En 48 meses, Javier Duarte demuestra con hechos, el fracaso de sus ocurrencias en materia de seguridad; los familiares en tanto reclaman la indolencia con la que el gobierno del estado actúa pese a la denuncia ministerial y pública que se han hecho de los casos.

En diciembre del 2010, los veracruzanos se esperanzaron con el tránsito de la “fidelidad” al “duartismo”. La culminación del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, abrí­a la posibilidad de que las condiciones de seguridad cambiarí­an en el estado “Ideal para soñar”, meses después el sueño se derrumbó. Colapsó.

La zona de Orizaba, aunque mediáticamente, no es resaltada, ha sido una de las regiones en donde los levantones y desapariciones se convirtieron en un común denominador de la vida cotidiana, en la región de las altas montañas.

De acuerdo a reportes de blogs cibernéticos así­ como agrupaciones de búsqueda de personas desaparecidas, en la zona, antes de la desaparición del inspector de policí­a Pedro íngel Márquez Mendoza, se registraron siete sustracciones: Juan José Ballinas, en Febrero del 2013; Joshua Aldair Mendoza Castillo en Septiembre 2012; Luis Alberto Alamillo Rueda en Septiembre del 2011; Fernanda Rubí­ Salcedo Jiménez, en Septiembre 2012; Angelo Montiel San Pedro, en Abril del 2013 y Cinthya Aranda Ruano en Febrero del 2013.

En todos los casos, hasta el momento la autoridad no ha dado un informe concreto sobre el posible paradero de los desaparecidos, a quienes el gobierno del estado desde el 2013 los etiquetó por “andar en malos pasos, infieles o se fueron con el novio”, y mientras para el gobierno de la prosperidad esa es la respuesta, para los familiares se llama negligencia oficial.

“Ya nos cansamos de esperar la respuesta del gobierno. En muchas ocasiones, recibimos la promesa, incluso del gobernador, de que las investigaciones avanzan, pero la realidad es que no hay resultados claros. Sólo son suposiciones, pero nadie nos dice en donde están”, responden amigos de uno de los desaparecidos.

De nada han servido las promesas oficiales: “Hay una gran indiferencia de parte de la autoridad estatal. Hemos recibido mejor atención en la ciudad de México que en el estado. Aquí­ lo único que nos dicen, en especial el secretario de seguridad pública- Arturo Bermúdez- es que nuestros familiares, andaban en malos pasos o que se fueron con el novio o con su amante. Eso es ridí­culo y ofensivo”.

Si todo esto fuera verdad, ¿entonces por qué no nos lo demuestran? ¿En qué se basan para acusar a nuestros familiares de esa forma tan ruin? señalan.

Los temas de violencia en la zona centro del estado no se maneja mediáticamente. Los dueños, editores y directores de medios, tanto escritos como electrónicos, prefirieron omitirlos por seguridad de sus reporteros y trabajadores. La razón entendible para quien trabaja en ellos no es compartida, especialmente en las redes sociales, en donde los reporteros son señalados de “vendidos” por no publicar los hechos.

Ante la auto censura, los familiares optaron por utilizar las redes sociales e incluso las lonas para pedir ayuda y proporcionar informes sobre caracterí­sticas de sus familiares desaparecidos, los esfuerzos hasta ahora han sido infructuosos. Ninguno de ellos, ha vuelto o al menos se informe de su posible ubicación. Entre los desaparecidos destaca un menor de 14 años de edad.

A los seis casos se les suma la desaparición, violenta, del inspector de policí­a de Orizaba, Pedro íngel Márquez Mendoza, alias “Rambo”. La madrugada del cuatro de junio de este año, “un grupo armado entró a su domicilio, lo detuvieron y se lo llevaron en camionetas particulares” según narraron los medios impresos de la fecha correspondiente.

El funcionario policiaco, desde hace casi tres décadas, se dedicó a la función policial. Fue policí­a raso hasta inspector de policí­a y ocupó la comandancia de policí­a en distintos municipios de la zona centro del estado.

En Orizaba ocupó el puesto de inspector de policí­a desde hace diez años; era su tercer trienio consecutivo, hasta que fue desalojado de su vivienda.

Tras la desaparición del funcionario municipal y pese a la gravedad del caso y hasta el momento, el gobierno del estado, permaneció callado. Incluso hasta hoy nadie del gabinete próspero ha fijado una postura oficial sobre el tema.

En todos los casos, se presentaron denuncias ministeriales, las que permanecen abiertas, pero sin resultados efectivos.

Los familiares reclaman resultados concretos: “No más engaños. El propio gobernador no engañó. Hace un año lo enfrentamos en Veracruz. No tuvo otra opción más que encararnos. Nos prometió ayuda, nos prometió que personalmente seguirí­a nuestros casos. Nos engañó, porque hasta ahora con nadie se ha comunicado para darnos informes de los hechos. Es una pena que tengamos gobernantes así­”.

Mientras el gobierno del estado se prepara para los Juegos Centroamericanos, nuestros desaparecidos reclaman justicia. Esa es la realidad que quieren ocultarnos. Reclaman.