Pero más, mucho más, la decisión de que el patrón, o sea, el gobierno de Veracruz, aporte el 20%.

Así­, se anota un hit con casa llena. Pues, además, en la iniciativa de ley la propuesta incluye otros aspectos para las nuevas generaciones de burócratas y servidores públicos y pensionados.

Entre ellas, las siguientes:

1) Establecer para la pensión un salario regulador promedio del salario de toda la vida activa, con lo que, y de tajo, se evitará lo que ahora significa un desorden administrativo para el Instituto de Pensiones, y por el otro, un peso financiero, pues al cuarto para las doce ocurre que el burócrata, el funcionario más aún (el caso de los académicos en la Universidad Veracruzana) logran una recategorización y con esa jubilan y le dan en la torre a la capacidad económica de la dependencia, quizá la más generosa en la administración pública, luego del DIF, que es la solidaridad humana por excelencia.

2) El incremento a las pensiones de acuerdo al índice Nacional de Precios al Consumidor.

3) La pensión por jubilación de 30 años de servicio y al menos 65 años de edad.

4) La pensión por vejez de 65 años y 15 años de servicio.

5) La pensión por retiro anticipado tendrá como requisito 15 años de antigí¼edad y al menos 60 años de edad. Así­, el monto del a pensión por jubilación o vejez se multiplicará por un factor dependiendo de la edad.

UNA INICIATIVA TRASCENDENTE

Dos puntitos, entre otros, sobresalen:

El primero, y disculpe el lector la insistencia; pero el hecho de que la iniciativa proponga aumentarla aportación del patrón al 20 por ciento.

Por tanto, corresponderá a Duarte, en caso de ser aprobado por la LXIII Legislatura, cubrir el 20% al IPE durante los próximos dos años que faltan de su mandato constitucional.

Y aun cuando resultará gravoso dado el cuarto año de austeridad (más los que faltan), con las arcas vací­as de la Secretarí­a de Finanzas y Planeación y cero obra de Una parte clave de la iniciativa para reformar la ley del Instituto de Pensiones es que el gobernador propone aumentar la aportación del patrón, es decir, el gobierno del estado, al 20 por ciento infraestructura de norte a sur de Veracruz, y el millonario gasto en las campañas para diputados federal y la gubernatura, significa un paso sustancial para airear al IPE y garantizar de cara al futuro su seguridad.

Más, porque las pensiones han colapsado en varias entidades del paí­s y en el extranjero, con graví­simos problemas sociales como ocurrió en Francia y Grecia.

Y la segunda enojará a cientos quizá de polí­ticos que al mismo tiempo son académicos, digamos, en la Universidad Veracruzana, pues han estado acostumbrados a tener dos chambitas, y dado el tráfico de influencias ocurre que cuando les faltan unos cinco, cuatro años, se recategorizan en la UV, les dan el tiempo completo, y con un doctorado por internet alcanzan la más alta categorí­a.

Luego, a unos cuantos años se jubilan con pensiones que han llegado hasta cien mil y más de cien mil pesos.

Y, ni hablar, el IPE ha absorbido tales pretensiones que hasta el dí­a de hoy están contempladas en la ley.

Pero, bueno, se acabarán en unas semanas cuando el Congreso mire con simpatí­a la iniciativa de ley y aprueben tal parte del clausulado donde se establecen topes, de tal forma que habrá un salario regulador promedio del salario de toda la vida activa para pensionarse.

ARMANDO ADRIANO, EN EL CONGRESO

En tales circunstancias, el director del IPE, Armando Adriano Fabre, compareció el martes anterior con una parte de los diputados y el coordinador de la bancada priista, Juan Nicolás Callejas Arroyo (el más interesado por su dualidad como legislador y lí­der natural de la sección 32 del SNTE desde hace 33 años) para exponer las razones de la iniciativa, esclarecer dudas si las tuvieran, y mantener la defensa del clausulado sustancial.

Quizá como ningún secretario director del gabinete legal y ampliado del duartismo está más compenetrado con gran sentido social en los pendientes de Veracruz como Adriano Fabre.

El mismo, por ejemplo, cabildeó con los lí­deres sindicales, más de 15, integrantes del Consejo de Administración del IPE para escuchar propuestas y definir un eje rector.

También contrató especialistas en la materia, que incluso han asesorado otros institutos de pensiones en más de 20 entidades federativas para perfilar una ley modelo, superior en todo al resto de la nación, donde el trabajador y su destino ulterior, el más importante en la tercera edad luego de 30 años de servicio, esté garantizado por todos lados.

Académico en la Universidad Veracruzana, notario público, abogado litigante, el director del IPE también pasó por la Secretarí­a de Finanzas y Planeación y sabe y conoce de la posibilidad oficial para garantizar la seguridad social a los más de 115 mil derechohabientes, de los cuales unos 94 mil son trabajadores activos y unos 21 mil jubilados y pensionados.