•Proveedores no hicieron obras porque no se entregaron anticipos pese a que el dinero sí­ fue entregado por la Federación

Las fichas técnicas de las auditorí­as practicadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Veracruz representan un catálogo de las peores prácticas en el manejo de los recursos financieros y no por nada le fincaron a la administración de Javier Duarte de Ochoa 183 observaciones.

Del universo de recursos auditados por la AFS (poco más de 41 mil millones de pesos) hay 17 fondos manejados por el gobierno de Veracruz donde existe la clara sospecha que le metieron la mano al cajón y los duartistas no han logrado solventar.

Hasta el momento la ASF ha aplicado 70 pliegos de observaciones y 37 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias; incluso, se señaló a la Secretarí­a de Educación de Veracruz (SEV) de malversar el pago de impuestos generados por los depósitos millonarios.

Es la SEV y el sector salud de los más evidenciados por el mal manejo del dinero de la Federación en Veracruz. En Salud, por ejemplo, hay hospitales que ya están pagados desde hace dos años por el gobierno federal y no se explica por qué no los han empezado a construir o a equipar en algunos casos.

Hospitales y unidades médicas que tení­an que haberse iniciado o equipado en los tiempos del ginista Juan Antonio Nemi Dib y que ahora se sabe sólo existen en la imaginación del exsecretario de Salud.

En municipios como Papantla, Soledad Atzompa, ílamo, los ciudadanos están a la espera de sus centros médicos; pero la Secretarí­a de Finanzas del gobierno de Veracruz no suelta el dinero.

En el peor de los casos ese recurso está generando intereses importantes que tení­an que haber sido devueltos a la Tesorerí­a de la Federación y esto no ha pasado.

Se detectaron cuentas que no corresponden a las programadas para el ejercicio de los recursos y en las que se manejó de manera discrecional el dinero público.

En educación, al exsecretario Adolfo Mota no lo dejan de perseguir los fantasmas de los aviadores, así­ como de Édgar Espinoso y Gabriel Deantes, quien está presto a irse a la campaña con el riesgo de que la porqueriza le salpique.

Los dos personajes más turbios del duartismo dejaron sus huellas bien marcadas, tanto que la ASF encontró sus "tiraderos" y no dudó en señalarlos para que el duartismo aclare el destino de unos 20 mil millones de pesos que eran para mejorar la educación y que posiblemente tuvieron otro destino.

LA PORQUERIZA DE MOTA

La ASF reclama al gobierno de Veracruz le aclare en qué se gastó alrededor de 20 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal ejercidos en 2013.

Una suma millonaria que explica por qué fue la salida tan penosa de Édgar Espinoso Carrera de la Oficialí­a Mayor de la Secretarí­a de Educación Pública, quien arrastró a Gabriel Deantes.

Los dos estuvieron un tiempo en el infierno duartista, y están de regreso: Espinoso, notario público en la antesala para el regreso a la administración pública y Deantes como secretario del Trabajo.

Ni uno de los dos rindió cuentas.

Tampoco han explicado por qué se fueron por la puerta de atrás.

El gobierno veracruzano no ha dicho los motivos de su salida y luego los acercaron de nuevo a Javier Duarte de Ochoa.
Lo cierto es que las sospechas de que ambos personajes ligados al PRI obtuvieron prebendas del dinero público destinado para la educación de cientos de niños veracruzanos están aún más fundamentadas por los señalamientos de la ASF, que en el dictamen final de la auditoria 13-A-30000-14-0619 aplasta las aspiraciones de Adolfo Mota para irse a hacer campaña como la reencarnación de Justo Sierra.

De los recursos revisados el gobierno de Veracruz tiene insolvencias que "ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2 mil millones de pesos, que representa el 10% de la muestra auditada; además, se tiene un monto pendiente por aclarar de 2 mil 295 millones de pesos, esto es referente a "la falta del entero de terceros institucionales y rendimientos financieros no ejercidos".

Por esto, la ASF determinó 14 observaciones, de las cuales la SEV ya solventó diez, y las cuatro restantes derivaron en dos recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, es decir, se presume que hicieron transa hasta con el pago de impuestos. Y allí­ mismo le endosaron dos aclaraciones.

Y por si faltara poco, hay pagos por 130 millones de pesos, aproximadamente, "correspondientes a conceptos pagados en nómina no reconocidos por la Secretarí­a de Educación Pública".

También se detectó que se comisionó a trabajadores a quienes les realizaron indebidamente pagos por el orden de los 91 millones de pesos.

Es decir, el asunto de los aviadores puesto al descubierto desde el mismo gobierno federal.

Un ramalazo de la misma magnitud al escándalo de las “casas blancas” del presidente Enrique Peña Nieto; un asunto igual de delicado que las propiedades de los exgobernadores en los Estados Unidos.

En esa auditorí­a, la ASF documenta los efectos de la corrupción, pues en Veracruz los avances en educación son magros, "especí­ficamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria (en la prueba ENLACE 2013, el 64.1% de los alumnos obtuvieron una calificación insuficiente y elemental en la asignatura de español, y el 56.8% en matemáticas").

"Mientras que en secundaria estos valores fueron de 79.8% y 75.0%, respectivamente; no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria es reducida (85.5%) y la reprobación en el mismo nivel alcanza el 12.0%".

El FONREGION, UN COCHINERO

El Fondo Regional (FONREGION) -creado para apoyar a los diez estados con más bajo í­ndice de desarrollo humano de México- es uno de los que más irregularidades sin solventar concentra en el informe de la ASF; la dependencia tomó una muestra de 449 millones y sumado los intereses, recursos que eran de otros ejercicios, dan un posible daño patrimonial cercano a los 847 millones de pesos.

Pese a que ya se cuenta con el dinero, no se ha ejercido el recurso para la "construcción y equipamiento" de la "Universidad Regional Pedagógica Nacional de Orizaba, son alrededor de 29 millones de pesos; en Mecayapan se tení­a programado la "construcción de un alcantarillado sanitario y "no se licitó ni adjudicó ni contrató".

Se mandó dinero para protección catódica de la lí­nea de conducción del acueducto Yuribia, en Tatahuicapan y lo ejercido es mí­nimo.

Se mandaron recursos para "construcción y equipamiento de un centro de salud con servicios ampliados en Soledad Atzompa" en su segunda etapa, que tení­a que haberse iniciado el primero de noviembre de 2014 y terminado el 29 de agosto de 2014; no se ha ejercido ni un peso.

Para este centro médico también se destinó dinero para "adquisición de equipo y mobiliario médico y administrativo, mobiliario de fabricación especial", "adquisición de equipo médico e instrumental médico" y en ninguno de los casos se ha ejercido el gasto.

En esa zona serrana en donde las personas pueden morir por calentura y, en el peor de los casos, en donde persisten clí­nicas que ni doctores ni paracetamol tienen tener dinero para un hospital desde hace más de un año, y no aplicarlo es un crimen.

Cabe recordar que de Soledad Atzompa es el alcalde Bonifacio Aguilar Linda, del PRD, quien tuvo la dignidad de exigir al gobernador Javier Duarte de Ochoa que se pusiera a trabajar en materia de seguridad, pues a él su pueblo se lo estaba exigiendo. En este sentido, puede ser tomado como un desquite del gobierno de Duarte contra el pueblo de la sierra de Zongolica y el alcalde por respondones.

En las mismas están los proyectos para la construcción y equipamiento de otros seis hospitales y unidades médicas en los municipios de Papantla, ílamo Temapache, Zontecomatlán y Misantla.

En Isla y Tlacotalpan hay planes desde hace más de un año, y sobre todo dinero, para plantas de tratamiento de aguas negras. Las dos son ciudades que por norma, ante el incremento de población, deben contar con este tipo de infraestructura para no contaminar el agua.

Para la de Isla se destinaron desde el gobierno federal 26 millones de pesos; pero hasta el momento sólo se han ejercido 3 millones.

Lo mismo ocurre con la planta de tratamiento de aguas residuales de Tlacotalpan, se contrataron 15 millones de pesos ya bajados de la Federación y se han ejercido cero pesos.

DOCTORADO CHAFA

En los resultados de la auditorí­a a ese fondo (13-A-30000-04-1194) "no se acreditó la generación de rendimientos financieros correspondientes a los recursos ministrados al Gobierno del Estado de Veracruz por 452 (millones de pesos)".

Por si fuera poco, y para afectar los planes del presidente Enrique Peña Nieto, "no se cumplieron tres metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo".

Además, se reiteraron recursos de cuentas bancarias exclusivas del FONREGION sin "acreditar documental, contable financiera, administrativa ni presupuestalmente el destino, aplicación y erogación de dicho importe (452 millones de pesos), más su rendimiento (intereses).

La ASF determinó que "los recursos otorgados no se administraron con eficiencia, eficacia, economí­a, y transparencia para satisfacer los objetivos a los que estaban destinados".

Los auditores señalan a la administración de Javier Duarte de haber informado avances financieros y fí­sicos de obras que en realidad no eran las acordadas en los presupuestos. Es decir, "se reportaron a la Secretarí­a de Hacienda y Crédito Público avances fí­sicos y financieros que no corresponden con los comprobados durante la revisión; en la ejecución de los contratos de las obras públicas y de servicios revisados se detectó que no se concluyeron por la falta de pago de los anticipos pactados en los contratos y de los trabajos ejecutados".

"Además no se contaron con los permisos necesarios para la construcción de las obras", y peor aún, se intentaron acreditar alrededor de 200 millones de pesos del FONREGION 2012 "como pagados sin presentar cuentas por liquidar, facturas o comprobantes que acrediten el destino final y la obligación de efectuar el pago".

También hay 171 millones de pesos que no se habí­an ejercido y no fueron regresados a la Tesorerí­a de la Federación, más otros 19 millones de pesos que ya estaban comprometidos.

Se transfirieron dos millones 900 mil pesos "sin contar con cuentas por liquidar, facturas o comprobantes que acrediten el destino final y la obligación de efectuar", eso entre otros rosarios de señalamientos del gran auditor que concluyó que el gobierno de Duarte, sólo por este rubro, merecí­a "diez observaciones de las cuales se generaron once recomendaciones, tres solicitudes de aclaración, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, un pliego de observaciones y una multa".