construirá, el empresario Guillermo González Guajardo, redobla sus esfuerzos y amenazas para terminar el levantamiento topográfico e iniciar con los trabajos de construcción; por lo pronto, con amenazas, ya apagó la voz del sacerdote Julián Verónica; contuvo al “Colectivo Verde, Naturaleza para Siempre” y está a nada de convencer a los ejidatarios a que vendan sus tierras.

En su momento Javier Duarte declaró área protegida a la región en la que se pretende hacer el proyecto, pero hasta hoy no se publica el decreto correspondiente y eso permite que el empresario, hijo de Claudio X González continúe con los trabajos topográficos para, una vez terminados, se inicie el embate final: la construcción de la planta hidroeléctrica, con la vení­a de gobierno de la prosperidad.

Pero los integrantes del “Colectivo Verde, Naturaleza para Siempre” no se dan por vencidos y apelan a organismos de defensa ambiental para que la obra se cancele en definitiva. Gabriel Sainz, representante de este organismo, revela que la construcción de la planta está en manos del Tribunal Permanente de los Pueblos para que a nivel internacional se intensifique la presión y con ello se logre cancelar en definitiva el proyecto.

La lucha en este lugar, no es nueva. Desde hace tres años, cuando se iniciaron los trabajos topográficos empezó el calvario de los habitantes. A partir de entonces, cuenta Jairo Guarneros Sosa integrante de ese mismo colectivo empezaron las amenazas en contra de aquellos que en reiteradas ocasiones se negaron a vender “por la buena” sus terrenos.

La amenaza logró unir a los habitantes de una amplia zona del centro del estado y con ello atrajeron el interés de la comunidad internacional ambientalista y a través del MAPRED (Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rí­os) colocaron el problema en los foros internacionales.

Sin embargo el costo ya fue muy elevado. En agosto del 2013 un dí­a antes de iniciar la asamblea internacional de este organismo, el ambientalista Noé Vásquez fue asesinado a pedradas en la cabeza y rostro por cuatro personas, oriundas de este municipio a las que se les sigue proceso penal.

El hecho fue calificado como una medida intimidatoria, “pero no nos van a parar” habrí­an dicho en esa asamblea.

Hoy, medio año después la Procuradurí­a de Justicia, intenta justificar una eventual liberación de los detenidos pese a que en su momento se declararon culpables.

La construcción de la planta, según revelan los mismos entrevistados, afectarí­a a un radio de por lo menos ocho municipios de la zona centro, “desde Ixtaczoquitlán hasta Amatlán habrí­a daños ecológicos irreversibles”, sin embargo eso no parece importar al gobierno del estado que ahora muestra tibieza en sus declaraciones pues hace caso cuatro meses habrí­a sostenido que la zona tendrí­a la categorí­a de área natural protegida, pero hasta el momento no se ha publicado el decreto correspondiente.

La disputa incluso ya alcanzó al sacerdote Julián Verónica, identificado como uno de los motores del movimiento en contra de la planta. Hace apenas un mes recibió amenazas de muerte que incluso lo obligó a pedir el apoyo de los obispos del estado quienes a su vez exigieron al gobierno de la prosperidad garantí­as de seguridad para el sacerdote.

No son las únicas amenazas que se han registrado en esta zona. Hay un sinnúmero de terratenientes que no soportaron las amenazas y prefirieron vender sus propiedades para irse lejos de los amagues que han emprendido los empleados de González Guajardo.

En enero de este año, La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, junto con la Coordinadora de la Sociedad Civil emitieron un comunicado en donde advierten de las acciones intimidatorias en contra de los dirigentes visibles de las acciones de protesta en contra de este proyecto.

El texto revela que las amenazas tras la muerte de Noé Vázquez no cesan: “Ahora el acoso se dirige a diferentes compañeros del Colectivo Defensa Verde y a los propietarios de terrenos, que se niegan a venderlos a la empresa Agroetanol de Veracruz S.A. de C.V”.

Incluso señalan que en mayo del año pasado, el Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre sostuvo una reunión con funcionarios de primer nivel de Gobierno de Veracruz y en esa ocasión se hicieron del conocimiento del gobernador Javier Duarte de Ochoa las amenazas que habí­an vivido los opositores al proyecto por parte de miembros de la empresa, junto con algunas autoridades municipales.

“Tenemos preocupantes indicios de que se ciernen graves amenazas sobre los miembros de dicho Colectivo. Funcionarios del Gobierno de Veracruz, en una reunión a la que convocaron a la viuda de Noé Vázquez, le dieron a conocer las causas de la muerte de su marido y le mostraron una lista de personas que estaban en peligro de tener el mismo destino que Noé; en esa lista se encontraban los nombres del Padre Julián Verónica Fernández y de Gabriela Sainz, entre otros”.

“En torno al proyecto hidroeléctrico se mueven muchos intereses, que llevan a determinados actores de la zona a implicarse en actividades de presión psicológica violenta contra grupos o personas; una de las ví­ctimas ha sido el presbí­tero Julián Verónica Fernández, coordinador de la Provincia de Xalapa y de la Diócesis de Córdoba de la Pastoral Social y Pastoral de Migrantes, cuyo domicilio ha estado bajo vigilancia de personas que viajan en camionetas blancas; además, él recibe permanentemente llamadas de grupos empresariales y de instancias de gobierno pretendiendo convencerlo de las supuestas bondades del proyecto y ofreciéndole, a cambio de su anuencia, recursos en abundancia para su parroquia” se revela.

Incluso acusan que el mismo gobierno del estado cabildea con los propietarios de los terrenos para lograr la venta de los terrenos, según da a conocer el texto:

“El pasado 19 de diciembre, funcionarios de la empresa y de la Procuradurí­a Agraria, así­ como un representante del Gobierno de Veracruz, convocaron a una asamblea en la comunidad de la Patrona con el objetivo de que los ejidatarios vendieran sus tierras. Dí­as antes de convocar a esta asamblea funcionarios de la Procuradurí­a Agraria y empleados de la empresa hicieron insistentes visitas a los ejidatarios intentando convencerlos de vender sus tierras o de otorgar permisos de paso. Vemos que estas acciones forman parte de una estrategia de acoso e intimidación por parte de la empresa promotora del proyecto, funcionarios de la Procuradurí­a Agraria y algunos funcionarios municipales que se han mostrado abiertamente a favor de la empresa, como es el caso del entrante sí­ndico municipal de Amatlán de los Reyes”.

Pero todos estos enlaces, pudiera tener consecuencias, según se da a conocer: “De no detener estas acciones, podrí­a agudizarse el clima de violencia e inseguridad que se vive en la zona, así­ como las violaciones a los derechos humanos de los activistas socioambientales y diversos habitantes de Veracruz”.