Pública está obligada, por ley, a garantizar la seguridad en la vida.

Con todo, incluso, y con que el titular diga que ellos solo están para cuidar las calles y los pueblos, en tanto cada familia es responsable de la inseguridad en sus domicilios particulares, lo que ha significado un resbalón más en su currí­culo.
Por ejemplo.

En la carretera de Tempoal a Pánuco, los malandros rafaguearon por vez primera en el paí­s a tres autobuses de pasajeros. Entre los muertos, una niña de 3 años de edad en los brazos de su madre.

En una congregación de Paso de Ovejas, los malosos sacaron de su casa a una familia completita y ejecutaron al padre y a la madre, y a un bebé recién nacida en sus brazos.

En un poblado de Manlio Fabio Altamirano, los malandros sacaron a una familia completita de su casa en la noche y se los llevaron con rumbo desconocido, y hasta la fecha ninguno ha aparecido, entre ellos, tres niños, menores de edad.

En el tiradero de los 32 cadáveres en el paso a desnivel de la avenida Ruiz Cortines, en Boca del Rí­o, frente a plaza comercial “Las Américas”, en la ví­spera de la cumbre nacional de procuradores de Justicia y presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, estaba el cadáver de una chica de 14 años de edad, al lado del cadáver de su madre, que trabajaba como asistente de un médico.

En las 11 fosas clandestinas del rancho “El diamante”, de Tres Valles, con 32 cadáveres, uno era de un niño, hijo de una señora apodada “La bailarina”.

Y, bueno, si la Secretarí­a de Seguridad Pública pretende lavarse las manos de que su responsabilidad para garantizar la vida solo está en las calles y los pueblos, los niños mencionados fueron ejecutados en las calles, sin que hasta el dí­a de hoy se conozca de un indiciado, un sospechoso, un detenido, un procesado, un sentenciado.

Es decir, la absoluta impunidad en tales casos, de igual manera como es la caracterí­stica en el resto de personas secuestradas y desaparecidas de norte a sur de Veracruz.

Más aún si se considera que el mismo procurador de Justicia ha aceptado que de las personas desaparecidas hay 144 menores de edad.

Y aun cuando de manera excepcional, el procu lo reconoció, a partir del momento, ni antes, se presume, ha asumido una polí­tica de seguimiento todos los dí­as, todas las semanas, para esclarecer tales hechos.

Dirí­ase, incluso, que los expedientes de los 144 menores de edad están archivados, y más si se toma en cuenta que todos los dí­as existen hechos delictivos y la autoridad ha sido rebasada.

Además, resulta inverosí­mil que ninguno de los 50 diputados locales abanderen la causa de la inseguridad ni tampoco los diputados federales ni los senadores ni menos la directora del DIF, tan ocupada como parece estar con la posible candidatura a diputada federal por el distrito de Córdoba.

Y más, porque se trata de niños ví­ctimas de la violencia que ya lleva tres años con nueve meses y nada indica que tienda a disminuir… por más incienso que tiren al paso del secretario de Seguridad Pública, como el caso del diputado José Ramón Gutiérrez, alias “El José/ratón”, quien como presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local ha dicho: “Yo estoy para defender a mi secretario Arturo Bermúdez”.