los separos, en el penal. Y no habí­a sido consignado.

La familia y los amigos iniciaron las protestas, marchas por Poza Rica y plantones a las afueras de las instalaciones del Mando Único sin mayor resultado. Al tercer dí­a de las manifestaciones la ví­ctima fue encontrada flotando, amarrado de pies y manos, con golpes, en las aguas del rí­o Cazones.

En la recomendación 23/2013, de la CEDH, se pide castigo contra oficiales que dieron muerte a una persona a la que perseguí­an por un delito de violencia intrafamiliar en el municipio de Tlacolulan. La ví­ctima se dio a la fuga en una camioneta y los policí­as lo balacearon como si se tratara de un tiroteo.

En la recomendación 45/2013 se menciona otro caso de homicidio (por disposición de ley ya no se asientan nombres en estos documentos) causado por la golpiza que le dieron oficiales de la SSP a un detenido, en Banderilla, en abril de 2013.

“Por los golpes tuvo que ser hospitalizado, donde finalmente y un dí­a después falleció supuestamente propiciado por los malos tratos y golpes”, consigna la recomendación que la SSP aceptó y en la cual se le ordenaba dar cursos de capacitación en respeto a los derechos humanos a su personal, lo que hasta ahora se nota es nulo.

En la recomendación 07/2014 la CEDH da cuenta del caso de un hombre al que la policí­a detuvo en Papantla mientras realizaba trabajos en la ví­a pública para quitar postes de energí­a.

Tal fue la violencia aplicada que hasta perdió dos dedos de los pies que fueron aplastados con la puerta de una patrulla a manera de tortura.

El 17 de junio de 2012 Raúl Tecatl Cuevas, ingeniero de profesión, y dos de sus empleados perdieron la vida en el marco de un enfrentamiento armado en las cercaní­as a Lencero, en la capital del estado. Asesinados dos veces, pues el gobierno manchó sus nombres acusándolos de sicarios y de portar armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Dí­as después las familias de ambas ví­ctimas denunciaron que todo era mentira, que eran trabajadores de una constructora, que viví­an en Jilotepec y la falsedad de la versión oficial. Los mataron por error; pero ni con eso se les han restituido sus derechos.

El último caso de una muerte, y que está en estudio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se relaciona con supuesta detención realizada por elementos del Mando Único a cinco jóvenes entre Minatitlán y Cosoleacaque, el 2 de septiembre.

Desde las primeras horas la familia acusó que el Mando Único de la detención. Al notar que no los presentaban como responsables de algún delito, la familia se amparó; pero las autoridades insistieron en su postura de no tenerlos.

Natahel Fernández Alcántara, a José Armando Jiménez de la Cruz, Éric Leobardo Solí­s López, Miguel íngel íngeles Manzano y Heber Arturo Castillo son los chicos supuestamente detenidos. A la fecha sólo el primero ha sido encontrado; pero sin vida.

Fueron más de 10 las protestas que organizaron sus familiares y amigos -incluso con la sospecha de que eran financiadas por la delincuencia- y las autoridades no dieron respuesta.

La familia de Fernández Alcántara tuvo que exiliarse de Coatzacoalcos pues acusaron haber sido amedrentados para silenciarlos.

REPRESORES

Desde la Cámara de Diputados Local se ha buscado aprobar una ley para reprimir manifestaciones, lo cierto es que en Veracruz, desde hace dos años, se pone en marcha este tipo de acciones con el apoyo de la Policí­a Acreditable.

La más emblemática, el 13 de septiembre de 2013, cuando maestros y simpatizantes del Movimiento Magisterial terminaron molidos a golpes y lesionados por toletes eléctricos empleados en su contra por la famosa nueva Policí­a que los desalojó de la Plaza Lerdo para despejarla y que Duarte tuviera escenario para dar el Grito de Independencia.

El mismo mes, el 23, granaderos y acreditables desplazaron a garrotazos a un grupo de productores de caña que tení­an bloqueada la autopista Veracruz-México, a la altura de Rancho Trejo. La imagen de los campesinos empapados en su propia sangre le dio la vuelta al paí­s. Solo querí­an apoyos del gobierno para sostener sus cosechas pues el año era mal y las importaciones los afectaron.

El 21 de octubre, de nuevo, los elementos de la SSP agreden a profesores que arribaron al Congreso local para protestar contra el nombramiento de Juan Nicolás Callejas Arroyo como diputado local. Los policí­as echaron los caballos a las maestras rurales y no escatimaron en golpes.

Acá también se enmarcan más de una decena de agresiones del personal de la SSP a trabajadores de los medios de comunicación, sobre todo a los de la fuente policiaca.

El 7 de mayo de 2013, un mando de la SSP advirtió a un camarógrafo: “Te rompo tu puta madre si no dejas de grabar”, esto cuando se daba el desarme de la Policí­a Intermunicipal Coatzacoalcos, Nanchital, Minatitlán, Cosoleacaque.

El 4 de octubre, el periodista Alfonso de la Parra fue bajado, a golpes, de su moto por oficiales de la SSP. Estaban enojados porque les tocó el claxon para que lo vieran y no terminara atropellado. La SSP informó haberlos dado de baja; pero en este caso tampoco ha mostrado la documentación para acreditarlo.

DESAPARICIONES

El 21 de octubre, supuestos oficiales de la SSP ingresaron por la fuerza a la vivienda de Juan Miguel Reyes Rocha, a quien se llevaron junto con su familia. A la fecha no se conoce el paradero de ellos pese a los plantones a las afueras del Mando Único.

El 18 de octubre de 2013, el cuerpo de elite de la SSP detiene a Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del a SSP también, la bajan del taxi que era manejado por Andrés Aguilar Marí­n, de 37 años de edad. A la fecha éste no aparece, a ella la golpearon y humillaron antes de dejarla ir. Al dí­a siguiente renunció a la SSP.

En enero de 2013 ocho elementos de la Policí­a Municipal de Úrsulo Galván desaparecieron misteriosamente en la localidad de El Arenal. La patrulla en la cual se trasladaban la encontraron tiempo después incendiada en Vega de Alatorre. Desde que pusieron la primera denuncia, la familia de los oficiales ha señalado a miembros de la SSP como los autores materiales.

De hecho, en sus protestas las familias de los oficiales clamaron que si los tení­an detenidos los presentaran o les informaran en qué cárcel habí­an sido recluidos. Ya los han buscado en todos los penales del distrito y no hay resultados.

El 4 de octubre de 2013, en Omealca, presuntos estatales llegaron al ejido Benito Juárez y se llevaron a un tí­o y a su sobrino. Desde entonces no hay reportes de su paradero.

En agosto pasado, familiares de personas presuntamente sometidas a desaparición forzada por el Mando Único en la zona centro del estado efectuaron bloqueos en la autopista Veracruz-México, a la altura de La Balastrera; otro bloque se llevó en las instalaciones del Mando Único y de allí­ fueron echados a palos cuando encontraron ropa, zapatos y demás pertenencias de sus familiares, con lo que comprobaron que sí­ terminaron en manos de la policí­a. Esos bloqueos se disolvieron con la promesa de la Procuradurí­a de agilizar las investigaciones para dar con ellos, lo que a la fecha no se ha cumplido.

En marzo de 2014, durante la búsqueda del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, se reportaron unas 20 desapariciones extrajudiciales en el municipio de Las Choapas. Comenzaron las protestas de los familiares y a los pocos dí­as aparecieron “por casualidad o como sea” (así­ lo definió el mismo procurador, Luis íngel Bravo Contreras) al dar la noticia de que ocho personas resultaron rescatadas de su privación ilegal de la libertad en el municipio de Sayula de Alemán y que estaban golpeadas y aní­micamente quebradas.

Para Anaí­s Palacios la llegada de la nueva policí­a denominada Fuerza Civil es rentable mediáticamente y reiteró que las autoridades deben aclarar cada uno de los señalamientos contra los integrantes del nuevo modelo.

"Se habla de tecnologí­a y vehí­culos nuevos, creo que más bien es cuestión de una forma de no rendir cuentas, de sólo cambiarles el nombre. Esta policí­a será lo mismo, de ninguna manera habrá resultados, si no se ha hecho en este tiempo, si no se remueve al secretario (Bermúdez), si no hay rendición de cuentas serán las misma violaciones y desapariciones, sólo que bajo otra fuerza".

Finalmente dijo que por las acusaciones a los oficiales implicados en desapariciones “no hay castigo para ni uno. Hemos acompañado a gente que hace denuncias puntuales, dando números de las patrullas, hasta apodos de los policí­as, y no hacen nada. La Procuradurí­a siempre dice que se trata de asuntos delicados”.