•Casos estelares del IPE, la SIOP y los Ayuntamientos de Alvarado y Minatitlán

•Si hay desaseo con recursos federales, peor estará SEFIPLAN

Se vive y padece en Veracruz el reino de la indolencia. Incluso, el reality show de cacarear un asunto espinoso en el boletí­n. Pero, al mismo tiempo, en el entendido de que se trata de aplicar el principio francés de dejar hacer y dejar pasar.

Por ejemplo:

El director del Instituto de Pensiones, Armando Adriano Fabre, notificó a la LXIII Legislatura que 137 presidentes municipales adeudan un aproximado de 120 millones de pesos por concepto de la cuota patronal.

Tal cual, solicitaba al lí­der de la bancada priista, el cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, 32 años en el trono sindical de la sección 32 del SNTE, el acuerdo legislativo para que la Secretarí­a de Finanzas y Planeación retenga la parte correspondiente de las participaciones federales a los alcaldes.

De entonces al momento han transcurrido un par de semanas y la respuesta está en el limbo, cuando de acuerdo con la normatividad legislativa puede aprobarse fast track.

Por ejemplo:

El alcalde de Alvarado, Gustavo Ruiz, interpuso una denuncia penal en la Fiscalí­a en contra de su antecesora, Sara Luz Herrera Cano, por daño patrimonial de 38 millones de pesos en el Ayuntamiento, y a la fecha, la respuesta de Luis íngel Bravo Contreras es el silencio.

La indiferencia. El menosprecio y el desprecio. El me vale.

Por ejemplo:

El Cabildo en pleno de Minatitlán interpuso una denuncia penal en contra de la expresidenta municipal, Guadalupe Porras, dirigente de la CNOP, por daño patrimonial por cien millones de pesos que desviara de un préstamo de BANOBRAS para la construcción de un puente.

Y a la fecha, un par de meses después, nada, como si los ediles hubieran tocado la puerta al cielo.

Por ejemplo:

Gerardo Buganza Salmerón, entonces secretario de Infraestructura y Obra Pública, se emberrinchó por la corrupción en el caso del Túnel Sumergido en Coatzacoalcos, además de otras obras inconclusas, bajo sospecha en la calidad de los materiales de construcción.

Entonces, ordenó a su director jurí­dico, el exprocurador de Justicia, Emeterio López Márquez, interponer una denuncia en la Fiscalí­a en contra de unas 25 compañí­as constructoras.

Pero, además, el exvocero, Alberto Silva Ramos, filtró la información de que Marcos Theurel Cotero, exsecretario de Comunicaciones en el fidelato, estaba con los dos pies en la antesala de la cárcel.

Incluso, el miércoles 14 de enero, 2015, número extraordinario 20, la Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz publicó el acuerdo delegatorio de facultades del gobernador Javier Duarte a Buganza, de regreso en la Secretarí­a General de Gobierno, para dar seguimiento puntual a la construcción final del Túnel Sumergido.

“Asimismo, para que se sirva instrumentar todas las acciones administrativas y judiciales; iniciar y seguir procedimientos de carácter contencioso: promover todo tipo de procedimientos judiciales de control constitucional, y aquellos que resulten pertinentes y convenientes del interés público del Estado, a fin de que el proyecto denominado Túnel Sumergido… se regularice, concluya y entre en operación a la mayor brevedad”.

Y a la fecha, ni uno ni lo otro.

Todaví­a peor que también dejó trascender que algunos de sus antecesores en la SIOP, antes SECOM (Raúl Zarrabal Ferat, Francisco Valencia y Guillermo Herrera) serí­an llamados a cuenta.

Por el contrario, además de diputado local, Zarrabal junior es ahora secretario General del CDE del PRI.

Francisco Valencia sigue en la CAEV, Comisión del Agua del Estado de Veracruz, y Guillermo Herrera despacha como el ideólogo turí­stico del duartismo, al lado del magnate Harry Grappa.

DESASEO CON RECURSOS FEDERALES, PEOR EN SEFIPLAN

Tal cual, atrapados en la indolencia, dejar que los pendientes se olviden y/o se arreglen solos y/o sean archivados, con los casos anteriores se está corriendo el riesgo de la misma polí­tica de rendición de cuentas cuando la denuncia del peculado de mil millones de pesos cometidos por más de cien exediles durante los años 2004 a 2008, pleno fidelato, y en donde el reality-show terminó con la detención de unos 15 exalcaldes y exregidores charalitos, porque el resto tuvieron espacio y tiempo para huir, pues alguien les pasó el tip.

Pero también cuando el pan/tan/tan de la denuncia penal contra unas 50 constructoras que habí­an estafado el erario con mil millones de pesos que les habí­an entregado sin invertir un centavo en la obra pública correspondiente y que, incluso, fuera contratado un espacio en el noticiero estelar de Televisa para su transmisión nacional.

En contraparte están las irregularidades que la Auditorí­a Superior de la Federación, ASF, ha detectado en el gobierno de Veracruz en cantidades millonarias y que ha llevado al senador Héctor Yunes Landa a precisar hechos y circunstancias de la siguiente manera:

Uno. Esperar “el tiempo legal para que las observaciones sean aclaradas o solventadas”.

Dos. La Secretarí­a de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, está obligada a rendir cuentas del destino de tales recursos federales.

Tres. A primera vista, y desde ahora, existen “funcionarios susceptibles de una denuncia penal por el manejo inadecuado de los recursos públicos”.

Y, bueno, si tal cual ha ocurrido con los fondos federales enviados por el gobierno de la república al duartismo, ya podrá el lector visualizar el lodazal que los llamados “Niños infieles” han dado a los cien mil millones de pesos de presupuesto anual desde hace cuatro años en el gobierno de Veracruz.