"Julia" se enteró de una fosa con más de 30 muertos sin identificar en Tres Valles. La policí­a tardó tres dí­as en exhumar los restos humanos. Unos los jalaron con reatas y pitas; otros, de plano, los extrajeron en pedacitos.

La mujer no dudó en abordar, durante la madrugada, un camión TRV desde Alvarado a Cosamaloapan. Viaje de tres horas acompañada siempre por el rí­o Papaloapan. A las siete de la mañana Julia se encontraba plantada afuera de la morgue pidiendo informes sobre su nieta, Wendy Cruz, una chica que meses atrás habí­a salido a pasear con unas amigas y ya no regresó.

En el SEMEFO la mujer no obtuvo respuesta. Ni ella ni las otras personas que arribaron y prácticamente montaron campamento durante los dí­as de la exhumación para no perder detalles. No contaban con que el gobierno de Veracruz tení­a planeado esconder ese evento, pero al Procurador, Luis íngel Bravo Contreras, se le vino el teatro abajo cuando uno de sus subordinados -en otros años su maestro de Derecho- Arturo Herrera Campillo, subprocurador de Veracruz-puerto, confirmó la noticia a varios medios de comunicación y, además, avisaba a las personas con familiares desaparecidos en esos rumbos ir a Cosamaloapan a preguntar o marchar a Xalapa, pues allá habí­an sido trasladados.

La real intención del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en esos dí­as era esconder una de las peores masacres que las que se tenga memoria en el estado de Veracruz, donde organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado graves vejaciones que el gobierno de Duarte no quiere reconocer produciéndose en medio de una disputa entre Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, sin dejar de contar las desapariciones forzadas.

Esas familias que llegaron a Cosamaloapan no creí­an la versión preliminar de las autoridades de que no habí­a pasado nada, como ahora también se pone en duda el caso de Moisés Sánchez Cerezo, el periodista número once asesinado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

"No es mi padre, el cuerpo no corresponde", dijo el hijo de Moisés Sánchez, Jorge Sánchez, al ser informado sobre las investigaciones, y ahora demanda la intervención de la PGR ante la sospecha de que la Fiscalí­a solo está simulando.

Y es que si al gobierno de Duarte no le creen, Luis íngel Bravo Martí­nez ha colaborado mucho a esa situación.

Así­, por ejemplo, actuaron con el caso de Karime Cruz Reyes (5 años), secuestrada y asesinada en Coatzacoalcos en agosto de 2014. Uno de los casos más dolorosos, pues por un lado, los medios de comunicación ya habí­an informado sobre la casa y la calle en donde se alzaba la vivienda en la que se encontraba sin vida, sepultada clandestinamente; y por el otro, la Procuradurí­a capoteaba los cuestionamientos de los padres y de los mismos periodistas ante la presencia de toda la bancada de senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRI para su sesión plenaria, la cual se realizaba en esas mismas fechas en territorio veracruzano.

Una semana antes del 5 de septiembre -fecha en la que la Procuradurí­a reconoció la noticia- el Ejecutivo emitió un comunicado en donde "puntualizó que Procuradurí­a General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJ), no confirma la veracidad de esta información" y alimentaba la esperanza de los padres.

"Sólo quiero saber la verdad, por favor, dí­gamelo" pedí­a Nora Reyes Baruch, madre de la nena. Al gobierno veracruzano le importó poco ese dolor y prefirieron guardar las apariencias ante los senadores invitados.

Cuando se dio la noticia, el 5 de septiembre, también se vinculó a la tí­a de la menor, Mónica Reyes Baruch, en amorí­os con uno de los secuestradores, situación rechazada por las hijas de la ví­ctima; incluso, se presentó a un sospechoso, José Armando Salinas Linares, quien compareció ante las autoridades con una gran cicatriz en el cuello. Su defensa alegó que fue sometido a tortura para incriminarse y está amparado alegando violaciones a sus derechos humanos.

MUEREN POR TODO MENOS POR TRABAJO

Meses antes el gobierno del estado hizo lo mismo con el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, el periodista número diez asesinado en el duartismo. Una semana antes del informe oficial sobre su muerte diarios locales habí­an deslizado la versión de que yací­a en una fosa clandestina en Las Choapas y, al mismo tiempo, desde el Ejecutivo se alimentaba la esperanza de encontrarlo con vida.

"Encontraremos bien a nuestro amigo "El Pantera", decí­a socarrón Érik Lagos, en ese entonces secretario de Gobierno, durante una reunión con periodista. Lagos no sólo no encontró vivo a Goyo, sino que dejó tirado los demás pendientes en materia de seguridad para ir en busca de una curul en las próximas elecciones.

A Goyo lo mataron por "diferencias personales" con la autora intelectual del delito, Teresa de Jesús Hernández Cruz "La Teresa". Amadeo Flores, el procurador en se entonces, no quiso reconocer el trabajo de Goyo como periodista como una posible amenaza a su vida; Luis Alberto Bravo Contreras tampoco, y su fiscalí­a se encuentra luchando para que un tribunal federal no libere a los detenidos que están amparados (215/014, 224/014 y 262/014 del Juzgado Noveno de Distrito) alegando tortura para incriminarse.

En esa dinámica, a Regina Martí­nez, encontrada sin vida el 28 de abril de 2012, le dieron muerte por "sus malas amistades", ya que el gobierno acusó a dos personas que presuntamente eran sus amigos de parranda, Jorge Antonio Hernández Silva, alias “El Silva”, y José Adrián Hernández Domí­nguez, alias “El Jarocho”. El Silva es el único en manos de la justicia, aunque ya habí­a conseguido su libertad en una ocasión.

A Noel López Olguí­n (Jáltipan, marzo de 2011) le dieron muerte, según la dinámica de las autoridades veracruzanas, por "pedir operativos contra la delincuencia".

La muerte de Yolanda Ordaz, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Hernández y Victor Báez Chino se centran en el campo de las malas amistades y "ví­nculos con la delincuencia organizada".

Y en el caso Miguel íngel López Velasco y a su familia, entre ellos su hijo, el fotoperiodista Misael López, el panorama es peor, pues ni siquiera hay detenidos al respecto. Se acusó a Juan Carlos Carranza Saavedra como el responsable del ataque.
Carranza perdió la vida meses después durante un enfrentamiento en Jalisco. A la fecha, las autoridades veracruzanas no han dicho más sobre el caso.

En este caso, como en los antes mencionados, si se trata de un periodista, las lí­neas de investigación rayan en lo disparatado, como la de Regina Martí­nez, quien presuntamente fue asesinada porque llevaba una doble vida sumida en las fiestas y el alcohol y nunca el gobierno ha reconocido entre sus hipótesis el trabajo de las ví­ctimas.

Lo que se tiene, si se analiza, según estimaciones de la ONG Artí­culo 19, es un montón de casos de periodistas masacrados con detenidos cuyas imputaciones son endebles y casos peores en donde ni siquiera señalados hay, lo que ha creado un ambiente de impunidad suficiente para alentar a cualquiera a dar muerte a un comunicador.

MOISÉS SíNCHEZ, LAS INTERROGANTES

El caso de Moisés Sánchez deja ver esos vicios que se han vuelto el sello de la fiscalí­a Veracruzana. Igual que a Goyo Jiménez de la Cruz le dieron muerte a unas cuantas horas del secuestro. En ambos casos tuvo que pasar más de una semana, mucha presión mediática, condenas de organizaciones en todo el mundo; en ambos casos, la ONU se mostró indignada para que la fiscalí­a presentara resultados. En ambos no fueron los esperados, ni los anunciados. El diez y el periodista número once, muertos en el actual sexenio.

A Moisés Sánchez, confirmó la fiscalí­a, murió horas después de haber sido llevado por los secuestradores. Uno de ellos le cortó el cuello, además lo hicieron pedazos y lo arrojaron en una bolsa negra, en una fosa clandestina; a Gregorio Jiménez de la Cruz, también lo masacraron a horas de haber sido llevado y lo decapitaron.

Al nacido en Medellí­n lo mataron unos delincuentes de poca monta, según la averiguación de la fiscalí­a, por "encargo" del alcalde panista Omar Cruz, ya que "habí­a alborotado el panal" y le resultaba incómodo por su activismo en las calles; a Gregorio Jiménez de la Cruz le dieron muerte por asuntos personales.

El gobierno de Veracruz fue anfitrión de Enrique Peña Nieto el siete de enero en el marco de la celebración de la promulgación de la Ley Agraria, en Boca del Rí­o -a unos cuantos kilómetros de Medellí­n de Bravo- y esa misma noche, ya con el Presidente en Los Pinos, surgió la versión de un cuerpo cerca de la localidad de Piedra del Indio, entre Paso del Macho y Soledad de Doblado.

Cerca de las 10:00 PM de ese dí­a reporteros del puerto jarocho se desplegaron en la región para buscar informes, la foto, el testimonio. Lo que encontraron fue a un montón de pueblerinos espantados, pues horas antes miembros del ejército, de la Marina y autoridades ministeriales -muchos vestidos como doctor- llegaron a recoger restos humanos. Le ganaron a los periodistas.

El evento registrado en el pueblo Piedra del Indio fue desmentido horas después por el fiscal Luis ígel Bravo. "No es moy y no hagan chismes, estoy a unas horas de resolverlo" sentenció.

Pero desde el mismo seno del gobierno comenzó a circular la versión de que ese cadáver correspondí­a a Moisés Sánchez, y las autoridades habí­an llegado a él por datos aportados por los primeros oficiales arraigados dentro de las averiguaciones.

La orden del alcalde era darle un susto y se les habí­a pasado la mano. El alcalde daba las órdenes a los subordinados por medio de la clave "Azul 1". La versión también abundó que el cadáver presentaba un estado lamentable, hecho pedazos y quemado en varias partes. Lo que coincide con la descripción hecha por Luis íngel Bravo de los restos de Moisés -que la familia no acepta- fue algo "dantesco", "por respeto no puedo decir más" respondió a la periodista Carmen Aristegui en una entrevista para defender los métodos empleados por su personal para obtener confirmaciones de identidad.

Otra interrogante dentro del caso Moisés Sánchez, y que habla del poco respeto a las ví­ctimas del delito en Veracruz, toma relieve la tarde del 25 de enero en la rueda de prensa donde Luis íngel Bravo Contreras no quiso responder si detrás de los hechos se encontraba algún cártel de la Droga. Ni Los Zetas ni el Cártel de Jalisco, con presencia en la zona conurbada, se mencionaron dentro de las averiguaciones aun cuando el fondo de la muerte se derivó de un intercambio de favores entre el poder y los delincuentes: estos quitarí­an del camino a Moisés Sánchez a cambio de vender sustancia prohibidas, "sobre todo a jóvenes", confesó Clemente Noé Rodrí­guez Martí­nez.

En septiembre de 2011 la matanza de Plaza Las Américas se la atribuyó, en comunicados en internet, el CJNG, "para limpiar a Veracruz con los pinches Zetas" y en respuesta por el agravio en Veracruz, ese mismo mes, los Zeta dieron muerte a otras 30 personas en Jalisco.

Finalmente, en su última declaración, el exelemento de la Intermunicipal Veracruz Boca del Rí­o afirmó en todo momento que "yo no sabí­a que el señor Moisés era periodista", incluso, ya hasta se disculpó con el gremio y la familia.

Entre los primeros datos aportados por la familia el dí­a de la sustracción de Moisés Sánchez está que los pistoleros también revolotearon el sitio en busca de sus herramientas de trabajo y que aún no han sido localizadas.